Marco Antonio Cerda Pacheco

Expediente 795/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 36 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
795/2019
Año
2019
Actuaciones
36
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Cerda Pacheco
  • MARCO ANTONIO CERDA PACHECO y Otros.
  • Andres Mariscal Segundo Corona
  • Director del Centro de Reinserción Social el Hongo, Tecate, B.C.
  • Luckree Antonio Cerda Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que, no existe promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido que el presente asunto se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que se concedió de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, por lo que de conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal es susceptible de depuración al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, del referido Acuerdo General, una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó´ el archivo del asunto, debiéndose conservar la determinación en la que se concedió la suspensión de oficio y de plano. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obran las constancias de notificación realizadas a los quejosos Andrés Mariscal Segundo Corona, Marco Antonio Cerda Pacheco y Luckree Antonio Cerda Pacheco, respecto de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, túrnense los autos a la Actuaria de la adscripción, a efecto de que realice la notificación referida a los quejosos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/ambm

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Administrador Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa las gestiones realizadas a fin de llevar a cabo el registro, control y cobro de la multa impuesta al Director del Centro de Reinserción Social El Hongo I, con sede en Tecate, Baja California, (Juan Enrique Méndez Meza), lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Manuel Basio Aguilar, Secretario con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 795/2019-VI, sin la comparecencia personal de las partes. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve, en el que se previno la demanda de amparo; c) auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que se admitió la demanda de amparo y se decretó la suspensión de plano solicitada; d) constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; e) informes justificados de las autoridades responsables; y, d) auto de veinticuatro de julio de dos mil veinte, en el que se ordenó reanudar el procedimiento. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que obran las pruebas documentales ofrecidas por una de las autoridades responsables. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas mencionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto, con lo que se cierra la etapa probatoria. Agotada la fase probatoria, y abierto el de alegatos en el que se hace constar que no fueron formulados por las partes por lo que se declara igualmente cerrado. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 759/2019-VI, promovido por Andrés Mariscal Segundo Corona, Marco Antonio Cerda Pacheco y Luckree Antonio Cerda Pacheco, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial de Tecate, Baja California; y, de otras autoridades. R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido ese mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, Andrés Mariscal Segundo Corona, Marco Antonio Cerda Pacheco y Luckree Antonio Cerda Pacheco, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Juez de Control Especializado en Ejecución y Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, ambas con residencia en Tecate, Baja California, así como la Dirección de Centros con residencia en Mexicali, Baja California. Actos reclamados: "Consistente en la negativa de darnos el traslado del Cereso El Hongo I al Cereso La Mesa en Tijuana Baja California, ya que nos trasladaron de la penitenciaría de La Mesa en forma arbitral violando nuestros derechos ya que los hoy quejosos se encuentran en proceso, lo cual nos entorpecen dejándonos en estado de indefensión ya que el lugar en el que nos encontramos hoy actualmente es el Cereso El Hongo I en Tecate, Baja California, se nos niega la asistencia médica; asimismo, no omito hacer de su conocimiento que nuestra familia vive en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo cual les dificulta y les es imposible visitarnos hasta este lugar, ya que la economía de nuestra familia es nula para cubrir los gastos de una visita familiar hasta este lugar." Con motivo de la aclaración al escrito inicial de demanda, los quejosos precisaron: "Estamos reclamando el traslado ejecutado, también reclamamos la falta de medicamento a Luckree Antonio Cerda Pacheco por el problema en su pierna y brazo; a Marco Antonio Cerda Pacheco por el problema en su pierna izquierda; y a Andrés Mariscal Segundo Corona, por la operación que tuvo en los testículos." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 3, 4, 16, 18, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el expediente 795/2019-VI; se decretó la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la falta de atención médica y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo como inexistente a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como Dirección de Centros, con residencia en Mexicali, Baja California, por lo que la presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a ella. Quinto. En términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los plazos y términos del presente asunto fueron suspendidos, a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte. El veinticuatro de julio de dos mil veinte, se determinó reanudar el procedimiento en este juicio, lo que se comunicó personalmente a la totalidad de las partes. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La orden de traslado mediante la cual los quejosos fueron trasladados del Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California. La omisión de proporcionar atención médica -medicamentos- para atender los padecimientos que refieren tener los quejosos. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial en Tecate, Baja California; toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado y sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Lo anterior aunado a que los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que actualmente se encuentran en calidad de procesados ante diversas autoridades judiciales y sin que, de las constancias que se allegaron, se advierta alguna petición a la autoridad responsable pendiente de dar contestación o que hubiese participado, de alguna forma, en la ejecución de la orden de traslado reclamada. Por tanto, ante la inexistencia del acto reclamado y sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Circunstancia que quedó corroborada con las copias certificadas que anexó; probanzas a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se desprende, por una parte, que Marco Antonio Cerda Pacheco y Luckree Antonio Cerda Pacheco, fueron trasladados el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis del Centro de Reinserción Social La Mesa, con residencia en Tijuana al Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California; mientras que el traslado de Andrés Mariscal Segundo Corona, se realizó el catorce de junio de dos mil dieciocho; y, por otra parte, que Marco Antonio Cerda Pacheco, sufre de secuelas por una cirugía en tibia; Luckree Antonio Cerda Pacheco, por cirugías en brazo y pierna derecha; y Andrés Mariscal Segundo Corona, unicomicosis y paroniquia de primer hortejo pie derecho. Quinto. No obstante la certeza del acto reclamado al Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, consistente en su participación en la ejecución de la orden de traslado y en la falta de atención médica de los quejosos; resulta innecesario analizar su constitucionalidad, ya que este juicio deviene improcedente, al actualizarse -en amos supuestos- la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue omisa en cumplir con el principio de definitividad. Para avalar la anterior postura, conviene citar el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De la transcripción anterior se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general, previo a instar la acción constitucional el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo a fin de generar su modificación, revocación o nulidad ello, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, so pena de generar una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Por tanto, ante el reclamo de algún acto en juicio de amparo indirecto, el órgano constitucional está obligado a verificar que el demandante haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad su modificación, revocación o anulación. Es decir, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, en principio, la autoridad jurisdiccional debe constatar que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. En el presente caso, uno de los actos reclamados consiste en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social La Mesa, con residencia en Tijuana al Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, la cual fue ejecutada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis respecto de Marco Antonio Cerda Pacheco y Luckree Antonio Cerda Pacheco, y, en relación con Andrés Mariscal Segundo Corona, el catorce de junio de dos mil dieciocho. Actuación contra la cual procede el recurso de apelación, medio ordinario de defensa que para el caso contemplan los artículos 52 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución, el cual tiene por objeto modificar, revocar o anular el acto reclamado. En efecto, es dable destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las quejas 36/2020 y 46/2020, sostuvo que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, toda vez que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, dicho numeral establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con la posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. En ese tenor, la Primera Sala concluyó que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto y, ante tales circunstancias, si el inconforme decide acudir a la instancia de amparo, previo a ello, tendrá que agotar los referidos medios de defensa. Las anteriores consideraciones fueron plasmadas en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2023063, cuyo texto y contenido son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. PRIMERA SALA Queja 36/2020. Óscar Bonito Flores u Óscar Flores Iglesias. 13 de enero de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Héctor Vargas Becerra. Queja 46/2020. Carlos Alberto Angelino Barrón y otro. 13 de enero de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Alexandra Valois Salazar. Nota: Esta tesis se publicó el viernes 7 de mayo de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación, y en virtud de que abandona el criterio contenido en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, con número de registro digital: 2010596, y del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 865, con número de registro digital: 2013066, respectivamente, estas últimas dejaron de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de mayo de 2021." Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que, cuando se pretende impugnar una orden de traslado de un centro penitenciario, previo a instar en la vía constitucional, la parte quejosa está obligada a cumplir con el principio de definitividad. En ese sentido, si de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en contra de la orden de traslado del Centro de Reinserción Social La Mesa, con residencia en Tijuana al Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, la cual fue ejecutada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis respecto de Marco Antonio Cerda Pacheco y Luckree Antonio Cerda Pacheco, y, en relación con Andrés Mariscal Segundo Corona, el catorce de junio de dos mil dieciocho; es decir, con posterioridad al inicio de la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la parte quejosa no interpuso el medio ordinario de defensa procedente; se estima que no cumplió con el principio de definitividad que se requiere para acudir al juicio de amparo, motivo por el cual, éste resulta improcedente. Lo mismo acontece con el acto reclamado consistente en la falta de atención médica para los padecimientos que refieren tener los quejosos, pues al tratarse de una omisión inherente a las condiciones de internamiento, también estaban obligados en agotar el principio de definitividad e interponer el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para avalar la anterior postura, es preciso destacar el contenido de los artículos 1º, 2º, 4º, 9º, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que -en lo que aquí interesa- establecen lo siguiente (énfasis añadido): "Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y [.]" "Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario. [.] Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: [.] II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; [.] IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; [.] Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad." "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; [.]" "Artículo 30. Condiciones de internamiento. Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva [.]" "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones. Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 130. Revocación. El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; [.] VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y [.] IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación. La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." "Artículo 134. Emplazamiento y remisión. Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda." "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación. En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De la interpretación sistemática de los numerales invocados, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada y otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. El citado mecanismo también prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues la ley relativa establece que si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Además, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación, en caso de que considere que la resolución emitida por el Juez vulnera sus derechos. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Así, el Máximo Tribunal del País ha reconocido que el mecanismo de control aludido constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Entonces, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, tomo I, libro sesenta y uno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de diciembre de dos mil dieciocho, Décima Época, registro 2018548, de contenido siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Contradicción de tesis 57/2018. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito.17 de octubre de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Ana Marcela Zatarain Barrett. Criterios contendientes: El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión consideró que era procedente el juicio de amparo indirecto, a pesar de que los quejosos, antes de acudir al juicio de amparo, no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, pues ni siquiera presentaron la petición administrativa ante la autoridad correspondiente. El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 170/2017, en el que consideró que era improcedente el juicio de amparo indirecto, porque los quejosos antes de acudir al amparo debieron iniciar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual da inicio con la petición correspondiente, pues los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que determinó que se actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo. El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 809/2016 en el que consideró que era improcedente el juicio de amparo indirecto, porque los quejosos antes de acudir al amparo debieron iniciar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual da inicio con la petición correspondiente, pues los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que determinó que se actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Tesis de jurisprudencia 79/2018. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho." Es oportuno destacar que el criterio antes invocado es aplicable tratándose de actos relacionados con la falta de atención médica, incluso cuando ello esté vinculado con el derecho a la salud, ya que al resolver la contradicción de tesis 304/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la atención médica está contemplada dentro de las condiciones de internamiento y, por ende, las inconformidades relacionadas con aquella deben sujetarse al mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la referida Primera Sala declaró sin materia la contradicción de tesis aludida, porque el tema ya había sido definido al resolver la diversa contradicción de tesis 57/2018 y, por tanto, sobre la cuestión que originó la divergencia de criterios (atención o servicios médicos de personas internas) debía prevalecer el criterio fijado en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.). Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la falta de atención médica, específicamente, la omisión de proporcionarle los medicamentos para sus padecimientos, lo que -como se explicó- según el criterio jurisprudencial aludido forma parte de las condiciones de internamiento. En ese tenor, es claro que -en los términos apuntados- dichas omisiones son revisables o impugnables ante la propia autoridad carcelaria, o bien directamente ante el Juez del proceso o Juez de Ejecución (según la situación jurídica del agraviado) conforme al mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, la parte quejosa, estaba obligada a agotarlo antes de acudir a esta instancia constitucional. Ello, toda vez que -según se explicó- el mecanismo de control aludido, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual el quejoso, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; que prevé la suspensión de los actos impugnados sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, incluso tratándose de casos de suma urgencia; aunado a que, en el caso, no sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, pues se reclaman infracciones directas e indirectas a ésta, porque se impugnan temas de servicios médicos regulados en los artículos 9º, fracción II, 32, 34, 76, 77, 78 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No obstante lo anterior, de las constancias que obran en autos no se obtiene que, previo a instar en esta vía constitucional, la parte quejosa haya agotado el citado procedimiento; por tanto, resulta claro que no se cumplió con el principio de definitividad, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. Luego, al no surtirse ningún supuesto de excepción, es inconcuso que la parte quejosa estaba constreñida a agotar el medio ordinario de defensa que pudiera revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, previo a instar en esta vía constitucional y al no haberlo realizado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Andrés Mariscal Segundo Corona, Marco Antonio Cerda Pacheco y Luckree Antonio Cerda Pacheco, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, conforme a los razonamientos precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante José Manuel Basio Aguilar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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