Marco Antonio Agustín Moreno Migoni
Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
- Marco Antonio Agustín Moreno Migoni
Actuaciones
- Principal
PRAL.425/2018-2B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 13 a 16), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Agustín Moreno Migoni; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Alejandro Ruiz Korsi, secretaria(o) de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo escrita presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, el veinticinco del mes en curso, y recibida en este Juzgado en esa fecha, promovida por Marco Antonio Agustín Moreno Migoni, contra un acto del director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número 425/2018. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado que el quejoso le atribuye a la responsable, lo hace consistir en: la falta de contestación a la petición formulada mediante escrito de quince de diciembre de dos mil quince, y recibido el mismo día en la oficialía de partes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Ahora, este órgano jurisdiccional consideró que, en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.) Por otra parte, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De ahí que, en el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad, ya que entre el aquí promovente, como trabajador docente jubilado, dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y el Director General de dicho Instituto, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo. En efecto, no le reviste el carácter de autoridad responsable, pues el acto que se controvierte se refiere a cuestiones inherentes como trabajador jubilado del Instituto responsable; aspecto que así se desprende de los antecedentes del acto reclamado (foja 3); luego, se está en un plano de igualdad, por lo que, el acto de la responsable no debe estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación; así, dado que la responsable actúa en su calidad de ente patronal frente a la relación que mantiene con el promovente en su calidad de trabajador jubilado, se está ante un derecho laboral reclamable ante los Tribunales de Arbitraje que corresponda. En este sentido, es aplicable la jurisprudencia 651, de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Tomo V, materia de trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917- 2000, que dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada I.6o.T.26 L, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 202602, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En ese contexto, como se actualiza de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio, se desecha, de plano, la demanda presentada por Marco Antonio Agustín Moreno Migoni, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. 4. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el numeral 27 de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente.
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