Marco Antonio Cerón Ruiz
Expediente 1211/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1211/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Antonio Cerón Ruiz
- Marco Antonio Cerón Ruiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que de la constancia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa Marco Antonio Cerón Ruiz, el acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, por las razones que se indican en la misma; por lo tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, proceda el actuario de este Juzgado Federal, a notificar a la parte quejosa, el diverso acuerdo de veintitrés de octubre del presente año, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe. Katia
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Cerón Ruiz, contra el acto de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, exhibida con tres copias y sin anexos. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto que se impugna por esta vía constitucional consiste en la resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca 482/2018, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto dictado por dicha sala el veintiocho de agosto del año en curso, en el que se negó la petición formulada el veinticuatro de agosto del mismo año, respecto a que se girara oficio al Banco de México, para que informara sobre las tasas de interés bancarias a partir del quince de octubre del dos mil cinco; esto dentro del trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio extraordinario hipotecario 237/2011 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, en virtud que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación, ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Alto Tribunal del país, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006589, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, consultable en la página 39, que dice lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo ese contexto y de conformidad con el reciente criterio del Máximo Tribunal del país, se estima que la determinación reclamada reviste las características de un acto intraprocesal que no tiene una ejecución de imposible reparación; ya que si bien es cierto esa actuación pudiera constituir una violación a las leyes del procedimiento, susceptible de afectar las defensas de la parte quejosa, en caso de trascender al resultado del fallo; sin embargo, tal determinación sólo puede ser reclamada al promoverse el juicio de amparo contra la resolución de segunda instancia que en su momento se emita; esto es, la que resuelva el recurso de apelación a través del cual se impugnó la sentencia definitiva, dictada en el juicio extraordinario hipotecario número 237/2011 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, que dio origen al toca 482/2018, en el que se dictó el acto reclamado. Es decir, que será en su momento que de trascender sólo puede ser reclamada al promover juicio de amparo contra la resolución de segunda instancia que en su momento se emita, esto es, la que resuelva el recurso de apelación, a través del cual se impugnó la sentencia de primer grado. Por tanto, resulta claro que dicha determinación, atendiendo a la connotación que respecto a este tipos de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través del acto reclamado no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución reclamada, máxime que de no ser así las violaciones que alega pueden hacerse valer en el amparo directo que en contra de la resolución definitiva se promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de amparo, al constituirse una violación procesal a la prevista en la fracción III del artículo 172 de la citada Ley. Entonces, el efecto que produce el acto combatido, se actualizaría al dictarse la resolución relativa al recurso de apelación contra la sentencia definitiva, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo del acto reclamado, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado del asunto, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En ese sentido, es claro que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia. No se soslaya que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de normas generales, sin embargo, eso no es obstáculo para determinar la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que las citadas normas fueron aplicadas en la resolución que también reclama, cuya improcedencia ha resultado manifiesta e indudable, de ahí que deba desecharse la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVI.2o. J/2 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Administrativa, Registro: 196750, página: 438, que dice lo siguiente: "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Cerón Ruiz, en contra de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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