Marco Antonio Chavez Andrade

Expediente 1136/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1136/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Chavez Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "... MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación y el oficio de cuenta, firmado de manera electrónica por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado en acuerdo de veintidós de noviembre de la presente anualidad, informando que: - El procedimiento de ejecución ... se radicó el 09 de noviembre de 2020, con motivo de la solicitud de la licenciada ..., Defensora Pública Federal del interno Marco Antonio Chávez Andrade quien solicito se le diera atención médica y medicamentos ya que padece dolor en los riñones (en la espalda baja). - Al realizarse diversos requerimientos a las autoridades penitenciarias para efecto de que le dieran la atención médica al interno de referencia, con fecha tres de febrero del año en curso, se corrió traslado a las partes con los informes del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPSOaxaca" en términos del artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. - Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a las partes para que manifestarán si estaban de acuerdo en que el presente expediente se resolviera por escrito, apercibidos de no haber oposición se procedería a emitir la resolución de fondo, en esos términos. - En auto de fecha dos de junio del que cursa, se turnó al Juez de Ejecución para efecto de que se pronunciaran respecto a las contestaciones de las partes sobre el ofrecimiento de pruebas al contestar la acción, por lo que en fecha diez de julio siguiente se tuvo al Juez de ejecución requiriendo a las autoridades penitenciarias para que remitieran las constancias conducentes que acreditaran la atención médica brinda al justiciable de referencia. - Se tuvo a las autoridades rindiendo informes de manera parcial, requiriéndolos de nuevo en proveído de diecinueve de julio, veintitrés de agosto y siete de noviembre de esta anualidad, en este último se requirió a las partes para que informaran si estaban de acuerdo en que la controversia se resolviera de manera escrita, esto por la solicitud de la defensora Pública Federal en que se señalara fecha y hora para la respectiva audiencia, hecho que hasta el momento se encuentra en espera, una vez que el interno manifieste lo conducente, se procederá a proveer lo correspondiente. Por tanto, de las constancias que obran en autos y lo informado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, se advierte que la presente controversia continúa en trámite. DESECHAMIENTO Al respecto, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, pues se advierte que, en el caso concreto, SE ACTUALIZA de manera manifiesta e indudable LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA consistente en que la parte promovente no agotó el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, prevista en el artículo 61, fracción xx de la Ley de Amparo, porque previo al juicio de amparo, el peticionario debe agotar el mecanismo de control denominado petición administrativa ante las autoridades del centro de internamiento en que se encuentra recluido. El numeral citado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XX. Contra actos de autoridad distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficios, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Bajo esa premisa legal, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio o recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; con la condicionante de que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, no existe obligación de agotar el medio de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En el caso, como ya se precisó, el quejoso en su demanda de amparo reclama lo siguiente: ". IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión y/o negativa de proporcionarle atención médica, no obstante de haber promovido la controversia ... Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno se encuentra facultado para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez de Ejecución respectivo, los actos inherentes a sus condiciones de internamiento. En efecto, los artículos ...de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas". Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijo que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La autoridad penitenciaria, en coordinación con las Instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La autoridad penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, e examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud". Artículo 74. Derecho a la salud La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud". Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia". Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario". Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de la condiciones de internamiento". Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; I.... Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente Ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. Los numerales transcritos regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", mediante el cual las personas privadas de la libertad, y aquellas legitimadas en esa ley, pueden realizarlas a su favor, para impugnar hechos, actos u omisiones que tengan relación con las condiciones de internamiento, con la finalidad de que la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas, y una vez allegada de la información necesaria, declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de ésta. Incluso, la normativa prevé que para el caso de que a petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses de los promoventes, estos pueden formular controversia judicial ante el juez de ejecución (o de control en caso de las personas sujetas a prisión preventiva), dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Es así que, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución (o de control) para plantear su petición, quien decretará de oficio y de inmediato la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; o bien, tratándose de omisiones, como en el caso, ese juzgador determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, es decir, puede resolver precautoriamente con efectos de restitución. De ahí que puede afirmarse que la petición administrativa es un medio de defensa que cumple con las características requeridas por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues es claro que en casos como el que ahora pretende impugnar el quejoso colma los lineamientos que en materia de amparo son propios de la suspensión, dado que tiene el alcance de suspender el acto o la omisión reclamada a la autoridad penitenciaria de manera oficiosa hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva; además, la medida suspensional no exige requisito alguno a cargo de la persona privada de su libertad, más que el hecho de que realice la petición ante el juez correspondiente; y el plazo establecido para decretarla es inmediato, esto es, tan pronto se le haga llegar a la autoridad judicial ésta deberá resolver. Así, la petición administrativa constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, ese mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente o la petición administrativa por caso urgente. En ese sentido, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar el procedimiento administrativo contra las cuestiones reclamadas, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Por lo que se precisa, que resulta como requisito indispensable que primero se haya agotado la petición administrativa ante el centro de reinserción social, la cual se debe formular por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro penitenciario; hecho lo anterior, en su caso, se estará en posibilidad de plantear la controversia respectiva ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ... Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Aunado a lo anterior, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla peticiones relativas a casos urgentes; casos en los cuales la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. Por ello, previo a acudir al juicio de amparo, el quejoso debe agotar la promoción de la controversia judicial ante el juez de ejecución con motivo de la omisión de proporcionarle atención médica que, en atención a lo informado en el oficio de cuenta, CONTINÚA EN TRÁMITE, como así lo prevé el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; o, en su caso, promover una controversia. Aunado que el artículo 116, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relativas a las mismas, y la facultad del juez de ejecución es amplia para resolver cualquier cuestión que se refiera al internamiento, dado que es la autoridad que conoce con inmediatez los problemas que aquejan a la población penitenciaria y que interactúa con las autoridades que integran el Sistema Penitenciario, a fin de emitir resoluciones razonables y ajustadas al texto constitucional. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento ante el juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta u objetos, entre otros. De ahí que, se insiste, el quejoso previo a promover el juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad; como así lo ilustra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 61, tomo I, de diciembre de dos mil dieciocho en la página 230, con número de registro 2018548, del rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Máxime que, de estimarlo un caso urgente, el quejoso puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución, sin necesidad de petición administrativa previa. En consecuencia, se concluye que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; y por tanto, con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMIENTE IMPROCEDENTE la presente demanda. Ahora, ya que el quejoso MARCO ANTONIO CHÁVEZ ANDRADE, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", se comisiona a la Actuaria en turno de este Juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas se constituya en las instalaciones que ocupa el citado centro de reclusión, en busca del citado quejoso, y previa identificación de éste, le notifique el presente proveído. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN.

  2. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes la diligencia de notificación de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés realizada por la Actuaria adscrita, de la que se advierte que notificó al directo quejoso Marco Antonio Chávez Andrade, quien en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diez de noviembre del año en curso, en el acto manifestó lo siguiente: 1. Julio del 2023 fue la última petición administrativa. 2. La controversia ... me la notificaron en agosto del 2023 pero traía fecha de ... por lo que promoví el juicio de amparo ya que no me dieron solución, por lo que no supe si ya avia sido archivada. 3. Soy sentenciado por el fuero común bajo la causa penal ... delito de homicidio. 4. Si promovido juicio de amparo en contra de las citadas autoridades responsables penitenciarias por la omisión de darme la atención médica adecuada al juzgado que le correspondio fue al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca San Bartolo Coyotepec, número que me toco PRAL ... De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, a fin de proveer lo conducente a la admisión o no de la demanda, y toda vez que el directo quejoso desconoce si la controversia ...fue archivada, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por mandado expreso del artículo 2° de la ley de la materia, solicítese atentamente a la autoridad señalada como responsable, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este auto, informe lo siguiente: 1. El trámite que dieron o el estado procesal en que se encuentra actualmente la controversia ..., promovida por el quejoso .... En su defecto, el impedimento legal que tenga para ello, debiendo remitir las constancias necesarias en que sustenta su aserto. Póngase a disposición de la autoridad requerida el correo electrónico oficial 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx para que cumpla con lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 17/97, localizable en la página ciento ocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de control con el número ... TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.1 Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ... por propio derecho y quien se encuentra privado de su libertad en Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca. AUTORIDADES RESPONSABLES a) Director General del CEFERESO 13 CPS Oaxaca b) Encargado de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS Oaxaca c) Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca d) Coordinador Médico del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca Ejecutora: e) Médico Hernández Esteban Sergio del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca ACTO RECLAMADO La omisión y/o negativa de proporcionarle atención médica, no obstante de haber promovido la controversia .... DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 17, 18 párrafo segundo, 22 y 133 Constitucionales, así como los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafo, 9, 25, 30, 34, 73, 74, 76, 77, 80 de la ley nacional de ejecución penal. PREVENCIÓN Ahora, a fin de proveer lo conducente a la admisión o no de la demanda, con fundamento en los artículos 112, 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo, por conducto del actuario en turno de este juzgado, requiérase a la parte promovente para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito el que formará parte integrante de la demanda, bajo protesta de decir verdad, señale lo siguiente: 1. Exponga la fecha de la última petición administrativa por la cual solicitó se le brindara atención médica respecto del padecimiento que refiere. 2. Haga del conocimiento de este Juzgado, el estado que guarda la controversia PEC 3. Manifieste si es procesado del fuero común o federal e indique el número de expediente así como juzgado en que se encuentra tramitado su proceso, lo anterior, para estar en posibilidad de nombrarle un defensor jurídico. 4. Indique si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de las citadas autoridades responsables, de ser así informe a que Juzgado le correspondió y que número le tocó. En virtud de que con tal información se fijará la litis constitucional y sólo así, se permite a la autoridad tener un conocimiento preciso de lo que se le reclama en el juicio de amparo, para que esté en aptitud de formular una adecuada defensa al rendir su informe justificado, con lo que se posibilita a este Juzgado Federal ponderar a la luz de los hechos ocurridos y las circunstancias en que se presentaron, a pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo la quejosa, o quien tenga las facultades para realizarlo a nombre de ella, y no por conducto de autorizado, ya que al realizarse bajo protesta, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. ... ... Deberá presentar su aclaración por escrito y con las copias suficientes, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, a efecto de estar, en su caso, en aptitud de correr traslado a las partes. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento a lo anterior; es decir, no desahogar la prevención SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA, con fundamento en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Se tiene a la parte promovente como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. NOTIFICACIÓN EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN Ahora, en razón a que del escrito de demanda se advierte que el directo agraviado MARCO ANTONIO CHÁVEZ ANDRADE, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece ... con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al Actuario en turno de este Juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas se constituya en las instalaciones que ocupa el citado Centro de Reclusión y les notifique el presente acuerdo, asimismo, deberá requerirlo para que en el acto de la notificación o dentro de los cinco días siguientes, subsane la prevención a que se hace referencia, lo que hará constar en la razón respectiva. HABILITACION DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN.

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