Marco Antonio Betancourt Farrel
Expediente 410/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/07/2019
Partes del expediente
- Marco Antonio Betancourt Farrel
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vistas las certificaciones que anteceden y el estado de autos, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso por acuerdo de catorce del mes en curso, para que manifestara si ratificaba el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado en esa fecha, transcurrió del diecinueve al veintiuno del mes en cita, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó en el auto de referencia, esto es, se continuará el juicio de amparo hasta su culminación, de conformidad con el numeral 63 fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia. Asimismo, el plazo de cinco días concedido al amparista para desahogar la prevención formulada en auto de cuatro del mes en cita, transcurrió del siete al trece del mes que transcurre, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó, por lo que se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó, esto es, se proveerá por la autoridad que no fue materia de la citada prevención. Ahora, de la demanda se advierte que el quejoso reclama la ejecución de la orden de detención, presentación o comparecencia, que atribuye al jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .". Bajo este marco jurídico, es claro que los Tribunales de la Federación conocen de los juicios de amparo contra normas generales, actos u omisiones, de las autoridades que violen derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección; esto es, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que el ente del Estado contra el que se sigue el juicio, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Por tanto, es incuestionable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia aludida, toda vez que no es jurídicamente posible admitir la demanda respecto de la ejecución de una orden como la reclamada, si las autoridades que fueron señaladas como ordenadoras -quienes pudieron haberla emitido-, no fueron emplazadas al presente controvertido, más aún cuando dicha ejecución no se reclama por vicios propios. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual desiste de la demanda que dio origen a este juicio. En ese sentido, la parte quejosa tiene el derecho para desistir de la acción o de la instancia en cualquier momento, hasta en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada, lo cual no ha sucedido en este controvertido; por tanto, con fundamento en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que el derecho para desistirse prevalece. Es orientadora la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, cuyo rubro establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". En consecuencia, a fin de proveer lo conducente, requiérase al justiciable para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca en este órgano de control constitucional debidamente identificado, para que manifieste si ratifica el escrito de referencia, apercibido que de no hacerlo, se continuará el juicio de amparo hasta su culminación, de conformidad con el numeral 63 fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Marco Antonio Betancourt Farrel, contra actos del jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 410/2019. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consiste, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirla o subsanarla, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al quejoso para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane la irregularidad en que incurrió, esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, los motivos por los que señala como autoridades responsables a la procuradora, subprocurador de Averiguaciones Concentradas y subprocurador de Averiguaciones Desconcentradas, todos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Lo anterior es así, porque si bien de los antecedentes que narra refirió que ".se presentaron en su domicilio particular, diversas personas que dijeron ser Policías de Investigación manifestando a las personas que les atendieron, 'que buscaban a MARCO ANTONIO BETANCOURT FARREL y tenían una Orden que ejecutar en su contra, por lo que iban por él para detenerlo, y llevarlo ante una autoridad', sin precisar qué tipo de Orden ejecutarían ni ante que autoridad la llevarían.", también lo es que no se advierte la intervención de dichas autoridades en los actos reclamados. Circunstancia que se considera indispensable que la parte quejosa aclare, a efecto de establecer correctamente la materia de la litis que en su caso será motivo de estudio; aunado al hecho de que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) en oportunidad de conocer con precisión el o los actos que se le(s) atribuye(n) y rendir debidamente su informe justificado. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que en este momento resulta legalmente imposible pronunciarse en cuanto a si es procedente o no, medularmente por la forma en que está redactada. Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79 de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo, como es la indicación de las autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el justiciable, no así sus autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere determinadas facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde a los titulares de la acción constitucional de amparo, aunado a la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión de que con el original del escrito de desahogo deberá exhibir tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se proveerá únicamente por lo que hace a la autoridad que no fue motivo de la presente prevención. Por otro lado, como se solicita, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud de haberse señalado para tal efecto los estrados, asimismo, téngase como autorizado en los términos que se precisan a la persona de la que se proporcionaron los datos para ejercer la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia.
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