Marco Antonio Ayala Alipio
Expediente 565/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Antonio Ayala Alipio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 565/2019; así como copia certificada del testimonio de la ejecutoria de quince de agosto del presente año, dictada en el amparo en revisión 97/2019, de la que se advierte que se confirmó el auto recurrido por el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales del presente asunto, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por último, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por Marco Antonio Ayala Alipio, apoderado jurídico de la quejosa Blanca Alejandra Torres Cervantes, mediante el interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, tuvo por recibida y radicada la demanda presentada por la actora, aquí quejosa, Blanca Alejandra Torres Cervantes, ordenando notificar y emplazar a juicio a las demandadas Servicios de Salud Michoacán y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, ambas con residencia en esta ciudad, dentro del expediente laboral número 680/2018. Ahora bien, de los autos que integran el juicio de amparo, se aprecia que el veintiuno de mayo de este año este órgano de control constitucional y convencional admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Ayala Alipio, apoderado jurídico de Blanca Alejandra Torres Cervantes, contra la autoridad y respecto del acto siguiente: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Analizada íntegramente la demanda se advierte que el acto reclamado cosiste en lo siguiente: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de radicar la demanda radicada con el número 680/2018. En el presente asunto, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo que, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, revela que al momento de promover la demanda de amparo (veinte de mayo del año en curso) existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de radicar la demanda registrada con el número 680/2018, promovido por la parte quejosa; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto, tal y como se advierte del oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de veintisiete de mayo del año en curso, tuvo por recibida y radicada la demanda presentada por la actora, aquí quejosa, Blanca Alejandra Torres Cervantes, ordenando notificar y emplazar a juicio a las demandadas Servicios de Salud Michoacán y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, ambas con residencia en esta ciudad, dentro del expediente laboral número 680/2018, restituyendo en el pleno goce de sus derechos a la parte quejosa como si se le hubiera concedido la protección constitucional, tal y como se advierte de las documentales que anexo la autoridad responsable en su oficio de cuenta Por lo anterior, debe considerarse que el acto omisivo reclamado ante la autoridad responsable cesó en sus efectos. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, resulta claro que los actos aquí reclamados han cesado en sus efectos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos el acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba prevista a las once horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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