Marco Antonio Castillo Ibarra

Expediente 1047/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1047/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Castillo Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 1.2. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además, no tiene relevancia documental para su conservación. 1.3. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Se dicta sentencia constitucional que resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ...

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el quejoso ***, no desahogó dentro del término que se le concedió en el proveído de veintidós de julio del año en curso (fojas 127 y 128), la vista referente a que manifestara si era su deseo designar como nueva autoridad responsable al: Elemento policiaco Zamir Alejandro Braham Reza, quien se encuentra adscrito al Agrupamiento de Proximidad Social Fuerza Coahuila, destacamentado en Torreón, Coahuila de Zaragoza. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se continúa con el trámite del presente juicio como inicialmente estaba planteado.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de abril del año en curso, se solicitó el informe justificado al oficial Zamir Alejandro Braham Reza, del Agrupamiento de Proximidad Social Fuerza Coahuila, destacamentado en Torreón, Coahuila de Zaragoza. En ese aspecto, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo establece el numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, con relación al acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve (foja 102), a efecto de que, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al elemento policiaco Zamir Alejandro Braham Reza, quien se encuentra adscrito al Agrupamiento de Proximidad Social Fuerza Coahuila, destacamentado en Torreón, Coahuila de Zaragoza, tal como se advierte del informe enviado por el Encargado de la Coordinación General de Fuerza Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza (foja 102), lo anterior respecto a los actos que señala como golpes y actos de tortura, respectivamente; apercibida que de no hacerlo, se seguirá con el trámite del juicio de amparo, tal y como se encuentra inicialmente planteado; lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia por contradicción 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, con el número de registro 183932, con del tenor: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Además, apoya lo expuesto el diverso criterio emitido por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, visible en la página 209, del Tomo IX, Abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el registro 194333, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, para su celebración.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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