Marco Antonio Bello Solis

Expediente 327/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
327/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Bello Solis
  • Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 205 a 208), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecisiete de julio al seis de agosto de la presente anualidad, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en el duplicado de la causa penal 486/2016 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte tercera interesada o alguno de sus autorizados, deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para que le sea devuelta la documental que adjuntó a su escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 38 a 41); consistente en un disco compacto que obra agregado en un sobre cerrado a foja cincuenta y tres de autos, apercibida que de no hacerlo éste podrá ser depurado junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.

  2. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIA DEL CARMEN MUÑOZ CARMONA POR SI, Y EN REPRESENTACION DE LAS MENORES DE INICIALES D.B.M., Y E. B.M., LA RESOLUCION DE SIETE DE AGOSTO DE 2019, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 205 a 208), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecisiete de julio al seis de agosto de la presente anualidad, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en el duplicado de la causa penal 486/2016 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte tercera interesada o alguno de sus autorizados, deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para que le sea devuelta la documental que adjuntó a su escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 38 a 41); consistente en un disco compacto que obra agregado en un sobre cerrado a foja cincuenta y tres de autos, apercibida que de no hacerlo éste podrá ser depurado junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a la ejecutoria de amparo; la cual no fue desahogada por las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En ese sentido, debe precisarse que por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 61 a 85), se concedió el amparo en los siguientes términos: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Marco Antonio Bello Solís, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 486/2016, contra Marco Antonio Bello Solís, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada calificada, previsto y sancionado por los artículos 269, fracción I, 272, fracción III, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de la menor D.B.M.; y, violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 Bis, 284 Quater en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de María del Carmen Muñoz Carmona y de las menores D.B.M. y E.B.M 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a) Deberá respetar la congruencia interna que debe prevalecer en toda resolución judicial y evitar realizar expresiones contradictorias entre sí o invocar artículos que no resulten aplicables al caso particular, según lo expresado en el apartado I del considerando respectivo. b) Realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, y motivar la actualización de cada uno de ellos, señalando en todo caso las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito, para lo cual deberá atender lo establecido en el apartado II del considerado que antecede. 3. Notificar dicha resolución a Marco Antonio Bello Solís. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten." (Fojas 82 vuelta a 83). En acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 109 y 110), la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. Por oficio 1233/2019/S-PAR de catorce de junio de dos mil diecinueve (foja 120), el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, envió a este juzgado copia certificada de la determinación judicial que emitió en esa misma fecha en la causa penal 486/2016 de su índice (fojas 121 a 138); pero de su análisis, esta autoridad advirtió que la autoridad responsable citada no se ajustó a los efectos del fallo protector, por lo que en acuerdo de diecisiete de junio del año en curso (foja 139 a 142) se requirió al juez penal citado para que cumpliera cabalmente con el fallo protector. Así, mediante oficio 1283/2019/S-PAR de veinte de junio de dos mil diecinueve, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada del auto de término constitucional dictado en esa fecha, en la causa penal citada (fojas 153 a 169); pero como el referido juez omitió enviar la constancia de notificación de ese auto al aquí quejoso, por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 170), se requirió a la autoridad responsable mencionada para que hiciera llegar a este juzgado las constancias respectivas. En cumplimiento a tal requerimiento, por oficio 1303/2019/S-PAR de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el juez penal aludido, remitió copia certificada del auto de formal prisión mencionado y su respectiva notificación al aquí quejoso (fojas 174 a 195) Documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 486/2016, contra Marco Antonio Bello Solís; así como la diversa determinación de catorce de junio del mismo año, con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo (foja 153). 2. Con la libertad de jurisdicción que se le concedió, resolvió la situación jurídica del peticionario de amparo y pronunció una resolución en el mismo sentido que la reclamada, ya que dictó auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada calificada, previsto y sancionado por los artículos 269, fracción I, 272, fracción III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de la menor D.B.M.; y, violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 Bis, 284 Quater en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de María del Carmen Muñoz Carmona y de las menores D.B.M. y E.B.M, pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia, como a continuación se explica: a) Respetó la congruencia interna que debe prevalecer en toda resolución judicial ya que evitó realizar expresiones contradictorias entre sí o invocar artículos que no resulten aplicables al caso particular. Se estima de esa manera ya que, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia de amparo, dejó de hacer referencia a la existencia de cópula, y precisó que tuvo por acreditado el ilícito de violación equiparada con la acción consistente en la introducción de dos dedos en la vagina de la pasivo. De igual manera, señaló que el evento que le reprocha relativo a la violación equiparada fue el sucedido en el mes de febrero de dos mil catorce (foja 161). Así mismo, en el apartado concerniente al delito de violencia familiar, citó los artículos que prevén dicho injusto penal y dejó de invocar algún otro que no resulte aplicable. b) Realizó el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, y motivó la actualización de cada uno de ellos; al respecto expresó que los elementos que lo conforman son (foja 161 vuelta): a) Una agresión física o moral de manera individual o reiterada; b) que se ejercite contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma; c) que cause afectación física o psicológica o ambas, independientemente de que pueda producir una afectación orgánica; d) que el sujeto activo tenga el carácter de cónyuge, concubino, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptado, adoptante, madrastra, padrastro hijastra, hijastro, pupila, pupila o tutor; y, e) que se encuentre habitando la misma casa que la víctima. Elementos que el juez de la causa tuvo por acreditados con los testimonios de las agraviadas M.D.C.M.C. (concubina), D.M.B. y E.B.M. (hijas); quienes coincidentemente refirieron que durante el tiempo que cohabitaron con Marco Antonio Bello Solís, éste las agredió verbal y físicamente, ya que en repetidas ocasiones las insultó e incluso golpeó, sobre todo cuando el activo se encontraba en estado de ebriedad, lo que sucedió en forma reiterada hasta el mes de febrero de dos mil catorce, cuando las víctimas dejaron de vivir con el activo (fojas 163 vuelta y 164). Así mismo, con los testimonios de Francisco Javier Ramírez Peralta y Edgar Muñoz Herrera, tuvo por demostrada la relación sentimental que unía a Marco Antonio Bello Solís, con la víctima, ya que, aun cuando los atestes no presenciaron en forma directa las agresiones, el juez consideró útiles sus relatos para ilustrarlo sobre la relación de concubinato sostenida entre el activo y la pasivo M.D.C.M.C., y que de esa unión procrearon a dos hijas identificadas como D.M.B. y E.B.M., que cohabitaron en familia hasta que la primera de las nombradas decidió separarse de él debido a las constantes agresiones que refirieron (fojas 164 vuelta y 165). Por cuanto hace al vínculo familiar entre Marco Antonio Bello Solís y las menores D.M.B. y E.B.M., el juez tuvo por acreditado el entroncamiento familiar con las respectivas actas de nacimiento de las víctimas (foja 165). Finalmente, el juez penal responsable expresó que la afectación psicológica de las víctimas se encuentra demostrada con los dictámenes en psicología 435/2018, 3705/2018 y 201/208, que le fueron practicados a M.D.C.M.C., D.M.B. y E.B.M., respectivamente; así como con los estudios en trabajo social 1935/2018 y 1866/2018 realizados a las dos primeras personas mencionadas (fojas 165 vuelta 166). 3. El veinte de junio de dos mil diecinueve, notificó el auto de término constitucional que se analiza al quejoso Marco Antonio Bello Solís (foja 194). En tal virtud, es evidente que el juez penal responsable purgó los vicios formales destacados en la sentencia. Por ello, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIA DEL CARMEN MUÑOZ CARMONA POR SI Y EN REPRESENTACION DE LAS MENORES D.B.M., y E.B.M., LA RESOLUCION DE NUEVE DE JULIO DE 2019, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a la ejecutoria de amparo; la cual no fue desahogada por las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En ese sentido, debe precisarse que por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 61 a 85), se concedió el amparo en los siguientes términos: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Marco Antonio Bello Solís, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 486/2016, contra Marco Antonio Bello Solís, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada calificada, previsto y sancionado por los artículos 269, fracción I, 272, fracción III, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de la menor D.B.M.; y, violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 Bis, 284 Quater en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de María del Carmen Muñoz Carmona y de las menores D.B.M. y E.B.M 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a) Deberá respetar la congruencia interna que debe prevalecer en toda resolución judicial y evitar realizar expresiones contradictorias entre sí o invocar artículos que no resulten aplicables al caso particular, según lo expresado en el apartado I del considerando respectivo. b) Realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, y motivar la actualización de cada uno de ellos, señalando en todo caso las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito, para lo cual deberá atender lo establecido en el apartado II del considerado que antecede. 3. Notificar dicha resolución a Marco Antonio Bello Solís. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten." (Fojas 82 vuelta a 83). En acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 109 y 110), la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. Por oficio 1233/2019/S-PAR de catorce de junio de dos mil diecinueve (foja 120), el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, envió a este juzgado copia certificada de la determinación judicial que emitió en esa misma fecha en la causa penal 486/2016 de su índice (fojas 121 a 138); pero de su análisis, esta autoridad advirtió que la autoridad responsable citada no se ajustó a los efectos del fallo protector, por lo que en acuerdo de diecisiete de junio del año en curso (foja 139 a 142) se requirió al juez penal citado para que cumpliera cabalmente con el fallo protector. Así, mediante oficio 1283/2019/S-PAR de veinte de junio de dos mil diecinueve, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada del auto de término constitucional dictado en esa fecha, en la causa penal citada (fojas 153 a 169); pero como el referido juez omitió enviar la constancia de notificación de ese auto al aquí quejoso, por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 170), se requirió a la autoridad responsable mencionada para que hiciera llegar a este juzgado las constancias respectivas. En cumplimiento a tal requerimiento, por oficio 1303/2019/S-PAR de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el juez penal aludido, remitió copia certificada del auto de formal prisión mencionado y su respectiva notificación al aquí quejoso (fojas 174 a 195) Documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 486/2016, contra Marco Antonio Bello Solís; así como la diversa determinación de catorce de junio del mismo año, con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo (foja 153). 2. Con la libertad de jurisdicción que se le concedió, resolvió la situación jurídica del peticionario de amparo y pronunció una resolución en el mismo sentido que la reclamada, ya que dictó auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada calificada, previsto y sancionado por los artículos 269, fracción I, 272, fracción III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de la menor D.B.M.; y, violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 Bis, 284 Quater en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de María del Carmen Muñoz Carmona y de las menores D.B.M. y E.B.M, pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia, como a continuación se explica: a) Respetó la congruencia interna que debe prevalecer en toda resolución judicial ya que evitó realizar expresiones contradictorias entre sí o invocar artículos que no resulten aplicables al caso particular. Se estima de esa manera ya que, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia de amparo, dejó de hacer referencia a la existencia de cópula, y precisó que tuvo por acreditado el ilícito de violación equiparada con la acción consistente en la introducción de dos dedos en la vagina de la pasivo. De igual manera, señaló que el evento que le reprocha relativo a la violación equiparada fue el sucedido en el mes de febrero de dos mil catorce (foja 161). Así mismo, en el apartado concerniente al delito de violencia familiar, citó los artículos que prevén dicho injusto penal y dejó de invocar algún otro que no resulte aplicable. b) Realizó el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, y motivó la actualización de cada uno de ellos; al respecto expresó que los elementos que lo conforman son (foja 161 vuelta): a) Una agresión física o moral de manera individual o reiterada; b) que se ejercite contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma; c) que cause afectación física o psicológica o ambas, independientemente de que pueda producir una afectación orgánica; d) que el sujeto activo tenga el carácter de cónyuge, concubino, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptado, adoptante, madrastra, padrastro hijastra, hijastro, pupila, pupila o tutor; y, e) que se encuentre habitando la misma casa que la víctima. Elementos que el juez de la causa tuvo por acreditados con los testimonios de las agraviadas M.D.C.M.C. (concubina), D.M.B. y E.B.M. (hijas); quienes coincidentemente refirieron que durante el tiempo que cohabitaron con Marco Antonio Bello Solís, éste las agredió verbal y físicamente, ya que en repetidas ocasiones las insultó e incluso golpeó, sobre todo cuando el activo se encontraba en estado de ebriedad, lo que sucedió en forma reiterada hasta el mes de febrero de dos mil catorce, cuando las víctimas dejaron de vivir con el activo (fojas 163 vuelta y 164). Así mismo, con los testimonios de Francisco Javier Ramírez Peralta y Edgar Muñoz Herrera, tuvo por demostrada la relación sentimental que unía a Marco Antonio Bello Solís, con la víctima, ya que, aun cuando los atestes no presenciaron en forma directa las agresiones, el juez consideró útiles sus relatos para ilustrarlo sobre la relación de concubinato sostenida entre el activo y la pasivo M.D.C.M.C., y que de esa unión procrearon a dos hijas identificadas como D.M.B. y E.B.M., que cohabitaron en familia hasta que la primera de las nombradas decidió separarse de él debido a las constantes agresiones que refirieron (fojas 164 vuelta y 165). Por cuanto hace al vínculo familiar entre Marco Antonio Bello Solís y las menores D.M.B. y E.B.M., el juez tuvo por acreditado el entroncamiento familiar con las respectivas actas de nacimiento de las víctimas (foja 165). Finalmente, el juez penal responsable expresó que la afectación psicológica de las víctimas se encuentra demostrada con los dictámenes en psicología 435/2018, 3705/2018 y 201/208, que le fueron practicados a M.D.C.M.C., D.M.B. y E.B.M., respectivamente; así como con los estudios en trabajo social 1935/2018 y 1866/2018 realizados a las dos primeras personas mencionadas (fojas 165 vuelta 166). 3. El veinte de junio de dos mil diecinueve, notificó el auto de término constitucional que se analiza al quejoso Marco Antonio Bello Solís (foja 194). En tal virtud, es evidente que el juez penal responsable purgó los vicios formales destacados en la sentencia. Por ello, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.

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