Marco Antonio Barajas Ramírez

Expediente 492/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
492/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Barajas Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Finalmente, se instruye al secretario a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y otras autoridades; regístrese con el número de juicio 492/2023-V y genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: La sanción disciplinaria impuesta al quejoso en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, celebrada por el Comité Técnico, consistente en el traslado del quejoso al "módulo de máxima seguridad" durante tres meses. Improcedencia Ahora bien, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso, no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga a la parte justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto o actos de autoridad que le causen afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto a al acto que en esta vía se combate, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. d) Régimen de Visitas. Ahora respecto al referido acto reclamado, se actualiza en la hipótesis tocante al régimen disciplinario, mediante el cual la autoridad penitenciaria determinará las faltas, con apoyo en las normas disciplinarias establecidas conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que sólo podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter general. Por tanto, la sanción disciplinaria que reclama el aquí quejoso forma parte de dichas sanciones disciplinarias, por ser un medio necesario para garantizar una vida segura para todas las personas privadas de la libertad. Lo anterior es congruente con lo previsto en el numeral 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la obligación de los Centros Penitenciarios a garantizar la separación de las personas privadas de la libertad, atendiendo a diversos criterios de clasificación, de acuerdo a los criterios de igualdad, integridad y seguridad. Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto aquí reclamado, forma parte del régimen disciplinario, por ser un medio necesario para garantizar una vida segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentra regulado en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 38, 39, 40 y 41, que se transcriben a continuación: "Artículo 38. Normas Disciplinarias. El Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas establecerán en el ámbito de su respectiva competencia, las normas disciplinarias que rijan en el Centro Penitenciario, de conformidad con el artículo 18 y el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución, mismas que se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta Ley. La Autoridad Penitenciaria estará obligada a hacer saber a las personas privadas de la libertad, al momento de su ingreso y por escrito, las normas disciplinarias, asegurándose en todo momento que éstas se encuentren disponibles para su consulta. En el caso de personas con alguna discapacidad, la Autoridad Penitenciaria deberá proveer los medios necesarios para su comprensión. De necesitar un traductor o intérprete, la Autoridad Penitenciaria deberá proporcionarlo. Desde el momento de su ingreso, la persona privada de su libertad, estará obligada a cumplir con las normas de conducta que rijan en el Centro, así como las disposiciones que regulen la convivencia interior. Artículo 39. Determinación de Faltas Disciplinarias La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. Para la determinación de las faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que sólo podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter general. Artículo 40. Faltas disciplinarias graves Las sanciones que establezcan las normas disciplinarias serán proporcionales al daño que ocasione la infracción. Sólo se podrán considerar como faltas disciplinarias graves: I. La participación activa en disturbios; II. Evadirse, intentar evadirse y/o favorecer la evasión de personas privadas de la libertad; sin perjuicio de la responsabilidad penal; III. Los actos que impliquen la comisión de un delito en agravio del personal del Centro Penitenciario o de las personas privadas de la libertad; IV. La posesión de instrumentos punzo cortantes, armas o cualquier otro objeto que ponga en riesgo la seguridad del Centro Penitenciario y/o la vida de otra persona; V. La posesión o el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas; VI. Los actos dolosos que causen daño o destrucción de las instalaciones del Centro Penitenciario; VII. Las conductas que afecten a la integridad física y moral de las visitas de las personas privadas de la libertad; VIII. Comercialización y tráfico de objetos prohibidos al interior del penal; IX. Uso de aparatos de telecomunicación prohibidos; X. Las conductas dolosas que afecten el funcionamiento de los servicios o la provisión de suministros en el Centro Penitenciario; XI. Las acciones que tengan por objeto controlar algún espacio o servicio dentro del Centro Penitenciario, ejercer alguna función exclusiva de la autoridad o propiciar la subordinación entre personas privadas de la libertad, y XII. Evadirse o incumplir con las medidas de vigilancia, supervisión o monitoreo establecidas durante el goce de un permiso extraordinario por razones humanitarias. Si alguna de las conductas previstas en el presente artículo llegase a constituir delito, tales hechos se harán del conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales conducentes. Artículo 41. Sanciones Disciplinarias La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: I. Amonestación en privado o en público; II. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; III. Aislamiento temporal. Esta sanción sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las personas privadas de libertad, salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna del Centro Penitenciario o del personal de dichas instituciones; IV. Restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; V. Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos; VI. Restricción temporal de las horas de visita semanales. No se permitirá que las personas privadas de libertad tengan bajo su responsabilidad la ejecución de medidas disciplinarias, o la realización de actividades de custodia y vigilancia. Las restricciones temporales a las que hace referencia este párrafo, deberán atender a criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. La imposición de medidas disciplinarias deberá ser comunicada al organismo público de protección de los derechos humanos competente.". Ahora bien, cabe precisar que el directo justiciable manifestó -bajo protesta de decir verdad- que la sanción le fue impuesta por el Comité Técnico en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, y le fue notificada en la misma data. Al efecto, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad podrán impugnar las resoluciones del Comité Técnico, dentro del término de tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución, en términos de lo establecido en el artículo 48 de la ley en consulta, que se transcribe a continuación: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario.". Sin que obste a lo anterior, que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.).". Es decir, en tratándose a los actos inherentes a las medidas de seguridad, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las determinaciones que emita el Comité Técnico de los centros penitenciarios; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento de impugnación a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger sus derechos en relación a las sanciones impuestas por las autoridades penitenciarias y de las cuales conocerá el Juez de Ejecución. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se traten de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, interpuesto el recurso de revisión, el Juez de Ejecución, de oficio suspenderá la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario. Por ello, la determinación reclamada no puede ser sujeta al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que debió agotar el multicitado procedimiento de impugnación, relativo a las sanciones impuestas por la autoridad penitenciaria. En tales condiciones, se itera, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso debió agotar el recurso que prevé la ley especial, por el que el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial; ya que ésta prevé la suspensión de los efectos del acto que en esta vía constitucional se reclama, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. Merecen invocarse por los temas que se analizan, los criterios de rubro y texto, siguientes: "SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN Y NO MEDIANTE LA PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL DIRECTOR DEL CENTRO, AUN CUANDO AQUÉLLAS PUDIERAN RELACIONARSE CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. De conformidad con el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante el director del centro penitenciario en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. En ese sentido, la petición administrativa puede resultar un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Sin embargo, cuando se impugne la resolución del comité técnico del centro penitenciario que impone sanciones disciplinarias, no procede la petición administrativa, sino la revisión ante el Juez de Ejecución establecida en el artículo 48 de la propia ley. Ello, no obstante que la sanción pudiera estar relacionada con las condiciones de internamiento, pues los aspectos de internamiento por los que procede la petición administrativa ante el director del centro penitenciario, no comprenden las situaciones en las que se encuentre el recluso, derivadas de una resolución sancionatoria emitida por el comité técnico respectivo, sino aquellas circunstancias en las que se encuentre de forma regular por el propio entorno del centro y que debe modificarse para propiciar o garantizar el nivel decoroso de vida en reclusión para todas las personas privadas de la libertad que pretende el modelo penitenciario actual..". "SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. La petición administrativa establecida en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio ordinario que debe agotarse para cuestionar los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de vida digna y segura en los centros penitenciarios, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Sin embargo, de aceptar que también las sanciones disciplinarias impuestas por el comité técnico que se relacionan con las condiciones de internamiento, se impugnen mediante la petición administrativa, traería como consecuencia que la persona que dirige el cuerpo colegiado que impuso la sanción, sea la que -de forma individual- revise la medida disciplinaria impuesta. Por tanto, cuando se impugnan cuestiones relacionadas con el régimen disciplinario -particularmente las sanciones disciplinarias impuestas por el comité técnico del centro penitenciario- el medio de defensa que debe interponerse por el inconforme es el recurso de revisión establecido en el artículo 48 de la propia ley. Ello, no obstante que las sanciones pudieran estar relacionadas con las condiciones de internamiento. Aspectos que cobran relevancia al momento de que el juzgador estudie si se cumplió con el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, pues deberá realizar el análisis con base en el medio ordinario que efectivamente procede; de modo que, de combatir mediante el amparo una resolución del comité mencionado sin haber agotado el recurso de revisión, se actualizaría la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, salvo que operara alguna excepción al principio de definitividad.". Por tanto, al estimarse actualizada una causal de improcedencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR MANIFIESTA Y NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copia simple o certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente.

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