Marco Antonio Castillo Tzec

Expediente 91/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
91/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio Castillo Tzec

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se les notificó el tres y cinco de octubre del año en curso, respectivamente, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso Marco Antonio Castillo Tzec, interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el que, mediante resolución dictada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida, negando por una parte y concediendo por la otra a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes, a fin de que la responsable: Cite a las partes (imputado, defensor, fiscal, víctima y asesor), para la celebración de una audiencia, en términos de los numerales 52, 56, 62, 66 y 67, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; En dicha audiencia, conforme a los preceptos 20, apartado A, del Pacto Federal; 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no apreciarse alguna transgresión a los derechos fundamentales del imputado, en las fases de control de la detención, y formulación de imputación, y vinculación a proceso, deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial y únicamente emita un pronunciamiento en torno a la imposición de la medida cautelar, es decir, deberá dejar firme las determinaciones que son independientes de aquella; ello, desde luego, salvaguardando los principios de publicidad, inmediación, contradicción, oralidad, continuidad y concentración, lo que implica escuchar, en forma previa, las alegaciones que al respecto realicen las partes, en términos de los preceptos citados; y, hecho lo anterior; Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda; en el entendido de que debe precisar fundada y motivadamente el porqué de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, en especial las alegadas por la defensa, no son suficientes para garantizar la presencia del imputado en el proceso, así como para evitar un riesgo para el denunciante; ello, en la inteligencia de que debe de tomar en cuenta los principios de mínima intervención, proporcionalidad, idoneidad y necesidad; además de que al dilucidar este requisito debe prescindir de considerar como inocuas las diversas medidas de cautela distintas a la prisión preventiva contempladas en el numeral 155, bajo la estimación de que por voluntad del imputado, éstas pueden ser incumplidas con facilidad. En consecuencia, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio 4658, remitido por la Juez en turno, del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que dejó parcialmente sin efecto la audiencia inicial únicamente en la fase relativa al debate de las medidas cautelares, quedando sin efecto, la medida cautelar de prisión preventiva a que estuvo sujeto en su oportunidad dicho imputado, y firme dicha audiencia en lo relativo a la fase de control de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso. Asimismo, previo debate entre las partes sobre la imposición de medidas cautelares, se determinaron las previstas en las fracciones I, V, VIII, XII y XIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando de la siguiente manera: La obligación de acudir a firmar dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, ante el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso; La prohibición de salir de la ciudad de Mérida, sin autorización judicial; La prohibición de convivir y acercarse al testigo y víctima Agustín Anguas Escalante, al lugar donde se encuentre, ya sea su centro de trabajo o a su domicilio; así como a la persona moral víctima AT & T, Comunicaciones Digitales, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; La colocación de un localizador electrónico; y, El resguardo en su propio domicilio, con las modalidades establecidas. Medidas que tendrán vigencia durante todo el tiempo que dure el procedimiento, por lo que en caso de que el acusado, aquí quejoso, no cumpla con alguna de las medidas cautelares impuestas, se estaría a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 174 del aludido Código. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a citar a las partes (imputado, defensor, fiscal, víctima y asesor), para la celebración de la audiencia, y en dicha audiencia dejar parcialmente sin efectos la audiencia inicial y únicamente emitir un pronunciamiento respecto a la imposición de la medida cautelar, escuchando previamente a las partes, resolviendo lo que en derecho correspondiera, de manera fundada y motivada; lo que así hizo y acreditó fehacientemente con las constancias remitidas. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    SE NTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA D EOCNOFMRIDAD CON OS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se les notificó el tres y cinco de octubre del año en curso, respectivamente, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso Marco Antonio Castillo Tzec, interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el que, mediante resolución dictada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida, negando por una parte y concediendo por la otra a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes, a fin de que la responsable: Cite a las partes (imputado, defensor, fiscal, víctima y asesor), para la celebración de una audiencia, en términos de los numerales 52, 56, 62, 66 y 67, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; En dicha audiencia, conforme a los preceptos 20, apartado A, del Pacto Federal; 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no apreciarse alguna transgresión a los derechos fundamentales del imputado, en las fases de control de la detención, y formulación de imputación, y vinculación a proceso, deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial y únicamente emita un pronunciamiento en torno a la imposición de la medida cautelar, es decir, deberá dejar firme las determinaciones que son independientes de aquella; ello, desde luego, salvaguardando los principios de publicidad, inmediación, contradicción, oralidad, continuidad y concentración, lo que implica escuchar, en forma previa, las alegaciones que al respecto realicen las partes, en términos de los preceptos citados; y, hecho lo anterior; Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda; en el entendido de que debe precisar fundada y motivadamente el porqué de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, en especial las alegadas por la defensa, no son suficientes para garantizar la presencia del imputado en el proceso, así como para evitar un riesgo para el denunciante; ello, en la inteligencia de que debe de tomar en cuenta los principios de mínima intervención, proporcionalidad, idoneidad y necesidad; además de que al dilucidar este requisito debe prescindir de considerar como inocuas las diversas medidas de cautela distintas a la prisión preventiva contempladas en el numeral 155, bajo la estimación de que por voluntad del imputado, éstas pueden ser incumplidas con facilidad. En consecuencia, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio 4658, remitido por la Juez en turno, del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que dejó parcialmente sin efecto la audiencia inicial únicamente en la fase relativa al debate de las medidas cautelares, quedando sin efecto, la medida cautelar de prisión preventiva a que estuvo sujeto en su oportunidad dicho imputado, y firme dicha audiencia en lo relativo a la fase de control de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso. Asimismo, previo debate entre las partes sobre la imposición de medidas cautelares, se determinaron las previstas en las fracciones I, V, VIII, XII y XIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando de la siguiente manera: La obligación de acudir a firmar dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, ante el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso; La prohibición de salir de la ciudad de Mérida, sin autorización judicial; La prohibición de convivir y acercarse al testigo y víctima Agustín Anguas Escalante, al lugar donde se encuentre, ya sea su centro de trabajo o a su domicilio; así como a la persona moral víctima AT & T, Comunicaciones Digitales, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; La colocación de un localizador electrónico; y, El resguardo en su propio domicilio, con las modalidades establecidas. Medidas que tendrán vigencia durante todo el tiempo que dure el procedimiento, por lo que en caso de que el acusado, aquí quejoso, no cumpla con alguna de las medidas cautelares impuestas, se estaría a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 174 del aludido Código. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a citar a las partes (imputado, defensor, fiscal, víctima y asesor), para la celebración de la audiencia, y en dicha audiencia dejar parcialmente sin efectos la audiencia inicial y únicamente emitir un pronunciamiento respecto a la imposición de la medida cautelar, escuchando previamente a las partes, resolviendo lo que en derecho correspondiera, de manera fundada y motivada; lo que así hizo y acreditó fehacientemente con las constancias remitidas. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON OS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se les notificó el tres y cinco de octubre del año en curso, respectivamente, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso Marco Antonio Castillo Tzec, interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el que, mediante resolución dictada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida, negando por una parte y concediendo por la otra a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes, a fin de que la responsable: Cite a las partes (imputado, defensor, fiscal, víctima y asesor), para la celebración de una audiencia, en términos de los numerales 52, 56, 62, 66 y 67, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; En dicha audiencia, conforme a los preceptos 20, apartado A, del Pacto Federal; 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no apreciarse alguna transgresión a los derechos fundamentales del imputado, en las fases de control de la detención, y formulación de imputación, y vinculación a proceso, deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial y únicamente emita un pronunciamiento en torno a la imposición de la medida cautelar, es decir, deberá dejar firme las determinaciones que son independientes de aquella; ello, desde luego, salvaguardando los principios de publicidad, inmediación, contradicción, oralidad, continuidad y concentración, lo que implica escuchar, en forma previa, las alegaciones que al respecto realicen las partes, en términos de los preceptos citados; y, hecho lo anterior; Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda; en el entendido de que debe precisar fundada y motivadamente el porqué de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, en especial las alegadas por la defensa, no son suficientes para garantizar la presencia del imputado en el proceso, así como para evitar un riesgo para el denunciante; ello, en la inteligencia de que debe de tomar en cuenta los principios de mínima intervención, proporcionalidad, idoneidad y necesidad; además de que al dilucidar este requisito debe prescindir de considerar como inocuas las diversas medidas de cautela distintas a la prisión preventiva contempladas en el numeral 155, bajo la estimación de que por voluntad del imputado, éstas pueden ser incumplidas con facilidad. En consecuencia, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio 4658, remitido por la Juez en turno, del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que dejó parcialmente sin efecto la audiencia inicial únicamente en la fase relativa al debate de las medidas cautelares, quedando sin efecto, la medida cautelar de prisión preventiva a que estuvo sujeto en su oportunidad dicho imputado, y firme dicha audiencia en lo relativo a la fase de control de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso. Asimismo, previo debate entre las partes sobre la imposición de medidas cautelares, se determinaron las previstas en las fracciones I, V, VIII, XII y XIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando de la siguiente manera: La obligación de acudir a firmar dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, ante el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso; La prohibición de salir de la ciudad de Mérida, sin autorización judicial; La prohibición de convivir y acercarse al testigo y víctima Agustín Anguas Escalante, al lugar donde se encuentre, ya sea su centro de trabajo o a su domicilio; así como a la persona moral víctima AT & T, Comunicaciones Digitales, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; La colocación de un localizador electrónico; y, El resguardo en su propio domicilio, con las modalidades establecidas. Medidas que tendrán vigencia durante todo el tiempo que dure el procedimiento, por lo que en caso de que el acusado, aquí quejoso, no cumpla con alguna de las medidas cautelares impuestas, se estaría a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 174 del aludido Código. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a citar a las partes (imputado, defensor, fiscal, víctima y asesor), para la celebración de la audiencia, y en dicha audiencia dejar parcialmente sin efectos la audiencia inicial y únicamente emitir un pronunciamiento respecto a la imposición de la medida cautelar, escuchando previamente a las partes, resolviendo lo que en derecho correspondiera, de manera fundada y motivada; lo que así hizo y acreditó fehacientemente con las constancias remitidas. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio de cuenta, signado por la Juez en turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y terceros interesados.

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