Marco Antonio Chávez Ibarra
Expediente 1218/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 29 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 18/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Marco Antonio Chávez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Marco Antonio Chávez Ibarra; en atención a su contenido se provee: Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que refiere, teniendo por autorizado para recibirlas a la persona que indica, previa razón de recibido que se asiente en este expediente. En cuanto a su diversa solicitud, en el sentido de que le sea devuelto el cuaderno de copias que precisa, dígasele que en el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho se ordenó la devolución de dicho anexo; asimismo, se le tiene por autorizando para recogerlo a la persona que indica, previa razón de recibido que se deje en este asunto. Una vez hecho lo anterior, como de constancias se advierte que no existen promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar; en tal virtud, vuelva este expediente al archivo definitivo de donde fue extraído.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha las partes han omitido hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, este juzgado determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para los siguientes efectos: "[.] de que el Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad: a) Deje insubsistentes todas y cada una de las diligencias, actuaciones o resoluciones en que se afectó el inmueble ubicado en Sierra de Apiaca 165, fraccionamiento Lomas Cuarta Sección, en esta ciudad; b) Lo anterior, incluye desde luego la interlocutoria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, en que se adjudicó tal bien a favor del tercero interesado Miguel Velázquez González, así como la escritura expedida a favor de éste el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, pasada ante la fe de la Notaria Pública Veintiséis, encargada del Despacho, residente en esta ciudad, por lo que deberá girar el oficio correspondiente al Director del Registro Público de la Propiedad en esta ciudad; c) Igualmente, deberá dejar insubsistente la diligencia de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en que se puso en posesión material y jurídica del bien raíz a Miguel Velázquez González; y, d) Deberá poner en posesión de ese bien al quejoso Marco Antonio Chávez Ibarra. Lo anterior, a efecto de restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos violentados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La concesión decretada debe hacerse extensiva por lo que respecta a la autoridad ejecutora, dado que sus actos no fueron combatidos por vicios propios. [.]" Dicha determinación fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en su resolución de veinticinco de julio de este año, pronunciada dentro del amparo en revisión civil 118/2018, por lo que se requirió a las responsables para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. Así, en el auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados José Antonio Córdova Ornelas y Miguel Velázquez González, con los oficios signados por la Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, agregados en el referido auto y los diversos de veintisiete de agosto, tres de septiembre, dieciocho y veintinueve de octubre, todos de dos mil dieciocho, con sus respectivos anexos, de los que se advierte lo siguiente: La citada autoridad dejó insubsistentes todas y cada una de las diligencias, actuaciones o resoluciones en que se afectó el inmueble rematado en el juicio de origen, incluyendo la interlocutoria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, así como la escritura expedida a favor de Miguel Velázquez González, de dieciséis de junio de ese mismo año, pasada ante la fe de la Notaría Pública 26 en esta ciudad. Ordenó girar el oficio correspondiente al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado para que deje sin efecto la inscripción de la adjudicación por remate registrada en esa dirección bajo el folio 100437. También dejó insubsistente la diligencia de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en que se puso en posesión material y jurídica del bien raíz de que se trata a Miguel Velázquez González, ordenando al actuario judicial correspondiente, que asociado del quejoso, proceda al lanzamiento y dé posesión material y jurídica de tal inmueble a Marco Antonio Chávez Ibarra. Posteriormente, la Juez Segundo del Ramo Civil en esta capital remitió copia certificada del oficio IRC/DRPP/J/4072/2018, signado por la encargada del despacho de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, por el que dio cumplimiento a lo solicitado y procedió a la cancelación de la adjudicación por remate registrada bajo el folio 100437. Asimismo, la responsable giró oficio al notario público 26 en esta ciudad, a fin de que cancele el instrumento 23,580, del tomo 480, del protocolo a su cargo, referente a la protocolización del juicio ejecutivo mercantil 1061/2015 de su estadística; quien a su vez comunicó que el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, al calce del instrumento 23,580 del tomo 480, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se ha hecho la anotación respectiva, mediante la cual cancela el instrumento descrito con anterioridad. Finalmente, la juez responsable remitió copia certificada de la diligencia de veintidós de octubre del año en curso, practicada por el actuario de su adscripción, de la que se aprecia que se puso en posesión material y jurídica del inmueble antes citado, al quejoso Marco Antonio Chávez Ibarra. El proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho fue debidamente notificado a la parte quejosa y a los terceros interesados por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional. Por tanto, del análisis de dichas constancias, se considera que las responsables cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional. En cuanto a esta determinación, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto 1/2009, dado que el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, así como que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, en virtud de que el presente asunto no es de relevancia documental. De conformidad con el Punto Décimo Primero, párrafo último del acuerdo que se cita, infórmese a la parte quejosa que queda a su disposición el cuaderno de copias certificadas que anexó a su escrito de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que obra por separado, el que deberá recoger dentro del término de noventa días contado a partir de que se le notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será glosado a este asunto y correrá la misma suerte que el expediente en que se actúa. NP"
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha las partes han omitido hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, este juzgado determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para los siguientes efectos: "[.] de que el Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad: a) Deje insubsistentes todas y cada una de las diligencias, actuaciones o resoluciones en que se afectó el inmueble ubicado en Sierra de Apiaca 165, fraccionamiento Lomas Cuarta Sección, en esta ciudad; b) Lo anterior, incluye desde luego la interlocutoria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, en que se adjudicó tal bien a favor del tercero interesado Miguel Velázquez González, así como la escritura expedida a favor de éste el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, pasada ante la fe de la Notaria Pública Veintiséis, encargada del Despacho, residente en esta ciudad, por lo que deberá girar el oficio correspondiente al Director del Registro Público de la Propiedad en esta ciudad; c) Igualmente, deberá dejar insubsistente la diligencia de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en que se puso en posesión material y jurídica del bien raíz a Miguel Velázquez González; y, d) Deberá poner en posesión de ese bien al quejoso Marco Antonio Chávez Ibarra. Lo anterior, a efecto de restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos violentados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La concesión decretada debe hacerse extensiva por lo que respecta a la autoridad ejecutora, dado que sus actos no fueron combatidos por vicios propios. [.]" Dicha determinación fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en su resolución de veinticinco de julio de este año, pronunciada dentro del amparo en revisión civil 118/2018, por lo que se requirió a las responsables para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. Así, en el auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados José Antonio Córdova Ornelas y Miguel Velázquez González, con los oficios signados por la Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, agregados en el referido auto y los diversos de veintisiete de agosto, tres de septiembre, dieciocho y veintinueve de octubre, todos de dos mil dieciocho, con sus respectivos anexos, de los que se advierte lo siguiente: La citada autoridad dejó insubsistentes todas y cada una de las diligencias, actuaciones o resoluciones en que se afectó el inmueble rematado en el juicio de origen, incluyendo la interlocutoria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, así como la escritura expedida a favor de Miguel Velázquez González, de dieciséis de junio de ese mismo año, pasada ante la fe de la Notaría Pública 26 en esta ciudad. Ordenó girar el oficio correspondiente al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado para que deje sin efecto la inscripción de la adjudicación por remate registrada en esa dirección bajo el folio 100437. También dejó insubsistente la diligencia de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en que se puso en posesión material y jurídica del bien raíz de que se trata a Miguel Velázquez González, ordenando al actuario judicial correspondiente, que asociado del quejoso, proceda al lanzamiento y dé posesión material y jurídica de tal inmueble a Marco Antonio Chávez Ibarra. Posteriormente, la Juez Segundo del Ramo Civil en esta capital remitió copia certificada del oficio IRC/DRPP/J/4072/2018, signado por la encargada del despacho de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, por el que dio cumplimiento a lo solicitado y procedió a la cancelación de la adjudicación por remate registrada bajo el folio 100437. Asimismo, la responsable giró oficio al notario público 26 en esta ciudad, a fin de que cancele el instrumento 23,580, del tomo 480, del protocolo a su cargo, referente a la protocolización del juicio ejecutivo mercantil 1061/2015 de su estadística; quien a su vez comunicó que el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, al calce del instrumento 23,580 del tomo 480, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se ha hecho la anotación respectiva, mediante la cual cancela el instrumento descrito con anterioridad. Finalmente, la juez responsable remitió copia certificada de la diligencia de veintidós de octubre del año en curso, practicada por el actuario de su adscripción, de la que se aprecia que se puso en posesión material y jurídica del inmueble antes citado, al quejoso Marco Antonio Chávez Ibarra. El proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho fue debidamente notificado a la parte quejosa y a los terceros interesados por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional. Por tanto, del análisis de dichas constancias, se considera que las responsables cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional. En cuanto a esta determinación, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto 1/2009, dado que el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, así como que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, en virtud de que el presente asunto no es de relevancia documental. De conformidad con el Punto Décimo Primero, párrafo último del acuerdo que se cita, infórmese a la parte quejosa que queda a su disposición el cuaderno de copias certificadas que anexó a su escrito de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que obra por separado, el que deberá recoger dentro del término de noventa días contado a partir de que se le notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será glosado a este asunto y correrá la misma suerte que el expediente en que se actúa. NP
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio que remite la Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, con un anexo que acompaña, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de la materia, con esas constancias y las diversas agregadas en los acuerdos de veintisiete de agosto, tres de septiembre, dieciocho y veintinueve de octubre, todos de dos mil dieciocho, dese vista a la parte quejosa y a los terceros interesados por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado con base en los elementos de prueba que obren en este expediente, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente.
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