Marco Antonio Barrón Ávila

Expediente 1312/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1312/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio Barrón Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ******la, hubiese recurrido el acuerdo dictado el tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....IV

  2. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1312/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, no pasa desapercibido para este juzgador, la irregularidad advertida en la demanda de amparo que nos ocupa al no verter capítulo de acto reclamado; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de que se trata, se evidencia que el acto lo constituye el retiro forzoso del servicio activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas mismo que se efectuará hasta el cinco de octubre actual, sin que haya lugar a realizar prevención al respecto, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia en estricto acatamiento de lo consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se procede a proveer sobre la demanda planteada. En esa tesitura, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el promovente impugna la baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas a partir del cinco de octubre de dos mil diecisiete. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los antecedentes del acto reclamado: Que el quejoso Marco Antonio Barrón Ávila, que ingresó a prestar sus servicios como cadete en el Heroico Colegio Militar a partir del dieciséis de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. En la actualidad se ostenta con el grado militar de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, agregado al Cuartel General de la 17/a. zona militar, con sede en esta ciudad de Querétaro. Que se le inició el procedimiento administrativo de retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas por la causal de retiro forzoso por edad límite y el ocho de septiembre del presente año, en atención a su escrito de cancelar su trámite de retiro se le hizo de su conocimiento que no era factible acordar de conformidad, toda vez que el cinco de octubre de la presente anualidad, cumplirá sesenta y tres años, edad límite establecida para los Generales de Brigada para permanecer en el Instituto Armado y dicho trámite no puede ser cancelado ni suspendido. Además se le hizo de su conocimiento que le fue considerada la condecoración de perseverancia extraordinaria y no así la condecoración de perseverancia, en virtud de que su tiempo de servicio fue interrumpido, por encontrarse sujeto a proceso dentro de la causa penal 96/2014 que se le instruyó en el Juzgado 4/° Militar adscrito a la I Región Militar, misma que posteriormente fue radicada ante el Juzgado 1/° de la misma región bajo el número 07/2017, cesado por el delito de abuso de autoridad, y condenado a dos meses veinte días de prisión. Así las cosas, el seis de septiembre actual, entre otras cuestiones se dictaminó someter a consideración de la Junta Directiva en uso de las atribuciones que le confiere la ley de la materia, emitir resolución conforme derecho, razón por la cual el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se le concedió el plazo de quince días, contados partir del día siguiente en que reciba la resolución con apego al artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que manifieste su conformidad o inconformidad directamente ante el ISSFAM. En ese contexto, el acto reclamado no tiene una ejecución inminente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, en vigor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del quejoso; y, por otro lado el acto de que se duele no es real y actual, esto es se trata de un acto futuro e incierto, como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". En esa virtud, en el caso se advierte que el acto reclamado por un lado no afecta al impetrante y, por otro lado, tampoco se trata de un acto real y actual en su esfera de derechos. Lo anterior se considera así, en virtud de que el propio quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que el cinco de octubre de dos mil diecisiete, se le dará de baja en el servicio activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, toda vez que en esa fecha cumplirá sesenta y tres años, edad límite para permanecer en el activo, sin embargo de los anexos que remite se desprende que efectivamente en esa data se le dará de baja, empero, además se le concedió un plazo de quince días para que manifieste su conformidad o inconformidad directamente ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que hasta el momento no es dable decir que el acto que se combate por esta vía le cause algún perjuicio, toda vez que aún está en la posibilidad de inconformarse. Por tanto, resulta indudable que el acto reclamado es futuro, probable e incierto, pues de lo manifestado se advierte que a la fecha no lo han cesado de su servicio en la Fuerzas Armadas Mexicanas. Lo anterior, cuenta habida que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según considera el quejoso las autoridades responsables llevarán a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Es aplicable la tesis aislada XX.308 K, Octava Época, con número de registro 209001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, visible en la página 138, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Por tanto, bajo ese orden de ideas, resulta evidente que el quejoso sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra el posible cese de su servicio para las Fuerzas Armadas Mexicanas, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Por lo que, en todo caso será hasta que las autoridades responsables le hagan de su conocimiento que hay una resolución definitiva que resuelva sobre el retiro del quejoso de las Fuerzas Armadas Mexicanas, será el momento cuando el aquí quejoso se encuentre legitimado para impugnar su legalidad o constitucionalidad. De ahí que se insiste, a la fecha de la presentación de la demanda no existe perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso. Aunado a lo anterior, se actualiza la diversa hipótesis de inejercitabilidad del juicio de amparo prevista en el artículo 107, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, a contrario sensu que señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede : . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y." Lo anterior, porque la resolución de procedencia de retiro por edad límite, emitida el seis de septiembre actual, por la Junta Directiva del citado Instituto, no puede combatirse por sí sola a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que aún no es una resolución definitiva, además de que se le concedió un plazo de quince días para que manifieste su conformidad o inconformidad, siendo hasta ese momento procedente el amparo. Aunado a que para poner a un militar en situación de retiro deben colmarse cuatro etapas, a saber: 1.- Declaración de procedencia de retiro; 2.- Otorgamiento del beneficio económico; 3.- Sanción del beneficio económico; y, 4.- La emisión de la orden de baja en el servicio activo y alta en situación de retiro. Por lo que si en el caso únicamente se satisface la etapa 1 concerniente a la declaración de procedencia, la cual se advierte no causa todavía una ejecución de imposible reparación por ser susceptible de recurrirse en sede administrativa y porque faltan de colmarse las etapas siguientes, luego, se advierte que en el caso no se impugna todavía una resolución definitiva la cual existirá hasta que se emita, en su caso, una orden de baja en el servicio activo y alta en situación de retiro cuando el quejoso pueda acudir al juicio de amparo con la posibilidad de controvertir todo el procedimiento que le dio origen. De tal manera que, el inicio y trámite administrativo de retiro, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, no irrogan perjuicio al quejoso, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando se haya emitido la resolución definitiva, tal y como lo establece el artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues todavía está en la posibilidad de inconformarse de la determinación de procedencia de retiro a través del recurso de reconsideración, previo a la promoción del juicio de amparo. Da sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, determinó en la Jurisprudencia 2a./J. 154/2013, con número de registro 2005147, visible en la página 698, Diciembre de 2013, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, lo siguiente: "INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉLLA NO ES LA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR A UN MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO. De acuerdo con los artículos 4o., fracción IX, 21, 186 a 188, 193, 194, 196 y 198 a 202 de la citada ley, el procedimiento administrativo para poner a un militar en situación de retiro se integra de 4 etapas, a saber: 1) declaración de procedencia de retiro; 2) otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3) sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, 4) orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. En consecuencia, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la resolución dictada en la inconformidad prevista en el citado artículo 188, en la que el Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional declara la procedencia de retiro del militar, que constituye únicamente la satisfacción de la etapa 1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, toda vez que dicha resolución no es la definitiva en el procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro, porque éste culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda. En ese sentido, el hecho de que el militar no combata, a través del juicio de amparo indirecto, la resolución dictada en el recurso de inconformidad, no significa que esté consintiendo la declaración de procedencia de retiro, la cual podrá impugnar al momento de promover amparo contra la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, con la que culmina el procedimiento." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia inmersas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción I, 6 y 61, fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Leopoldo Pérez y a los diversos que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso J), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído.....IV NP

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