Marco Antonio Concha González
Expediente 1460/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1460/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2017
Partes del expediente
- Marco Antonio Concha González
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, la certificación secretarial que antecede y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto Recurso de Queja contra el auto de dos de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Marco Antonio Concha González, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda y aclaratorio de cuenta se advierte que Marco Antonio Concha González, señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS, RECLAMO EL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE ME FUERA NOTIFICADO CON FECHA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: ´NO HA LUGAR A TENER POR ADMITIDO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN QUE PROPONE. LISTA A LAS PARTES.´ DE TODAS LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLE, RECLAMO TODOS LOS ACTOS QUE SEAN CONSECUENCIA LÓGICA, NATURAL Y LEGAL DE LOS ACTOS ESPECÍFICAMENTE RECLAMADOS Y QUE SE TRADUCEN QUE EN CONSECUENCIA DE SUS OMISIONES NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE EN EL JUICIO REIVINDICATORIO INSTAURADO, ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." (.) "EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL CUAL DESECHA MI RECURSO DE RECLAMACIÓN YA QYE ESTE FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LEGAL Y LA AUTORIDAD DE LA QUEJA LA RECLAMO LO ES EL CIUDADANO JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA." Esto es, señala como acto reclamado el proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se acordó no ha lugar a tenerle por admitido el recurso de reclamación interpuesto en contra de los proveídos de veintisiete de marzo y dieciséis de junio, ambos de dos mil catorce, dictados dentro del expediente 158/2014/AC, en los que se acordaron diversas cuestiones adjetivas dentro del juicio de origen como lo es la admisión, preparación desahogo de pruebas. Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el promovente reclama el proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se acordó no ha lugar a tenerle por admitido el recurso de reclamación interpuesto en contra de los proveídos de veintisiete de marzo y dieciséis de junio, ambos de dos mil catorce, dictados dentro del expediente 158/2014/AC, en los que se acordaron diversas cuestiones adjetivas dentro del juicio de origen como lo es la admisión, preparación desahogo de pruebas. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio ordinario civil por recisión de contrato de compraventa por incumplimiento 158/20147/4C; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, el proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se acordó no ha lugar a tenerle por admitido el recurso de reclamación interpuesto en contra de los proveídos de veintisiete de marzo y dieciséis de junio, ambos de dos mil catorce, dictados dentro del expediente 158/2014/AC, en los que se acordaron diversas cuestiones adjetivas dentro del juicio de origen como lo es la admisión, preparación desahogo de pruebas, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama el proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se acordó no ha lugar a tenerle por admitido el recurso de reclamación interpuesto en contra de los proveídos de veintisiete de marzo y dieciséis de junio, ambos de dos mil catorce, dictados dentro del expediente 158/2014/AC, en los que se acordaron diversas cuestiones adjetivas dentro del juicio de origen como lo es la admisión, preparación desahogo de pruebas, mismo que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de garantías es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Concha González, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial De Puebla y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1460/2017-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 PREVENCIÓN A efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones IV y V, 110 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: I. Precise el acto o actos que reclama en la presente instancia constitucional a cada una de las autoridades que señala como responsables, esto es manifieste qué acto en concreto reclama al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y cuál acto reclama a la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. II. Precise si sólo reclama el auto de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, en el que se desecha el recurso de reclamación que reclama o también la omisión de dictar sentencia en el juicio natural. Lo anterior obedece a que en una porción de la demanda de amparo señala con el carácter de autoridad responsable a la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y en el capítulo respectivo únicamente refiere que señala como responsable Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla; asimismo, no precisa quién emitió el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, ni el expediente en el que fue dictado, además que en sus conceptos de violación hace referencia a que las autoridades responsables no se han ajustado a los plazos y términos que fijan las leyes, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Ello, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV, (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la nueva Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Luego, ante la oscuridad de la demanda en cuanto al señalamiento de los actos reclamados, lo que procede es realizar la presente prevención a fin de que el promovente aclare cuál es el acto o actos que reclama en esta instancia constitucional. De igual manera, deberá: III. Bajo protesta de decir verdad, a manera de antecedentes, narrar el contenido de auto contra el cual promovió el recurso de reclamación que aduce le desecharon, o en su caso, anexe copia certificada de esa determinación; IV. Señalar el estado procesal que guarda el juicio natural. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la promovente haya realizado diversas manifestaciones a manera de antecedentes; pues las mismas resultan insuficientes para proveer lo relativo a la admisión de la demanda (si en el caso procede). Ello es así, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, cuando en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente el ocursante, deberá ser en original con cuatro copias del mismo para correr traslado de la siguiente manera: dos para las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y una para emplazar a la parte tercero interesada. Se apercibe a la parte inconforme que de no dar cumplimiento a la presente prevención en los términos indicados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Rosario Rosas Bravo, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.
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