Marco Antonio Aguilar Velasco

Expediente 1126/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1126/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Aguilar Velasco
  • Marco Antonio Aguilar Velasco y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Jefe de Departamento de Remuneraciones y Deducciones de la Coordinación General de Administración de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1126/2019-1-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".A).- DE LA ORDENADORE.- a la autoridad señaladas como responsable ordenadora, el reclamo LA ORDEN girada al C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES Y DEDUCCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Para la aplicación inmediata del embargo y los descuento de manera provisional del 12% mensual de todas y cada una de las prestaciones ordinarias y extra ordinarias que devengan del suscrito quejoso por MARCO ANTONIO AGUILAR VELASCO, referente al AUTO de FECHA 10 DE ABRIL DEL 2019. Del EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 1050/2016. Del JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE PATERMIDAD, Ventilado en el JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS C).- DE LA EJECUTORA.- a la autoridad señalada como responsables ejecutora, se le reclama LA APLICACIÓN de los descuento de manera provisional del 12% mensual de todas y cada una de las prestaciones ordinarias y extra ordinarias que devengan del suscrito quejoso por ***. " Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dictados después de concluido el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil***, del índice de la autoridad responsable, en el que se decretó de manera provisional el descuento del doce por ciento del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga el hoy quejoso. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 991 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, contenido en el título decimonoveno, capítulo único "De las Controversias del Orden Familiar, de la Violencia Familiar y de la Reparación del Daño", de dicha legislación, normatividad que rige el procedimiento de donde emana el auto combatido; precepto que establece: "ART. 991. La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitara la intervención de un defensor de oficio, quien gozara de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre del (sic) la parte que asesore." Conforme al transcrito numeral, el recurso de apelación en las controversias del orden familiar se rige por las disposiciones generales del código adjetivo de la materia en lo tocante a los recursos, salvo el caso de que la recurrente carezca de abogado, en cuyo supuesto se le debe designar un defensor de oficio. Esto es, la citada disposición remite al título del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas que regula los recursos para conocer la procedencia y trámite de la apelación en aquellos casos en que se combate por ese medio de impugnación alguna determinación dictada en los juicios que se siguen por la indicada vía. Del título en comento, destacan los artículos 663, 666, 671 y 675, que a la letra señalan: "Artículo. 663. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. "Artículo. 666.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronuncio la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." "Artículo. 671. De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. Dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el estado. De no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo. En caso de que la garantía señalada sea excesiva o que se niegue la admisión del recurso en ambos efectos, se puede ocurrir en queja, mismas que deberá presentarse ante el mismo juez, en un término que tres días, debiendo acompañar garantía por el equivalente de sesenta días de salario mínimo general vigente en el estado, para efectos de suspender la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá al superior la queja planteada junto con su informe justificado, dentro del término de tres días, para que sea resuelta por el superior jerárquico en un término de cinco días. Declarada fundada la queja, el superior ordenara que la apelación se admita en ambos efectos y señalara la garantía que exhibirá el recurrente ante el inferior dentro del término de seis días. Si se declara infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida. Las resoluciones que resuelvan las quejas no admiten más recurso que el de responsabilidad. También la parte contraria podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas interpuestas, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado al superior en el término de tres días, y este resolverá en el plazo máximo de cinco días. Si el tribunal confirmase la resolución apelada, condenara al recurrente al pago de las indemnizaciones, fijando el importe de los daños y perjuicios que se hayan causado, además el pago de costas." "Artículo. 675. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas; II. De los autos definitivos que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación; III. De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación." De los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. Es en la categoría de autos cuya ejecución puede causar daño irreparable o de difícil reparación en donde encuadra el proveído de diez de abril del año en curso, mediante el cual se determinó imponer al aquí accionante del juicio de amparo, en el expediente ***, relativo al juicio de reconocimiento de paternidad, una medida provisional, por el doce por ciento (12 %) del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga el quejoso. Sirve de apoyo a lo esgrimido, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 85/2009 , de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Luego, dicho proveído es impugnable a través del recurso de apelación establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por el quejoso *** en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Además, el recurso de apelación sí prevé en su trámite la posibilidad de suspender la ejecución de la resolución recurrida, al contemplar el Código de Procedimientos Civiles de la Entidad que aquél medio de impugnación debe ser admitido en ambos efectos (devolutivo y suspensivo) o en uno solo, según se trate de la determinación combatida. La apelación admitida en ambos efectos, en términos del artículo 669, suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que cause ejecutoria, y, en el caso de auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento, suspende la tramitación del juicio; de no ser así, solo lo suspende en el punto que sea objeto del auto o la interlocutoria apelada, debiendo continuarse en todo lo demás. Ahora, de conformidad con los artículos 670 y 671, son admisibles en un solo efecto las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido que se admitan libremente o en ambos efectos; sin embargo, en tratándose autos e interlocutorias cuya ejecución pueda causar daño irreparable o de difícil reparación, como en el caso acontece, la apelación se admitirá en ambos efectos si el recurrente lo solicita al interponer el recurso, señalando los motivos por los que considera que aquella determinación le irroga un daño irreparable o de difícil reparación. De ahí que se estime que la apelación prevista por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas constituye recurso idóneo para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en las resoluciones o determinaciones cuya ejecución implica un daño irreparable o de difícil reparación, habida cuenta que su interposición contempla la posibilidad de suspender la ejecución en tanto se resuelve el recurso, condicionada a la exposición de las razones en que se sustenta la necesidad de paralizar su cumplimentación, las que en el caso específico de la providencia cautelar de retención de alimentos en favor de la quejosa, se hallan implícitas en la naturaleza de aquella medida. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, la quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de apelación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. Se invoca, por su contenido jurídico substancial, el criterio de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS, OBLIGATORIEDAD DE AGOTAMIENTO". Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el precepto 12, con relación al artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, se tienen como autorizados en términos restringidos a ***, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese.

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