Marco Antonio Bautista Cruz

Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
949/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Bautista Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA. Al haber trascurrido la temporalidad prevista en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya impugnado dicho proveído, se declara que el mismo ha causado ESTADO. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. ...II

  2. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Téngase por recibido el oficio 17148, signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, al que adjunta el expediente relativo al juicio de amparo 912/2021-2, de su índice, promovido por Marco Antonio Bautista Cruz, contra un acto de la Jueza Penal de Control adscrita al Tercer Circuito Judicial, con residencia en Tula de Allende, Hidalgo, consistente en la prolongación por un año más de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se ordenó en audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 119/2018. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número de orden 949/2021-II. Acúsese el recibo de estilo. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XV y XVII, de la Constitución Federal; y 1, fracción I, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, se ordena girar oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, a fin de que, para efectos estadísticos y compensación de cargas de trabajo, registre la demanda a favor de este órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respecto del acto reclamado consistente en la prolongación por un año más de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se ordenó en audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 119/2018; esto, al advertirse que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se advierten los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, siendo estos: a) Desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, lapso que en el presente caso debe observarse, ya que en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral, pues el acto reclamado consiste en la prolongación por un año más de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se ordenó en audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 119/2018. Entonces, el término para la promoción de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada. Así el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: Artículo 67. (.) Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. (.) Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Artículo 94. (.) Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación. De la lectura del escrito aclaratorio de la demanda de cuenta, se advierte que la prisión preventiva oficiosa que se impuso al quejoso venció el veintiuno de junio hogaño, por lo alega que dicha medida cautelar se ha excedido en su duración por más de dos años, y que al veintiuno de junio de esta anualidad se cumplieron tres años. Asimismo, que el nueve de junio de dos mil veintiuno, se celebró una audiencia especial de prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la cual la Jueza de Control de Tercer Circuito Judicial, con sede en Tula de Allende, Hidalgo, determinó ampliar ese periodo por un año más, al considerar que los tres años que ha durado dicha medida cautelar se deben a que la defensa del quejoso ha promovido amparos que concluyeron en la reposición del procedimiento. En ese sentido, en términos del artículo 82, fracción I, inciso a, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nueve de junio de dos mil veintiuno, que es cuando se celebró la audiencia especial, es la data que se tomará como fecha de notificación. De manera que ésta surte efectos al día hábil siguiente, en términos del artículo 67 de ese código; por lo que la misma surtió efectos el diez de junio de dos mil veintiuno. Así, el término para la promoción del juicio de amparo inició al día hábil siguiente, es decir, el once del mismo mes y año. Entonces, dicho plazo transcurrió del once de junio al uno de julio del año en curso. Sin embargo, la demanda de amparo fue promovida fuera del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que fue presentada hasta el quince de julio de dos mil veintiuno en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, según se advierte del sello fechador. Lo que conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable por su relación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En ese orden de ideas, procede desechar la demanda promovida por Marco Antonio Bautista Cruz, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como tal el ubicado en calle Río Grijalba número 224, colonia ISSSTE, en Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Ampro a Óscar Rosalía Catalán Quiroz; y, únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Julia Ivette Trejo Almaraz, toda vez que no se encontró su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF); de igual forma a Francisco Fernando Ángeles Baños y Patricia Hernández Ballesteros. TELÉFONO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene al quejoso proporcionando los siguientes: 7712073517; y juliaivette79@gmail.com En el entendido que dichos medios de comunicación no sustituyen el domicilio procesal, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. NO SE ENCONTRÓ REGISTRO DE USUARIO. Sin que haya lugar a acordar de conformidad la solicitud de autorizar la consulta del expediente electrónico a través del usuario CatalnQ, que señala el amparista, toda vez que el mismo no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...II

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Téngase por recibido el oficio 17148, signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, al que adjunta el expediente relativo al juicio de amparo 912/2021-2, de su índice, promovido por Marco Antonio Bautista Cruz, contra un acto de la Jueza Penal de Control adscrita al Tercer Circuito Judicial, con residencia en Tula de Allende, Hidalgo, consistente en la prolongación por un año más de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se ordenó en audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 119/2018. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número de orden 949/2021-II. Acúsese el recibo de estilo. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XV y XVII, de la Constitución Federal; y 1, fracción I, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, se ordena girar oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, a fin de que, para efectos estadísticos y compensación de cargas de trabajo, registre la demanda a favor de este órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respecto del acto reclamado consistente en la prolongación por un año más de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se ordenó en audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 119/2018; esto, al advertirse que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se advierten los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, siendo estos: a) Desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, lapso que en el presente caso debe observarse, ya que en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral, pues el acto reclamado consiste en la prolongación por un año más de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se ordenó en audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 119/2018. Entonces, el término para la promoción de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada. Así el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: Artículo 67. (.) Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. (.) Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Artículo 94. (.) Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación. De la lectura del escrito aclaratorio de la demanda de cuenta, se advierte que la prisión preventiva oficiosa que se impuso al quejoso venció el veintiuno de junio hogaño, por lo alega que dicha medida cautelar se ha excedido en su duración por más de dos años, y que al veintiuno de junio de esta anualidad se cumplieron tres años. Asimismo, que el nueve de junio de dos mil veintiuno, se celebró una audiencia especial de prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la cual la Jueza de Control de Tercer Circuito Judicial, con sede en Tula de Allende, Hidalgo, determinó ampliar ese periodo por un año más, al considerar que los tres años que ha durado dicha medida cautelar se deben a que la defensa del quejoso ha promovido amparos que concluyeron en la reposición del procedimiento. En ese sentido, en términos del artículo 82, fracción I, inciso a, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nueve de junio de dos mil veintiuno, que es cuando se celebró la audiencia especial, es la data que se tomará como fecha de notificación. De manera que ésta surte efectos al día hábil siguiente, en términos del artículo 67 de ese código; por lo que la misma surtió efectos el diez de junio de dos mil veintiuno. Así, el término para la promoción del juicio de amparo inició al día hábil siguiente, es decir, el once del mismo mes y año. Entonces, dicho plazo transcurrió del once de junio al uno de julio del año en curso. Sin embargo, la demanda de amparo fue promovida fuera del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que fue presentada hasta el quince de julio de dos mil veintiuno en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, según se advierte del sello fechador. Lo que conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable por su relación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En ese orden de ideas, procede desechar la demanda promovida por Marco Antonio Bautista Cruz, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como tal el ubicado en calle Río Grijalba número 224, colonia ISSSTE, en Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Ampro a Óscar Rosalía Catalán Quiroz; y, únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Julia Ivette Trejo Almaraz, toda vez que no se encontró su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF); de igual forma a Francisco Fernando Ángeles Baños y Patricia Hernández Ballesteros. TELÉFONO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene al quejoso proporcionando los siguientes: 7712073517; y juliaivette79@gmail.com En el entendido que dichos medios de comunicación no sustituyen el domicilio procesal, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. NO SE ENCONTRÓ REGISTRO DE USUARIO. Sin que haya lugar a acordar de conformidad la solicitud de autorizar la consulta del expediente electrónico a través del usuario CatalnQ, que señala el amparista, toda vez que el mismo no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...II

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano