Marco Antonio Baca Baños
Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Baca Baños
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de tres de enero de dos mil veintidós, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente... el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años... Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica... visto el escrito signado por el quejoso..., por medio del cual solicita la devolución de las documentales que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, y dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido..., devuélvanse las documentales que solicita y entréguese por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 3 DE ENERO DE 2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Baca Baños, por su propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 19 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 6/2022, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que resulta improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, el promovente señala como acto reclamado todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 859/2021, del índice del Juzgado Trigésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, específicamente, la afectación de sus derechos sustantivos, patrimoniales, corporativos y cualquier otro como socio accionista de la sociedad mercantil Autobuses Estrella Blanca, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que el quejoso Marco Antonio Baca Baños, no es parte en el juicio de origen, y que acude al presente juicio de amparo en su carácter de titular de las acciones, representativas de la empresa denominada Autobuses Estrella Blanca, Sociedad Anónima de Capital Variable; que dicha empresa y otras personas físicas fueron demandadas, juicio que se encuentra tramitado ante el Juzgado Trigésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el expediente 859/2021, aduciendo que el acto reclamado al afectar el patrimonio de la sociedad en comento, trasciende en forma indirecta a su patrimonio personal como accionista; sin embargo, es pertinente precisar que carece de legitimación, para promover el presente juicio de garantías, dado el carácter de accionista de Autobuses Estrella Blanca, Sociedad Anónima de Capital Variable, con que promueve el impetrante de garantías, en atención a que las sociedades como personas morales que son, tienen que utilizar la institución de la representación, para estar en aptitud de hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero esa representación recae sólo en aquellas personas que han sido designadas para tal fin, siendo sólo ellas quienes pueden hacer todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad social, salvo las excepciones que fija la ley o las que establecen los estatutos. Luego, el hecho de ser accionista de la sociedad mercantil Autobuses Estrella Blanca, Sociedad Anónima de Capital Variable, no le legitima para demandar el amparo de la justicia federal en contra de los actos que afecten al patrimonio de la sociedad en comento, aun cuando tal afectación patrimonial trascienda en forma indirecta al patrimonio personal del accionista hoy quejoso, por cuanto hace a su aportación social, en consecuencia, quien debe acudir al amparo es a quien le perjudique el acto, y que en este caso lo es la personal moral Autobuses Estrella Blanca, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente le represente, por lo que el hoy promovente Marco Antonio Baca Baños, por su propio derecho, carece de legitimación para iniciar el presente juicio de amparo de acuerdo con los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, o por conducto de su representante o defensor, lo cual en el caso no acontece. En relación a la instancia de parte agraviada, es importante estimar que tal enunciado constitucional regula la legitimación en la causa; que no es otra cosa que la titularidad del derecho cuestionado. A diferencia de la legitimación en el proceso, que es la facultad de instar un juicio por sí, por representante legal o por apoderado, en la legitimación ad causam el que comparece al juicio de amparo, tratándose de resoluciones jurisdiccionales el artículo 5, fracción I, penúltimo párrafo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las siguientes directrices: -Que "para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional." -Que este surge "cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto." -Que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar entre otros: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta en forma directa ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. -Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse sobre la base de presunciones; por lo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En atención a este marco normativo, se debe delimitar si la calidad de socio es suficiente para intervenir en un juicio en donde la persona moral a la que pertenece fue demandada y en su caso, si los derechos afectados en dicho procedimiento, afectan de manera personal y directa al quejoso. En conformidad con los artículos 2 y 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios, por lo que pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, para lo cual obran y se responsabilizan por medio de los órganos que las representan. Al respecto, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que "la sociedad mercantil es la persona jurídica distinta de los socios que la integran derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y con fines de especulación comercial." Además, para León Tovar, "la acción, término inicialmente utilizado para designar la acción de los socios para reclamar judicialmente a la sociedad su derecho a las ganancias, es el interés del socio medio por una suma de dinero y compensado por varios derechos económicos y corporativos; representa la posición jurídica del socio, en la organización, funcionamiento y resultados de la sociedad que puede o no estar representada en títulos valor, instrumentos de legitimación y circulación; es un haz de derechos participativos y/o económicos conferidos en la ley y en los estatutos de la sociedad anónima; un conjunto de derechos que dota a su titular del estatus de socio con los límites y extensión considerados en función de su aportación y/o del conjunto al que pertenezca." Así, se puede concluir que: Para determinar la titularidad del derecho cuestionado [legitimación en la causa] no basta con afirmar que existe una transgresión a un derecho fundamental, sino que es necesario en el caso concreto que el quejoso sea titular de un derecho subjetivo, que le fue afectado de manera personal y directa. Para acudir al juicio de amparo, se requiere que el quejoso acredite la afectación a sus derechos sustantivos, por virtud de un acto de autoridad actual, directo y presente; que supone la facultad de exigir y la obligación de cumplir con esa exigencia. Por su parte, tratándose de sociedades anónimas, son entes a los que la ley le atribuye personalidad jurídica y patrimonio propios, de modo que los juicios en que forma parte formal y materialmente hablando de modos alguno trascienden a la esfera jurídica de los socios que la integran. Partiendo de las anteriores premisas, se puede determinar válidamente que, si bien los actos estuvieron dirigidos a la sociedad mercantil de la cual él forma parte en su calidad de socio; lo cierto es, que dicha afectación de ningún modo le otorga la titularidad del derecho fundamental alegado; y menos, del derecho sustantivo en que apoya esa afectación. En efecto, los actos reclamados fueron emitidos en contra de la sociedad mercantil de la cual, el agraviado, forma parte en su calidad de socio, y es ella quien resiente, exclusivamente y de forma directa la afectación en su esfera jurídica con motivo del acto reclamado, y no cada uno de los socios que la integran. Y si bien, las acciones de la sociedad mercantil pertenecientes al quejoso, le dan derecho a reclamar las ganancias o utilidades, así como su participación en las asambleas de esta sociedad, ello no implica la titularidad del derecho subjetivo aducido, el cual corresponde solo a la sociedad, dado que los actos reclamados se emitieron de forma directa en contra del patrimonio de dicha persona moral. De modo, que no basta que el impetrante aduzca que pudiera afectarse su patrimonio -como persona física-, para substanciar el juicio de amparo, pues se insiste, los actos reclamados se emitieron en contra de la persona moral, quien es distinta de los socios que la componen, y el patrimonio que se ve afectado directamente es el de la empresa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 64, primera parte, visible en la página 68, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, visible en la página 1854, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. XXXVI/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, agosto de 2010, visible en la página 245, que a la letra dice: "SOCIEDAD MERCANTIL. SU CONCEPTO. La Ley General de Sociedades Mercantiles regula las sociedades mexicanas, reconociendo a las siguientes: I. Sociedad en Nombre Colectivo; II. Sociedad en Comandita Simple; III. Sociedad de Responsabilidad Limitada; IV. Sociedad Anónima; V. Sociedad en Comandita por Acciones; y, VI. Sociedad Cooperativa. Sin embargo, no señala lo que debe entenderse por sociedad mercantil, para lo cual es útil acudir a la doctrina y a la definición de sociedad civil contenida en el numeral 2688 del Código Civil Federal, conforme al cual por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Conforme a lo anterior, por exclusión natural de uno de los componentes de la definición legal de sociedad civil se arriba al concepto de sociedad mercantil, a saber, el de la especulación, entendiéndose por ésta la ganancia, beneficio o lucro que se sigue de una actividad. Luego, en términos generales, la sociedad mercantil es la persona jurídica distinta de los socios que la integran derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y con fines de especulación comercial." Por otra parte, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo IX, marzo de 1992, visible en la página 236, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO, LOS ACCIONISTAS CARECEN DE, CUANDO LO PROMUEVEN CONTRA ACTOS QUE AFECTEN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. Las sociedades mercantiles como personas morales que son, tienen que utilizar la institución de la representación, para estar en aptitud de hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero esa representación recae sólo en aquellas personas que han sido designadas para tal fin, siendo sólo ellas quienes pueden hacer todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad social, salvo las excepciones que fija la ley o las que establecen los estatutos, en términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; luego, el hecho de ser accionistas de una sociedad mercantil, no legitima a tal accionista para demandar el amparo de la justicia federal en contra de sus actos que afecten al patrimonio de la sociedad, aun cuando tal afectación patrimonial trascienda en forma indirecta al patrimonio personal del accionista, por cuanto hace a su aportación social." Asimismo, es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo III, correspondiente al mes de abril de 1996, página 412, que es del tenor siguiente: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la Ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada; razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y en atención a su contenido téngase por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del segundo supuesto del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Nayeli Hernández Mendoza y Marco Antonio Mendoza Ávila, lo anterior en virtud de que la profesionista que menciona en primer término no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Sin tener por señalado el correo electrónico que refiere el promovente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que la Ley de Amparo no prevé dicha figura como medios de notificación. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley reglamentaria, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario que corresponda a efecto de practicar todas las diligencias que así lo requieran. Notifíquese personalmente al quejoso." NOTIFÍQUESE.
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