Marco Antonio Cazarín Ortiz

Expediente 1057/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1057/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Cazarín Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese copia del escrito signado por **********(autorizado de la parte quejosa), por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de tres de diciembre del año en curso (fojas 11 a 16), en el que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe y dígase a la Superioridad que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En virtud de lo anterior, remítase el escrito original de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad, así como copia certificada del expediente en que se actúa para su resolución.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos del 1. Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 1057/2019-VII en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la lectura de la demanda de amparo se advierte el acto reclamado consiste en: -- La orden de traslado ejecutada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en contra del quejoso Marco Antonio Cazarín Ortiz, del Centro de Reinserción Social, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social, número seis (6), en Huimanguillo, Tabasco. Del relato de antecedentes se desprende se encuentra actualmente recluido en el centro de reclusión referido en segundo término, con motivo del proceso penal 2113/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, seguido en su contra. En el que fue sentenciado con pena privativa de libertad. Resolución que fue apelada. Dicho medio de impugnación se radicó bajo el toca 634/2019 del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Se encuentra pendiente de resolver. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Antes de indicar la causal que se estima actualizada en el presente asunto, es menester precisar el marco legal que actualmente rige en relación con los traslados. Los preceptos 49, 50, 51, 52, 117, fracción III, 131 y 132, fracción VII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estipulan: Capítulo V. Traslados. "Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional." "Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución." "Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y." "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" De la interpretación de los citados preceptos, se obtiene que el precepto 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé las consideraciones que se deben tomar para determinar los lugares de reclusión en que las personas sujetas a prisión preventiva y sentenciadas deben cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad. Por su parte, los diversos 50 y 51 del ordenamiento invocado, disponen los requisitos legales para los traslados voluntarios e involuntarios, respectivamente. En el primer caso -traslado voluntario-establece que para que opere un traslado voluntario de una persona privada de la libertad, debe existir un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. O, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. Así también, como requisito, el Juez de Ejecución debe requerir el consentimiento expreso de la persona sentenciada en presencia de la persona que sea su defensora. Sin que opere el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. El segundo supuesto -traslado involuntario-, instituye que éste deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Contra esa resolución, otorga a la persona privada de la libertad o sentenciada, la posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación Por su parte, también el diverso 52, luego de disponer que la Autoridad Penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo la condición de que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, permite impugnar la aludida resolución judicial a través de la interposición del recurso de apelación en los términos previstos en esa Ley. Asimismo, el dispositivo 117, fracción III del ordenamiento antes invocado, otorga a la persona privada de su libertad, en materia de traslados el derecho de interponer acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o, en su caso, de no haber sido notificado, lo puede hacer en el plazo posterior a la ejecución. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. En ese orden de ideas, en la especie, se advierte actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 49, 50, 51, 52 117, fracción III, 131 y 132, fracción VIII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Ello es así, pues la parte quejosa manifestó que la orden de traslado combatida la atribuye directamente a una autoridad administrativa. Es decir, al Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social, ambas con sede en Xalapa, Veracruz, Director del Centro de Reinserción Social, en Cosamaloapan, Veracruz y Director del Centro Federal de Readaptación Social, número seis (6), en Huimanguillo, Tabasco. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto es la contemplada por el arábigo 61, fracción XX de la Ley de la materia, que establece el juicio de amparo es improcedente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda en comento, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria, para que la orden de traslado atribuida a las autoridades responsables administrativas, sea recurrida, y en su caso confirmada o revocada. En caso de ser emitida la orden de traslado por autoridad administrativa, recurrirla ante el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que le instruye la causa penal 2113/2017, para que, en su caso, sea confirmada, modificada o revocada, en términos del artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal aplicable tanto al sistema penal acusatorio como al tradicional. Como se desprende de los artículos tercero y cuarto transitorios de ese ordenamiento. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado, pues se actualiza la causal a que se hizo referencia en el cuerpo de este auto, esto es, la prevista por el arábigo 61, fracción XX de la Ley de la materia. No es ocioso decir que la disposición legal -artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal- es uno de los fundamentos que se tomó en consideración al emitir el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, para su modificación en el artículo 48, fracción IX a efecto de eliminar las órdenes de traslado de los supuestos de asuntos urgentes para su turno.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,165 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano