Marco Antonio Castillo Cruz y Otros.
Expediente 870/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Castillo Cruz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por..., por propio derecho, fórmese y regístrese el expediente bajo el número 870/2022-I. ACTO RECLAMADO Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: * El oficio DGSCYTM/691/2022 de uno de julio de dos mil veintidós, por el cual se da inicio a la investigación de una presunta comisión de falta administrativa. * El acta administrativa de comparecencia de cuatro de julio de dos mil veintidós. * El oficio signado por el Sub Contralor de Evaluación e Investigación, por el cual interpone incidente de medidas cautelares y solicita la suspensión temporal de los quejosos..., hasta en tanto se determine su presunta responsabilidad en el expediente CIM/SEI/118/2022. * El acuerdo de cuatro de julio del año en curso, por el cual la autoridad responsable admite de incidente de medidas cautelares y decreta provisionalmente la consistente en la suspensión temporal del servicio de los quejosos, en ejercicio del cargo que actualmente ocupan como policías adscritos a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México. DESECHAMIENTO Quien resuelve advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario. En efecto, de la intelección de los ordinales antes indicados, se aprecia que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera) los cuales, hacen procedente el juicio de amparo siempre y cuando sus efectos no se puedan reparar en el curso de la instancia de la que derivan o en la propia determinación que decida la contienda, pues en caso contrario, al no poder ser restaurados posteriormente los daños y perjuicios que podrían resentir las personas a los que son dirigidos, impactarían de manera negativa en su esfera jurídica. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado el oficio DGSCYTM/691/2022, de uno de julio de dos mil veintidós, por el cual se inicia la investigación de una presunta comisión de faltas administrativas, así como el diverso signado por el Sub Contralor de Evaluación e Investigación, por el cual interpone el incidente de medidas cautelares consistente en la suspensión temporal de los quejosos Marco Arturo Castillo Cruz y César Augusto Arreola Toledo, hasta en tanto, se determine su presunta responsabilidad en el expediente CIM/SEI/118/2022 y consecuentemente, el auto de cuatro de julio del año en curso, en el que se admite dicho incidente, y se decreta provisionalmente la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de los quejosos, en el ejercicio del cargo con el que actualmente cuentan los policías adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, y el pago del cincuenta por ciento de sus percepciones; así como su comparecencia al procedimiento de la misma fecha. Bajo ese contexto, se considera que los actos que reprocha, se tratan de actos eminentemente de carácter procesal, dado a que no constituyen por sí la resolución de inicio del procedimiento de responsabilidad, sino el inicio de la investigación correspondiente. Lo anterior es así, ya que los actos impugnados derivan de la denuncia interpuesta de manera anónima, y de la cual las autoridades responsables iniciaron una investigación a fin de determinar si hay alguna responsabilidad en contra de los quejosos. Ahora bien, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en sus artículos 1, 2, fracción IV, 3, 4, 9, 10, 95, 98 a 100, 126 y 127, señalan que el objeto de dicha ley es distribuir y establecer la competencia de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que la misma establecerá los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas. Por su parte, la investigación se llevará a cabo por la autoridad investigadora que es la autoridad adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior, así como a las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal, encargadas de la investigación de las faltas administrativas; por faltas graves o no graves, mientras que la autoridad substanciadora adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos internos de control, al Órgano Superior, así como a las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal que, en el ámbito de su competencia, dirigirán y conducirán el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora; por tanto, la Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. En el supuesto de las autoridades investigadoras conocerán, entre otras, de las denuncias anónimas, llevarán a cabo la investigación correspondiente, reuniendo todo el material probatorio, y con base en éste, calificarán la existencia de faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, por lo que deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en la Ley en cita. Durante la investigación podrán imponerse como medidas cautelares, la cual se sustanciará vía incidental, y se podrán dictar, entre otras, la suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable, en el ejercicio del empleo, cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución que la decrete. Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar al mismo tiempo, las medidas necesarias que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos, así como aquéllas que impidan su presentación pública como responsable de la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, el ente público donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. En ese sentido, se considera que en este caso, no se ocasiona una afectación de imposible reparación a los quejosos, ya que la transgresión reclamada no encuadra en las hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo para ser examinado aisladamente en el juicio biinstancial. Aunado a lo anterior, las violaciones de que se duele la parte quejosa pueden quedar insubsistentes, pues todavía existe la posibilidad de que al concluirse la investigación resulte que no se les impute ninguna responsabilidad, y se les pagará las diferencia de los sueldos que dejaron de percibir, situación ante la cual las consecuencias del alegado perjuicio se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en su esfera jurídica. No pasa desapercibido para este juzgador que la parte quejosa estima que se da la causa de excepción señalada en la jurisprudencia PC.II.A. J/24 A (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2652, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (FGJEM), POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SIN TENER QUE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/14 A (10a.)]". No obstante, la misma no es aplicable al caso concreto, ya que se refiere a cuando ya concluyó la etapa de investigación (que es en la que se encuentran los actos reclamados por los quejosos) y se emite el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, pues de seguirse dicho procedimiento de resultar responsables de la falta que se les imputa, puede dar lugar a la destitución, sin que se le pueda reinstalar en su cargo, lo que constituiría una transgresión a sus derechos sustantivos, lo que en el caso no sucede, pues como ya se dijo, aún podrían resultar no responsables en la investigación que desarrolle la contraloría. Entonces, será hasta que en todo caso, los quejosos resulten responsables de alguna falta administrativa durante la investigación; cuando se remita a la comisión substanciadora correspondiente la misma, y se dicte el acuerdo de inicio de procedimiento, el que podrá impugnarse junto con todas las violaciones que se hubieran cometido en la referida investigación. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 de la Segunda Sala, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, página 242, que refiere: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE....". También se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Abril de 2018, página 711, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo." En relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, con fundamento en el numeral 113 de ese cuerpo normativo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Marco Arturo Castillo Cruz y César Augusto Arreola Toledo, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en los términos que indica. REPRESENTANTE COMÚN En atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 13 de le Ley de Amparo, se tiene como represente común a Marco Arturo Castillo Cruz. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; así como a los Secretarios y Actuarios, a supervisar y dar fe de que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, asimismo en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Marco Antonio Alvarado Nava1805/2018
- Marco Antonio Alvarado Nava1828/2018
- Marco Antonio Alvarado Nava1852/2018
- Marco Antonio Ávila Enríquez1145/2022
- Marco Antonio Bajonero Mejía1558/2018
- Marco Antonio Balderas Pérez182/2020
- Marco Antonio Chumacero Ayala821/2018
- Marco Antonio García Acevedo y Otros.370/2019
- Marco Antonio Garcia Bailon117/2019
- Marco Antonio García Bailón902/2019
- Marco Antonio García Bailon y Otros.1342/2019
- Marco Antonio García Bailon948/2018