Marco Antonio Cisneros Vazquez
Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Cisneros Vazquez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada en fecha nueve de septiembre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso en cita, contra actos de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-972/2022-C. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado ".IV. ACTO RECLAMADO: DE LA ORDENADORA: El auto de fecha 18 dieciocho de agosto de 2022 dos mil veintidós, dictada dentro de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el cual de manera sintetizada se le dice a esta parte quejosa que "no ha lugar a reconocer la personalidad del ... toda vez que la carta poder simple que exhibe se advierte persona distinta a la credencial del INE que anexa"., así como la parte del mismo auto en su acuerdo número III, en la que textualmente indica "siendo las 11:22 horas del día de hoy no comparece el demandado físico ******************** no obstante de encontrarse debidamente emplazado, tal y como se advierte de autos." Respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por otra parte, el artículo 107 fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama la audiencia de dieciocho de agosto del presente año, dictado dentro del expediente laboral ******************** por la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el cual no reconoció la personalidad al ahora quejoso y se le tuvo por no compareciendo a la misma a pesar de estar debidamente notificado para tal efecto; actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y no se advierte que sea definitivo para los efectos del amparo indirecto, en virtud de que, sería hasta que se dictara el laudo respectivo, cuando podría darse el perjuicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en la página 538, del Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". De lo expuesto se obtiene que en el particular, que el proveído donde no se reconoció la personalidad al ahora quejoso dentro del juicio laboral de origen y se le tuvo por no compareciendo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones a pesar de estar debidamente notificado para tal efecto; no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, sino que afecta derechos procesales y los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y podrán desaparecer si el afectado obtiene un laudo favorable en el juicio de origen. De ahí el hecho de que el juez responsable, haya determinado todo lo anterior, constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso; empero, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en el laudo correspondiente, si es que se emite favorablemente a los intereses del ahora quejoso, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar dicho laudo, mediante el juicio de amparo directo, conforme a las reglas previstas en el artículo 174 de la Ley de la Materia. De lo expuesto se deriva un elemento toral para considerar que en el particular la audiencia celebrada por la Junta en cuestión el dieciocho de agosto del año que transcurre, no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales por las razones apuntadas. En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene al promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y autoriza para tal efecto a las personas que indica, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, no tienen registradas sus cédulas en el mismo. Notifíquese personalmente.
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