Marco Antonio Chablé Hernández

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Margarita López Mendoza
  • Marco Antonio Chablé Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 763/2022-10, promovido por **********, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecinueve siguiente, Margarita López Mendoza y Marco Antonio Chablé Hernández solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detalla: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 292/2013, mediante el cual solicitaron se señalara fecha y hora para la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo con el expediente 763/2022-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se emplazó a juicio con dicho carácter a la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 292/2013, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual solicitaron se señalara fecha y hora para la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago. No pasa inadvertido que en el capítulo relativo de la demanda de amparo, los quejosos señalaron diversos actos reclamados, relacionados con la omisión de hacer cumplir las condenas impuestas en el laudo dictado en los autos del juicio laboral 292/2013, respecto del pago de las prestaciones, la reinstalación y el reconocimiento de las plazas y categorías de los actores. Asimismo, la omisión de dictar las medidas necesarias, suficientes y eficaces para llevar acabo la ejecución del aludido laudo, así como la resolución incidental de liquidación dictada en el precitado expediente. Sin embargo, del expediente de mérito se obtiene que: El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 1913 a 1998 del tomo de pruebas), se dictó laudo condenatorio en el juicio natural. Inconforme con dicha determinación, la demandada promovió juicio de amparo directo que fue registrado con el expediente 476/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que en sesión de cuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 2108 a 2198 del tomo de pruebas), le negó la protección constitucional. Por escrito presentado ante la responsable el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 2205 a 2229 del tomo de pruebas), los actores Margarita López Mendoza y Marco Antonio Chablé Hernández, ahora quejosos, formularon planilla de liquidación. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 2374 a 2380 del tomo de pruebas), la responsable ordenó dar vista con el aludido escrito a la parte demandada y correrle traslado con copia del mismo; de igual forma, programó las doce horas del cuatro de julio del referido año, para la audiencia incidental. En la fecha y hora precitada, tuvo verificativo la referida audiencia incidental (fojas 2440 a 2444 del tomo de pruebas). Por escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno (fojas 2583 a 2593 del tomo de pruebas), los aquí quejosos promovieron juicio de amparo indirecto, que fue registrado con el expediente 235/2021-10 del índice de este juzgado federal, reclamando la omisión de dictar la resolución interlocutoria respecto de la precitada planilla de liquidación, concediéndoseles la protección constitucional en sentencia de siete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 2605 a 2608 del tomo de pruebas). El veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fojas 2615 a 2627 del tomo de pruebas), la responsable emitió la resolución incidental de mérito. Inconforme con la referida interlocutoria, la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco, promovió juicio de amparo indirecto que fue registrado con el expediente 1540/2021-7, del índice de este juzgado federal, negándosele la protección constitucional en sentencia de uno de febrero de dos mil veintidós, misma que causó ejecutoria el veintiséis de mayo siguiente (fojas 2716 a 2728 y 2663 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, el apoderado legal de los ahora quejosos, solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago (foja 2782 del tomo de pruebas). Escrito que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo no había sido acordado, lo cual estableció en el punto 5 del capítulo de antecedentes, manifestando lo siguiente: "5.- En varias ocasiones se ha solicitado el cumplimiento del laudo, consistente en LA REINSTALACION Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES CONDENADAS EN EL LAUDO, y hasta la presente fecha no se ha logrado dicho cumplimiento, por lo que con fecha 22 de marzo de 2022 mi apoderado legal solicita por escrito se ejecutara el laudo, sin que la responsable se pronunciara al respecto". Por ende, esta juzgadora considera que los actos reclamados se circunscriben a la omisión de acordar el aludido escrito. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, aun cuando lo haya negado la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió del referido expediente, en el que obra el escrito de mérito. Al respecto, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtiene que, en proveído de trece de junio de dos mil veintidós (fojas 2839 a 2841 del tomo de pruebas), acordó el escrito a que hacen referencia los quejosos, señalando las doce horas del tres de noviembre próximo, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación de los actores Margarita López Mendoza y Marco Antonio Chablé Hernández. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -diecisiete de mayo de dos mil veintidós-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, contra el acto y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que en proveído de once de los actuales, se dio vista a las partes con el informe complementario rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurre del catorce al veinticinco del precitado mes, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. Para dar tiempo a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose de nueva cuenta para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, déjese bajo resguardo del actuario judicial que corresponda, el oficio que se libra, para que sea entregado una vez que la autoridad responsable reanude sus labores. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecisiete de junio del año en curso, remite copia certificada del expediente laboral 292/2013 a partir del laudo, en consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con éstas a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante de cuenta, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que anexa al oficio que se provee. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, constante de un tomo, manéjese ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; de autos se advierte que el diecisiete de junio actual, se requirió a la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, a efecto de que remitiera copia certificada de todas y cada una de las constancias A PARTIR DEL LAUDO dictado en el expediente laboral 292/2013. Ahora, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable de cuenta, mediante el cual informa la imposibilidad de remitir las constancias solicitadas en el párrafo que antecede, por lo que solicita un término considerable a fin de estar en aptitud de remitir las mismas. Por lo anterior, como lo peticiona la autoridad ocursante, se le concede una prórroga por el termino de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que remita a este órgano de control constitucional las constancias requeridas, toda vez que son necesarias para resolver el presente asunto. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedora a la multa con la que fue conminada en el proveído mencionado en el primer párrafo de este acuerdo. Notifíquese.

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