Marco Antonio Balderas Díaz

Expediente 1629/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1629/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Balderas Díaz

Actuaciones

  1. Incidental

    ii)( Toluca, Estado de México; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1629/2019-II, promovido ...contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Requerimiento de informe previo. Con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y ajustarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la ley en comento, es decir, se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados; asimismo, podrán agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, para tal efecto, se les envía copia simple de la demanda de amparo. Señalamiento de fecha de audiencia incidental. De conformidad con el numeral 138, fracción II, se fijan las nueve horas del dos de enero de dos mil veinte para la celebración de la audiencia incidental. Precisión acto reclamado. La omisión de la autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de otorgar audiencia previa. La imposición de una multa dentro del juicio administrativo de origen, del índice de la Magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y su ejecución. Procedencia de la suspensión provisional. Antes de entrar al estudio de la suspensión, es pertinente precisar que los artículos 107 fracción X de la Constitución General de la República, 128, 129, 138 fracción I y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario del amparo debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, las cuales son: la naturaleza de la violación alegada; la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con su ejecución; los que la suspensión origine a los terceros interesados; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso. Negativa de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada respecto del acto identificado con el inciso a), en virtud que es latente que nos encontramos en presencia de un acto omisivo el cual no es posible suspender. Lo anterior es así, dado que la suspensión opera contra actos de autoridad que sean de carácter positivo, es decir, contra la actividad autoritaria que se traduce en la decisión o ejecución de un hacer; por el contrario, cuando el acto reclamado no es de carácter positivo, sino omisivo, es decir, cuando estriba en un no hacer o en una abstención de parte de la autoridad responsable como en el caso acontece, la suspensión es improcedente, ya que no puede suspenderse lo que no es susceptible de realizarse; además, obligar a la responsable a ejecutar una conducta cuya omisión se le reclama en el juicio de amparo, implicaría dar a la suspensión efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente de suspensión, al resolver el fondo del asunto. A lo anterior, es aplicable la tesis emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 49 del Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO. Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión." Concesión de la suspensión. Ahora bien, respecto del acto reclamado con el inciso b), se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 128, 129, 132 y 139 de la Ley de Amparo, en virtud que el quejoso solicita la suspensión expresamente para que no se aplique y ejecute la multa dentro del juicio administrativo de origen, del índice de la Magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, además con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; en consecuencia, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se inicie el procedimiento coactivo de ejecución respecto de la multa que le fue impuesta al quejoso en el acto reclamado en análisis; hasta en tanto se resuelva con los datos que se obtengan en estos cuadernos incidentales, si es procedente o no conceder la suspensión definitiva. Es aplicable la jurisprudencia 608, publicada en la página 551, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-200, Tomo VI, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." Medida cautelar que de conformidad con lo que constituye el artículo 135 de la Ley de Amparo, surtirá sus efectos si el quejoso acredita que ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; ello, como garantía para asegurar el interés fiscal, lo que deberá acreditar en el término de cinco días. Lo anterior, al atender que la sanción impuesta al peticionario de amparo constituye el cobro de una sanción de naturaleza fiscal, la cual debe ser condicionada para que surta efectos la suspensión concedida, en términos del citado artículo 135 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 445, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, Materia Administrativa, que establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Así como la jurisprudencia 2a/J.148/2005, publicada en la página 365, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2005, Tomo XXII, Materia Administrativa, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: 'MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.', sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Además, la tesis I. 4o.A.71A, publicada en la página 1030, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1996, Tomo III, Materia Administrativa, Novena Época que refiere: "SUSPENSIÓN. PARA QUE SURTA EFECTOS RESPECTO DE UNA SANCIÓN ECONÓMICA IMPUESTA A UN SERVIDOR PÚBLICO, DEBE OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. Al margen de la procedencia o improcedencia de la sanción económica que se imponga a un servidor público, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, constituye un crédito fiscal en favor del Erario Federal, situación que se ve reforzada con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación; resulta correcta la determinación a través de la que el Juez de Distrito condiciona el que surta efectos la suspensión solicitada y concedida para que no se ejecute la sanción económica, a que se garantice su importe mediante depósito ante la Tesorería de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo." Finalmente, es aplicable por identidad jurídica la tesis 2a./J. 50/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 252, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 184085, que establece: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." En el entendido de que la presente medida cautelar no implica la suspensión del procedimiento en el juicio natural conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, y por ende, no exime al quejoso de dar cumplimiento con diversos requerimientos a los contenidos en el acto reclamado y que les sean impuestos en el juicio de administrativo de origen del índice de la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Apercibimiento de autoridad inexistente. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de autoridades responsables. Asimismo, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a la autoridad responsable, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso inserto en el proemio de la demanda de amparo. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Alejandro Cadena Ramírez, por tener registrada su patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a las demás personas mencionadas en el escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Solicitud de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase únicamente un tanto de las copias certificadas que solicita el promovente en el escrito de demanda toda vez que no justifica los motivos por los que requiere las copias por duplicado, tal y como lo establece la jurisprudencia 20/17 (10ª) de rubro "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTICULO 278 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICION A UN SOLO JUEGO." En el entendido que quien se presente a recibirla, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese.

  2. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ...derecho propio, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1629/2019-II. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda intentada. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado el quejoso. Intervención del ministerio público. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al artículo 26 fracción III, de la ley de la materia, notifíquesele por lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el presente acuerdo; dejando a su disposición en este órgano judicial, copia simple de la demanda y auto admisorio. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas del veintitrés de enero de dos mil veinte para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Autoridades inexistentes. Se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Domicilio procesal. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 26, fracción III de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Alejandro Cadena Ramírez, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a las personas restantes. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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