Marco Antonio Ávila Cruz

Expediente 957/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
957/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
01/02/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Ávila Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control de San Martín Texmelucan, Puebla. En él, acusa recibió de estilo de los discos en formato DVD, que contienen los registros de las audiencias desahogadas dentro de la causa penal ** de su índice. De lo cual este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte: las partes omitieron recurrir el acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I inciso d), 86 de la Ley de Amparo, y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el referido auto ha quedado firme. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto concluido de forma definitiva. Además, se instruye al secretario haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Asimismo, se ordena devolver al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, dos discos en formato DVD relativos a los registros de audio y video de la causa penal ** Por tanto, se requiere a dicha autoridad para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (en razón de su valor diario).

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Atento al estado procesal de autos, se advierte: en el escrito de demanda de protección de derechos, el quejoso ** señaló como acto reclamado la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho dentro de la causa penal ** en la cual se le negó la modificación de la medida cautelar. Sin embargo, del informe justificado de la autoridad responsable, se advierte que ante la solicitud de la parte quejosa, el siete de diciembre de dos mil dieciocho llevó a cabo una audiencia para le revisión de la medida cautelar impuesta el diecinueve de mayo del año en curso, en la cual modificó ésta al advertir las variaciones que en un inicio la motivaron y ordenó su inmediata libertad. Bajo tales circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la legislación ; pues, previo a la admisión de la demanda, cesaron los efectos del acto reclamado al ser sustituidos con una nueva determinación. Para justificar tal decisión primero debo destacar la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por su parte, la segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del primero. Así, aunque puede estimarse que el acto aquí reclamado cesaría en sus efectos cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la analizada en el presente juicio, pues en el caso particular la autoridad responsable emitió una nueva determinación que vino a sustituir procesalmente a la anterior, de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente . En el presente caso, se acredita la causa de improcedencia aludida, pues el aquí quejoso reclama la negativa a concederle la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, dicha medida ya fue sustituida por la propia autoridad responsable, en una nueva audiencia celebrada el siete de diciembre del presente año, donde incluso ordenó su inmediata libertad. Ante tal situación, es claro que el presente juicio de amparo que se promueve contra la negativa a conceder la revocación, modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, dictada en audiencia de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, resulta improcedente; pues es evidente que los efectos de la misma han cesado, al haberse emitido una diversa resolución el siete de diciembre de esta anualidad, lo cual lleva la imposibilidad de analizar los conceptos de violación que en su contra formula la quejosa. De ahí que, en el presente asunto, resulte inviable analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede sobreseerlo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2/J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, que era las diez horas con cuarenta y seis minutos del dos de enero de dos mil diecinueve. Por tanto, se ordena informar a las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.

  4. Principal

    Al expediente el escrito signado por el quejoso + En él en atención al proveído de siete de noviembre del presente año, señala la denominación correcta de la autoridad responsable, la cual es: Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martín Texmelucan, Puebla. En consecuencia, se ordena a la Analista Jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE efectuar las anotaciones correspondientes a la denominación de la autoridad responsable lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Atento a lo anterior se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la autoridad responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a la responsable que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de hasta cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se le requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Se informa a la autoridad responsable que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio Luego con fundamento en el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable se le apercibe que en caso de que la autoridad que designó como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Para que la autoridad de referencia cumpla con lo ordenado en auto admisorio se ordena remitirle copia autorizada del mismo.

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