Marco Antonio Báez Soto
Expediente 88/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marco Antonio Báez Soto
Actuaciones
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto y remite copia certificada del acuerdo de radicación de veinticuatro de los corrientes. Ahora, en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y su Presidente, la omisión radicar la demanda presentada el diez de noviembre de dos mil veintiuno y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. De las documentales anexadas al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto que la aquí parte quejosa Marco Antonio Báez Soto, reclama, es la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, de radicar la demanda presentada el diez de noviembre de dos mil veintiuno y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. Sin embargo, de la documental remitida por la autoridad responsable, y que obran en autos, se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable radicó la demanda presentada el diez de noviembre de dos mil veintiuno y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de radicar la demanda presentada el diez de noviembre de dos mil veintiuno y ordenar el emplazamiento de la parte demandada, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las diez horas con quince minutos del siete de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, y por correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se agrega a los autos en los que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el escrito signado por la licenciada Marcela González Arjona, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de veintiuno de enero del presente año, acredita la personalidad con la que comparece en el presente juicio, es decir, como representante legal del directamente quejoso Marco Antonio Báez Soto, lo anterior en atención a la constancia que exhibe para tal efecto, de conformidad en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Al respecto, se tiene por desahogado el requerimiento de referencia, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la citada quejosa, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en el entendido de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Así, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado y remitir cualquier información que se les solicite; en la inteligencia de que por este medio -correo electrónico-, se entablará comunicación con las autoridades responsables, hasta en tanto se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con los artículo 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.'' Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tiene con el carácter de tercero interesado a Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; por lo que, con fundamento en artículo 26, fracción II, inciso b, del propio ordenamiento legal, emplácesele a juicio vía oficio que contenga inserto el presente auto, anexándole copia cotejada de la demanda de amparo, a fin de que comparezca a juicio si lo estima conveniente a sus intereses; además, deberá hacerle de su conocimiento que la audiencia constitucional se llevará a efecto en la hora y fecha señaladas en el presente acuerdo. No se tramita incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicita expresamente en su demanda de amparo, como lo dispone el artículo 128, y el acto reclamado no está en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental anexada al escrito que se provee, la cual se admite y desahoga en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. Por otro lado, la promovente solicita que se le autorice el acceso al expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones mediante el usuario "Magoar8810" y correo electrónico marcela_arjona@hotmail.com. Consecuentemente, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea y de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 en comento, este órgano de control constitucional otorga acceso al representante legal de la directa parte quejosa, solamente para que consulte las promociones y determinaciones emitidas en el juicio en que se actúa, pues en su escrito de demanda únicamente solicita acceso al expediente electrónico; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario Magoar8810 y correo electrónico marcela_arjona@hotmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Finalmente, dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; y por correo electrónico al Fiscal Federal adscrito a este juzgado y personalmente a la parte quejosa privilegiándose los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
antes de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, en relación con el 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga, realice lo siguiente: Acredite con documento idóneo la personalidad con que se ostenta, es decir, como representante legal de Marco Antonio Báez Soto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley de la materia. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado para ello, la demanda de amparo se tendrá por no presentada en términos del párrafo segundo del numeral 114 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia. Por otro lado, toda vez que la licenciada Marcela González Arjona, quien se ostenta representante legal de la parte quejosa, solicita acceso al expediente electrónico, resérvese proveer al respecto, hasta en tanto sea acreditada la personalidad con la que comparece dentro del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, debiéndose privilegiar los medios electrónicos para tal efecto, en términos del Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el VIRUS COVID-19.
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