Marco Antonio Cajigas Vázquez

Expediente 662/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
662/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Cajigas Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el oficio que suscribe el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, téngasele informando que se admitió y registró bajo el número 143/2022, el recurso de queja interpuesto por la quejosa en contra del auto en el que se desechó su demanda de amparo.

  2. Principal

    Visto el ocurso firmado por el quejoso, *************; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la ley de la materia, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de cinco de julio actual, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que presentó. Con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase el informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno. Adjúntese copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.

  3. Principal

    Visto el escrito que suscribe ****************, se le tiene cumpliendo la prevención formulada el veinticuatro de los corrientes. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda y del escrito de cuenta, se advierte una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden oficioso y preferente en términos de los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, tanto en su escrito de demanda como en el escrito aclaratorio, se desprende: a) El quejoso es demandado en el juicio especial hipotecario ********. b) En dicho sumario se dictó sentencia definitiva el cinco de octubre de dos mil veinte, la cual se encuentra firme. c) En ejecución de ella, concretamente en el procedimiento de remate del inmueble materia del crédito, el dieciséis de marzo de dos mil veintidós se verificó la audiencia de remate adjudicándose aquél en favor de un tercero. d) Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de apelación, del que conoció la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato. En fallo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós se confirmó la audiencia impugnada. Éste es el acto reclamado. Cabe destacar que, en el escrito aclaratorio, el quejoso expuso: "Bajo protesta de decir verdad manifiesto: 1. Precise si en la audiencia de remate se emitió algún requerimiento, proveído o mandato relacionado con la escrituración o entrega de posesión del bien, en caso de ser afirmativo, que fue lo que se dictó. Si en torno a la apelación existió pronunciamiento en torno a ese tópico, en caso afirmativo, qué consideró el tribunal de segunda instancia. Manifiesto que en la audiencia de remate no se emitió ningún requerimiento, proveído o mandato relacionado con escrituración o entrega del bien inmueble en litigio. 2. Asimismo, en la resolución de apelación el tribunal de segunda instancia no se emitió ningún requerimiento, proveído o mandato relacionado con escrituración o entrega del bien inmueble en litigio." Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de rubro y texto: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Así como la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), con registro 2011474, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por tanto, se estima que el acto reclamado (descrito en párrafos precedentes) no constituye la última resolución del procedimiento de remate a que se ha hecho referencia, porque si bien constituye la resolución de alzada que confirmó el remate y adjudicación del bien raíz afecto a la causa de origen, lo cierto que esa determinación aún no se pronunció respecto de la entrega o escrituración del bien, acorde con lo narrado por el propio quejoso. De ahí que se considere que aún no es la última resolución reclamable en esta instancia constitucional. De igual modo, conviene señalar que no es inadvertido para este juzgado que la reclamada resolución de segunda instancia conlleva la firmeza legal de la audiencia de remate dictada por la juez de primer grado; sin embargo, se insiste, tal circunstancia no implica en sí, la actualización de la hipótesis normativa en la Ley de Amparo. En esas condiciones, la resolución reclamada no es el último acto en el procedimiento de remate; de modo que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto y tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de remate, aunado a que no vulnera derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, que establece: "Visto el escrito que suscribe ****************, se le tiene cumpliendo la prevención formulada el veinticuatro de los corrientes. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda y del escrito de cuenta, se advierte una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden oficioso y preferente en términos de los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, tanto en su escrito de demanda como en el escrito aclaratorio, se desprende: a) El quejoso es demandado en el juicio especial hipotecario ********. b) En dicho sumario se dictó sentencia definitiva el cinco de octubre de dos mil veinte, la cual se encuentra firme. c) En ejecución de ella, concretamente en el procedimiento de remate del inmueble materia del crédito, el dieciséis de marzo de dos mil veintidós se verificó la audiencia de remate adjudicándose aquél en favor de un tercero. d) Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de apelación, del que conoció la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato. En fallo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós se confirmó la audiencia impugnada. Éste es el acto reclamado. Cabe destacar que, en el escrito aclaratorio, el quejoso expuso: "Bajo protesta de decir verdad manifiesto: 1. Precise si en la audiencia de remate se emitió algún requerimiento, proveído o mandato relacionado con la escrituración o entrega de posesión del bien, en caso de ser afirmativo, que fue lo que se dictó. Si en torno a la apelación existió pronunciamiento en torno a ese tópico, en caso afirmativo, qué consideró el tribunal de segunda instancia. Manifiesto que en la audiencia de remate no se emitió ningún requerimiento, proveído o mandato relacionado con escrituración o entrega del bien inmueble en litigio. 2. Asimismo, en la resolución de apelación el tribunal de segunda instancia no se emitió ningún requerimiento, proveído o mandato relacionado con escrituración o entrega del bien inmueble en litigio." Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de rubro y texto: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Así como la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), con registro 2011474, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por tanto, se estima que el acto reclamado (descrito en párrafos precedentes) no constituye la última resolución del procedimiento de remate a que se ha hecho referencia, porque si bien constituye la resolución de alzada que confirmó el remate y adjudicación del bien raíz afecto a la causa de origen, lo cierto que esa determinación aún no se pronunció respecto de la entrega o escrituración del bien, acorde con lo narrado por el propio quejoso. De ahí que se considere que aún no es la última resolución reclamable en esta instancia constitucional. De igual modo, conviene señalar que no es inadvertido para este juzgado que la reclamada resolución de segunda instancia conlleva la firmeza legal de la audiencia de remate dictada por la juez de primer grado; sin embargo, se insiste, tal circunstancia no implica en sí, la actualización de la hipótesis normativa en la Ley de Amparo. En esas condiciones, la resolución reclamada no es el último acto en el procedimiento de remate; de modo que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto y tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de remate, aunado a que no vulnera derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo."

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