Marco Antonio Balderas Díaz
Expediente 163/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/02/2023
Partes del expediente
- Marco Antonio Balderas Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que obran diversos anexos consistentes en copias certificadas de los juicios administrativos 570/2015, 307/2017, 587/2017, 691/2017, 84/2018, 93/2018 y 135/2018, del índice de la Cuarta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mismas que fueron acompañadas como complemento al informe justificado rendido por la responsable; en consecuencia, mediante oficio que derive de la presente determinación, devuélvanse las constancias de que se trata, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo; no obstante, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que, al momento de entregar el oficio de mérito, se cerciore que la autoridad destinataria apunte las constancias que recibe. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, se advierte que en proveído de once de septiembre de dos mil veinte, se proveyó lo relativo al archivo definitivo en este asunto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. No obstante, es de precisarse que en veinticinco de marzo de dos mil veinte, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, de conformidad al Acuerdo General referido en el párrafo precedente, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; asimismo, el original del incidente de suspensión es depurable conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), en virtud de que se concedió la suspensión provisional y definitiva; en tanto que, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo. En diverso orden, se precisa que el término para la depuración del original y destrucción del duplicado del incidente de suspensión no reiniciará con la aclaración del destino. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años el original del cuaderno incidental, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar y terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de ese expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, reingrésese el presente asunto al archivo definitivo donde se encontraba.
- Incidental
VISTOS, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 163/2019-II; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, *****por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES ORDENADORAS: Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México., con sede en Ecatepec de Morelos, sito en Vía Morelos Km. 16.5, Centro de Servicios Administrativos Ecatepec, Segundo Piso, Colonia Cerro Gordo, Código Postal 55430, Ecatepec de Morelos, Estado de México. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA: La Secretaría de Finanzas de Estado de México, con domicilio, sito en avenida Tollocan 304 esquina Miguel Salinas, Colonia Altamirano, Código Postal 50130, Toluca, Estado de México." "ACTO O ACTOS RECLAMADOS La omisión de la autoridad responsable ordenadora, Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México de otorgar audiencia previa (garantía de debido proceso), Así como la imposición de una multa (acto privativo) en mi contra, por las autoridades responsables ordenadoras en el referido juicio, toda vez que hasta la fecha no se me ha otorgado garantía de audiencia para estar en posibilidades de promover medios de defensa, con lo cual se me deja en total estado de indefensión." El cumplimiento y/o ejecución por la Autoridad Ejecutora, Secretaría de Finanzas del Estado de México, de la sanción pecuniaria, requerimiento de pago y embargo de bienes, tendiente a privarme de mi patrimonio económico. 2. Trámite del incidente de suspensión. Por auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se formó por duplicado el presente incidente de suspensión; se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Fijación de la litis incidental. De conformidad con el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo y de los informes previos que obran en el presente incidente de suspensión, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La imposición de una multa y el requerimiento de pago y embargo de bienes. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe previo refirió la imposibilidad de afirmar o negar el acto impugnado, en virtud de que el quejoso de mérito, ante esa Sala de Jurisdicción Ordinaria se ostenta como Vocal de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por lo que se encuentran en trámite diversos juicios en los que se le tiene con dicho carácter, situación que impide dar el exacto cumplimiento al informe referido. Ahora, no obstante que la autoridad responsable no afirma ni niega el acto que por esta vía se le reclama, se presume cierto el acto reclamado que se le atribuye. TERCERO. Procedencia y efectos de la suspensión definitiva. Ahora toda vez que se tuvo por cierto el acto reclamado por la Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, consistente en la imposición de una multa y el requerimiento de pago y embargo de bienes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 146, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, respecto de la ejecución de la multa y el requerimiento de pago y embargo de bienes, para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de ejecutar el acto reclamado, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio del que deriva el presente incidente. En ese sentido, toda vez que la medida suspensional se decreta en contra de una multa derivada de un procedimiento administrativo, es evidente que constituye un crédito fiscal en términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis 2a./J. 50/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2003, Novena Época, visible a página 252, que establece: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." Medida cautelar que, de conformidad con lo que constituye el artículo 135 de la Ley de Amparo, surtirá sus efectos si el quejoso acredita que ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; ello como garantía para asegurar el interés fiscal. Lo anterior, al atender que la sanción impuesta al peticionario de amparo constituye el cobro de una sanción de naturaleza fiscal, la cual debe ser condicionada para que surta efectos la suspensión concedida, en términos del citado artículo 135 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/57 A, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, noviembre de 2015, Décima Época, consultable en la página 2118, que establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." También, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, en la página 445, que establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Así como la jurisprudencia 2a/J.148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2005, Tomo XXII, Novena Época, visible a página 365, de rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Asimismo, la suspensión concedida en esta determinación no surtirá efectos en tratándose de actos posteriores a su concesión, o bien si provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E: Único.- Se concede la suspensión definitiva a ****, que solicitó contra el acto y autoridades mencionados en el considerando segundo y para los efectos precisados en el considerando tercero. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Elda Irais Martínez Hernández, secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Incidental
MESA II Toluca, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; a través del cual rinde su informe previo dentro del presente incidente de suspensión. Atento a lo anterior, para conocimiento de las partes y para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo hágase relación de los informes al momento de llevar a cabo la celebración de la audiencia incidental. De tal manera, téngase el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones; asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene por designados como delegados de la responsable a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Elda Irais Martínez Hernández, secretaria con quien actúa. Doy fe.
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