Marco Antonio Bernladez Serrano

Expediente 450/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
450/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2016

Partes del expediente

  • Marco Antonio Bernladez Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remite copia certificada de testimonio de la resolución de cuatro de julio del año en curso, referente al recurso de queja 44/2016, interpuesto por el quejoso Marco Antonio Bernáldez Serrano, en el que resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por MARCO ANTONIO BERNÁLDEZ SERRANO." Acúsese de recibo. Por otra parte, en atención a lo expuesto, archívese el presente sumario como asunto concluido. Por tanto, de conformidad con la certificación que antecede y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se desecho la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por la apoderada legal del quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de ocho de los cursantes, en el cual se desechó la demanda de amparo. Con copia del escrito de expresión de agravios y de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se hace la aclaración de que este órgano jurisdiccional no otorga el trámite al que se refiere el artículo 101 de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del auto recurrido, y estado procesal de los autos, pues no se ha llamado a juicio a parte alguna diversa a la aquí quejosa.

  3. Principal

    Radicación. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve ****, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otra autoridad, que los hace consistir en los siguientes: La conducta procesal del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, dentro de la diligencia de embargo de fecha tres de diciembre de dos mil quince. La resolución de veintinueve de enero de enero de dos mil dieciséis, por la cual la junta responsable determinó declarar infundado e improcedente el recurso de revisión contra los actos del Actuario adscrito dentro del Juicio laboral J.4/345/2011. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), fórmese expediente bajo el número 450/2016. Desechamiento, Ahora bien, en primer término, del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso, se duele substancialmente de dos actos reclamados, y son la conducta procesal del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, dentro de la diligencia de embargo de fecha tres de diciembre de dos mil quince dentro del juicio laboral J.4/345/2011 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, así como la resolución de veintinueve de enero de enero de dos mil dieciséis, por la cual la junta responsable determinó declarar infundado e improcedente el recurso de revisión contra los actos del Actuario adscrito dentro del Juicio laboral J.4/345/2011. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así, en relación a los actos reclamados señalados como la conducta procesal del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, dentro de la diligencia de embargo de fecha tres de diciembre de dos mil quince dentro del juicio laboral J.4/345/2011 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, así como la resolución de veintinueve de enero de enero de dos mil dieciséis, por la cual la junta responsable determinó declarar infundado e improcedente el recurso de revisión contra los actos del Actuario adscrito dentro del Juicio laboral J.4/345/2011; tales determinaciones no se refieren a la última resolución en el procedimiento de cumplimiento de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución de sentencia que se emiten para llevar a cabo la diligencia en comento a fin de que se tenga por debidamente cumplimentado el fallo que se encuentra firme y resolvió el fondo de la controversia. Debe entenderse con la frase "última resolución", que se recoge en el actual artículo 107 fracción IV de la nueva Ley de Amparo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Entonces, al tratarse el acto aquí reclamado consistente en la resolución de veintinueve de enero de enero de dos mil dieciséis, por la cual la junta responsable determinó declarar infundado e improcedente el recurso de revisión contra los actos del Actuario adscrito dentro del Juicio laboral J.4/345/2011; y atendiendo a que la promovente manifiesta el acto reclamado fue el declarar infundado e improcedente el recurso de revisión contra los actos del actuario promovido dentro del juicio laboral de referencia, dentro de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de tres de diciembre de dos mil quince, por tanto, que se estima que el acuerdo que se reclama no es el último dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia dictado por la junta responsable. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias pronunciadas para la ejecución de la sentencia firme, entre ellas el acto reclamado, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del que derivó el incidente de la liquidación de la sociedad conyugal, cuando la peticionaria de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Se trae a contexto el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por las consideraciones que expone: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías. (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Octubre de 2009; Pág. 1345.) Asimismo apoya tal criterio la tesis I.13o.T. J/10 (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro 2011342, la cual refiere lo siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución. Cabe destacar que la finalidad que se persigue con este criterio, es el de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º, 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1º, 3º, 5º, 7º y 8º del Reglamento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida que ello no impida conocer el criterio sostenido; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano