Marco Antonio Anguiano Cazares
Expediente 551/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Anguiano Cazares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
."Vista la certificación secretarial, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de once de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Marco Antonio Anguiano Cazares, mediante el cual, da cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres del propio mes y año y desahoga la prevención formulada. En tal virtud, se levanta la reserva decretada en auto de cinco de los cursantes y se provee en los siguientes términos: ANTECEDENTES De la demanda de amparo, escritos aclaratorios y constancias remitidas por la Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, se aprecia lo siguiente: Samuel García Jiménez promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Marco Antonio Anguiano Cazares, el cual le correspondió conocer al órgano jurisdiccional mencionado y lo registró con el número de expediente 142/2017. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete, el enjuiciado contestó la demanda incoada en su contra. El seis de junio del citado año, se celebró la audiencia de desahogo de pruebas, en la que el demandado compareció a desahogar la confesional. En sentencia definitiva de veinte del referido mes y año, se condenó a Marco Antonio Anguiano Cazares, al pago de diversas prestaciones. El catorce de agosto de dos mil diecisiete dicha sentencia causó ejecutoria. Mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el juez de primera instancia ordenó la ejecución con efectos de mandamiento en forma en contra del demandando; por lo que facultó al actuario de su adscripción para que procediera a embargar bienes suficientes y bastantes que cubrieran la condena. En diligencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, el actuario del juzgado responsable, trabó formalmente el embargo sobre el bien inmueble ubicado en: lote seis, manzana dieciséis, colonia Presidentes Ejidales, segunda sección, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México; así como, las cuentas de cheques, ahorro, depósitos, inversiones, valores, acciones, obligaciones o cualquier otro título de crédito que tuviera a su favor el enjuiciado en las instituciones bancarias. Por oficio de veinticinco de agosto de dos mil veinte, el operador jurisdiccional de origen giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta entidad, a efecto de que inscribiera el embargo del predio mencionado. Luego, en ocurso recibido el veintiocho de octubre del año en curso, Marco Antonio Anguiano Cazares interpuso incidente de nulidad de notificaciones contra las practicadas el veinticuatro de abril y veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dos de diciembre dos mil diecinueve y veintiséis de febrero de dos mil veinte. En proveído de veintinueve de octubre del año en curso, se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escritos aclaratorios, el quejoso Marco Antonio Anguiano Cazares, en su calidad de tercero extraño por equiparación, reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: Auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Vigésimo Cuarto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo mercantil 142/2017, mediante el cual, ordenó embargar bienes suficientes y bastantes del aquí peticionario, que cubrieran la condena. La diligencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se embargó su cuenta bancaria 155-843-9435, así como el bien inmueble ubicado en: lote seis, manzana dieciséis, colonia Presidentes Ejidales, segunda sección, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, a través del cual, se ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta entidad, a efecto de que inscribiera el embargo del predio mencionado. CALIDAD DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando el quejoso se ostenta como persona extraña por equiparación al juicio de origen, pero conoció el procedimiento natural seguido en su contra, el amparo en la vía indirecta es improcedente. Lo anterior, porque no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su "ilegalidad" le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional. De ese modo, si la parte quejosa conoció el juicio natural y por tanto estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevé la ley que rige el acto reclamado, es evidente que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el citado numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Por tanto, de lo narrado se advierte que, el quejoso compareció al sumario natural, pues se desprende que dio contestación a la demanda instaurada en su contra, se presentó en la audiencia de desahogo de pruebas de seis de junio de dos mil diecisiete y promovió incidente de nulidad de notificaciones. DESECHAMIENTO Dicho lo anterior, este juzgador advierte que en función de la naturaleza de los actos reclamados en la presente demanda de amparo, ésta resulta notoriamente improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El precepto legal aludido en la fracción invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro el procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales: Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, si el propósito del legislador fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causa de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que la ley rectora del acto prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En efecto, la procedencia del juicio constitucional está condicionada, a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, es terminante que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Entonces, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra, como regla general, que contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa previstos en dicho Código, salvo que ese propio ordenamiento legal disponga expresamente lo contrario. Sobre esa base, debe tenerse presente que los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, establecen que los autos que no son apelables por razón de cuantía y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; esto es, en su contra procede el recurso de revocación. En el caso, los autos de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho y veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictados por el Juez Vigésimo Cuarto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo mercantil 142/2017, mediante los cuales, ordenó embargar bienes del quejoso y giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta entidad, a efecto de que inscribiera el embargo del predio ubicado en: lote seis, manzana dieciséis, colonia Presidentes Ejidales, segunda sección, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, carecen de definitividad, toda vez que en su contra procedía el recurso de revocación previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio, medio de impugnación mediante el cual pudieron ser modificados o revocados. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la diligencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se embargó la cuenta bancaria del quejoso número 155-843-9435, así como el bien inmueble ubicado en: lote seis, manzana dieciséis, colonia Presidentes Ejidales, segunda sección, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. En efecto, el citado artículo establece que el procedimiento constitucional es improcedente cuando los efectos del acto reclamado cesan. Al respecto, es necesario señalar que la causal en comento se puede actualizar en dos supuestos, a saber: a) Por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto cuestionado, esto es, en términos generales, la cesación de que se trata tiene lugar si los aludidos efectos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de ejecutarlo o bien, lo deroga y con ello provoca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la situación atacada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. b) Por "sustitución procesal", cuando los efectos del acto combatido cesan con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de aquél, cuya firmeza se da derivada de la actuación posterior. En este punto, cabe señalar que, los artículos 1349 a 1356 de la legislación mercantil, prevén la posibilidad de interponer incidente de nulidad en contra de una notificación; medio de defensa a través del cual se puede obtener la nulidad de la diligencia reclamada y las actuaciones posteriores. De modo que, cesan los efectos de la actuación judicial de primer grado cuando ésta es "sustituida procesalmente" por la resolución dictada en el incidente de nulidad interpuesto en su contra, pues con total independencia del sentido en que se decida el referido medio de impugnación, en todo caso, lo único que puede ser materia del juicio de amparo es la nueva determinación. Como se destacó en párrafos precedentes, en la especie el quejoso señaló como acto reclamado la diligencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se embargó su cuenta bancaria 155-843-9435, así como el bien inmueble ubicado en: lote seis, manzana dieciséis, colonia Presidentes Ejidales, segunda sección, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Empero la referida actuación procesal quedó "sustituida procesalmente" por el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra las notificaciones practicadas el veinticuatro de abril y veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dos de diciembre dos mil diecinueve y veintiséis de febrero de dos mil veinte; razón por la que han cesado los efectos del acto que se le atribuye al juez de origen. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI del ordenamiento en cita. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 61, fracciones XVIII y XXI, así como el diverso precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Vigésimo Cuarto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, informa que permitió el acceso a Marco Antonio Anguiano Cazares y remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 142/2017. En tal virtud, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el quejoso desahogue la prevención ordenada en proveído tres de los corrientes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Marco Antonio Anguiano Cazares, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de diecinueve de octubre del año en curso. Ahora, del ocurso que se provee, se advierte que el Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, para que realizara la inscripción del embargo respecto del bien inmueble ubicado en: ."En consecuencia, ."requiérase mediante notificación personal a Marco Antonio Anguiano Cázares, para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente día hábil al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Primero. Manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, y de ser así, precise el acto o actos que le reclama. Segundo. Exhiba una copia más de la demanda de amparo, así como reproducciones suficientes del escrito por virtud del cual desahogue este requerimiento, para correrle traslado a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el ordinal 114 del propio ordenamiento legal. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán únicamente como autoridades responsables las señaladas en su escrito inicial. Notifíquese personalmente al promovente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,550 expedientes
- Marcia Cecilia Peña Bon366/2018
- Marciano Martínez Amaro479/2021
- Marciano Martínez Amaro45/2021
- Marco Alfonso Sánchez Múñoz361/2021
- Marco Antonio Aguilar Portillo1319/2022
- Marco Antonio Álvarez Martínez63/2018
- Marco Antonio Aquino Aguirre977/2022
- Marco Antonio Ávila Durán1046/2013
- Marco Antonio Borquez826/2015
- Marco Antonio Campa Roldán98/2019
- Marco Antonio Cano Viquez677/2018
- Marco Antonio Corral García1121/2019