Marco Antonio Baltierra Hernández
Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/03/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio Baltierra Hernández
- Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que el acto reclamado es la omisión de pago oportuno de la pensión mensual, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad.Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA *********** EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, LOS SIGUIENTES AUTOS QUE REZAN Mexicali, Baja California, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Se requiere a actuario. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se requiere al actuario a quien corresponda la integración del expediente electrónico del citado juicio de amparo, para que proceda a integrar tanto al expediente electrónico como físico, las constancias de notificación de la determinación de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, incluyendo la notificación por lista, la personal a la parte quejosa y los acuses de oficios correspondientes, o en su defecto, en caso de no haberse realizado las notificaciones se trato, las efectúe de inmediato. Notifíquese y cúmplase. Mexicali, Baja California, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional. Por lo anterior, se les ordenó a las autoridades responsables procedieran en los términos siguientes: "[.] OCTAVO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1o. constitucional, dispone que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.". En el caso, es incuestionable que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la quejosa, en cuanto a pagos retrasados, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrieron los agraviados, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas trasgresiones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones a la agraviada, se realicen en tiempo, en virtud de que de esta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1o. constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Nomina de Pensiones y Jubilaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión del quejoso. Asimismo, ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión del agraviado, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable del Instituto mencionado, realice los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, y para lo cual, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago.Se declara cumplido el fallo protector. Entonces, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en relación al cumplimiento, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia; se colige que en el caso sí se cumplieron los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable, realizó los pagos de pensión a la parte quejosa, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, por el plazo de tres meses, dando cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga.Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Se requiere a actuario. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se requiere al actuario a quien corresponda la integración del expediente electrónico del citado juicio de amparo, para que proceda a integrar tanto al expediente electrónico como físico, las constancias de notificación de la determinación de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, incluyendo la notificación por lista, la personal a la parte quejosa y los acuses de oficios correspondientes, o en su defecto, en caso de no haberse realizado las notificaciones se trato, las efectúe de inmediato. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional. Por lo anterior, se les ordenó a las autoridades responsables procedieran en los términos siguientes: "[.] OCTAVO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1o. constitucional, dispone que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.". En el caso, es incuestionable que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la quejosa, en cuanto a pagos retrasados, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrieron los agraviados, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas trasgresiones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones a la agraviada, se realicen en tiempo, en virtud de que de esta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1o. constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Nomina de Pensiones y Jubilaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión del quejoso. Asimismo, ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión del agraviado, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable del Instituto mencionado, realice los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, y para lo cual, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago.Se declara cumplido el fallo protector. Entonces, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en relación al cumplimiento, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia; se colige que en el caso sí se cumplieron los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable, realizó los pagos de pensión a la parte quejosa, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, por el plazo de tres meses, dando cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga.Notifíquese y personalmente.
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