Marco Antonio Bueno Trujillo
Expediente 1507/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1507/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Marco Antonio Bueno Trujillo
- Leticia Silva de la Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Colima, Colima, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente no se considera de relevancia documental, pues según los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita; la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, el problema jurídico planteado no fue impugnado ante organismos públicos internacionales o se trata de un conflicto laboral colectivo; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Por otra parte, Devuélvase a la autoridad responsable el cuaderno de pruebas que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el periodo de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe. NLRV/meug.
- Incidental
Colima, Colima, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original y considerando que fue concedida la suspensión provisional y la definitiva, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) Como el original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de la de este acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de depuración, mientras que el duplicado de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma Espiry Javier Correa Guizar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el periodo de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, que actúa con la Secretaria Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe. NLRV/meug.
- Principal
Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Marco Antonio Bueno Trujillo, por derecho propio, promovió demanda contra las autoridades y los actos que más adelante se precisarán (fojas 02 a 15). II. Admisión y trámite. Mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda de amparo, la que se radicó bajo el número de expediente 1507/2016-III-MU; se solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; se tuvo como Tercero Interesado a Leticia Silva de la Mora, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que se celebró a las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis en los términos del acta que antecede. III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; acuerdo Primero, fracción XXXII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado Federal es competente, en virtud de que la quejosa reclama una resolución dictada para la ejecución de sentencia a saber la interlocutoria de liquidación de gastos y costas de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis en un juicio de naturaleza familiar; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, lo anterior dictado por una autoridad jurisdiccional en materia civil con sede dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXIII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se reclaman, son los siguientes: AUTORIDAD ORDENADORA: -Juez Segundo de lo Familiar de Colima, Colima. ACTO RECLAMADO: -La interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis que resolvió el incidente de liquidación de sentencia de intereses, gastos y costas. Acto que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17, 109, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Existencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. El Juez Segundo de lo Familiar de Colima, Colima en su informe justificado refirió que es cierto el acto reclamado (folio 40). Por tanto, es innegable el acto que se le reclama, de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente 09/2013; documental pública con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicados a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, que contienen la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, respecto de las cuales, este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que las mismas, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página 226 del tomo VI, materia común, parte SCJN, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". VII. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, del cuerpo normativo citado con antelación. El aludido normativo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; ." El precepto legal cuya transcripción precede, prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, en tanto que, los efectos de la resolución del citado recurso ordinario y la que decida el juicio constitucional pueden ser los mismos, esto es, dejar insubsistente el acto materia de inconformidad, o más grave aún, efectos contradictorios, y son precisamente ambas situaciones las que pretende evitar el principio de definitividad consagrado en el normativo anotado. El quejoso señaló como acto reclamado la interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 09/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido de Colima, en la que se resolvió el incidente de liquidación de sentencia respecto de los intereses, gastos y costas. Ahora bien, de las constancias que el juez responsable, anexó a su informe con justificación consistente en copia certificada del aludido juicio, se advierte que el aquí quejoso, por escrito presentado ante la autoridad responsable el dos de septiembre del año en curso, interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria reclamada (fojas 874 a 885 del tomo de pruebas), el cual fue admitido en el efecto devolutivo de tramitación inmediata en auto de veintiséis de septiembre del citado año (fojas 942 a 945 del tomo de pruebas). Lo anterior, revela, que contra la misma determinación aquí controvertida, se está tramitando un recurso de apelación a través del cual el quejoso puede obtener la revocación o modificación de la interlocutoria reclamada. En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la consideración anterior, en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 3/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 292 del Tomo XXXI, Abril de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época, número de registro 164702 de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste". El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación propuestos en la demanda, al constituir un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que ello genere agravio alguno al quejoso, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Al respecto se invoca el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencia que con el número 1028, se publica en la página 708, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro número 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios jurisprudenciales invocados en esta determinación no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo número 1507/2016-III-MU promovido por MARCO ANTONIO BUENO TRUJILLO contra los actos y autoridades precisados en el apartado denominado: "V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados", por las razones contenidas en el capítulo denominado: "Análisis de causas de improcedencia.". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy cinco de diciembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante José Cruz Orozco Llamas, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL TERCERO INTERSADO DE LA SENTENCIA DE CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: se R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo número 1507/2016-III-MU promovido por MARCO ANTONIO BUENO TRUJILLO contra los actos y autoridades precisados en el apartado denominado: "V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados", por las razones contenidas en el capítulo denominado: "Análisis de causas de improcedencia.".
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