Marco Antonio Aguilar Gómez
Expediente 140/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Aguilar Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la quejosa, por medio del cual solicita copia certificada de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y otras constancias. En atención a su contenido, como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria, expídase a costa del quejoso la copia certificada que indica, previa toma de razón que de su recibo obre en autos para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jorge Alberto González Sosa, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio recibido vía electrónica del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite el oficio con registro 20962 de la Consultora Jurídica General en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso. Se tiene por recibió el oficio de la Consultora Jurídica General en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, por medio del cual manifiesta que no cuenta con antecedentes del presente asunto y devuelve el oficio 34572/2021 dirigido al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento en virtud de que mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de María Elena Navarrete Zúñiga, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diez de enero de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiera desahogado la vista otorgada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora bien, toda vez que los efectos de la sentencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, fueron los siguientes: "Con motivo de ello, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) deberá realizar lo siguiente: 1. Considerar que, con motivo de la presente sentencia, una vez que adquiera firmeza, deberá dejar sin efectos el oficio 203300EL351421, de ocho de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se resolvió en sentido negativo la solicitud de la quejosa para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa, así como del psicotrópico THC tetrahidrocannabinol y los actos necesarios como la adquisición de semillas, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte para ese autoconsumo. 2. En su lugar, deberá emitir otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del quejoso Marco Antonio Aguilar Gómez, que implique una autorización a éste para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud18, para los fines que la parte quejosa denomina "lúdicos o recreativos" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. En el entendido de que, además de lo expuesto en este fallo la autoridad administrativa, con plena autonomía, deberá establecer los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento y requisitos del debido proceso que exige la ley y la Constitución al llevar a cabo cualquier acto dirigido a la quejosa. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 6/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, de rubro: "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD." Lo anterior, sin que sea óbice que la normatividad reclamada no prevea expresamente la facultad de la citada autoridad para expedir la autorización de que se trata (.)" Inconforme con la sentencia de referencia, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión. R.A. 209/2021, de su índice, quien confirmó la sentencia. En auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento al fallo protector, mediante oficio registrado bajo el folio 429, la autoridad responsable Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva en representación del Comisionado Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, exhibió copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-19601-2021 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se aprecia lo siguiente: "PRIMERO. Se emite la presente autorización sanitaria para realizar las siguientes actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, indica y americana o mariguana sus preparados y semillas del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), conocido comúnmente como marihuana, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, acondicionar, poseer y transportar, asimismo para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, indica y americana). SEGUNDO. La presente autorización no comprende en ningún caso la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro referido a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, incluída esta prohibición las semillas adquiridas mediante los permisos sanitarios correspondientes o que sean producidas a raíz de las actividades permitidas en el término primero (.)" Así, este órgano de control constitucional advierte que a través del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-19601-2021 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, emitió la autorización al quejoso Marco Antonio Aguilar Gómez, para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, estableciendo los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, así como las restricciones correspondientes. Aunado a lo anterior, a través del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-19601-2021 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte del reverso, se lee que la autoridad de mérito, dejó sin efectos el oficio 203300EL351421 de ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual se declaró improcedente la solicitud del aquí quejoso para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa (acto reclamado en esta instancia constitucional), y emitió el multireferido oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-19601-2021 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que expuso la regulación particularizada únicamente respecto de Marco Antonio Aguilar Gómez que implica una autorización a éste para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleva el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, para los fines que la parte quejosa denomina "lúdicos o recreativos" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. De igual forma, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el contenido de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición absoluta para que la autoridad sanitaria emita autorizaciones para el consumo personal de marihuana, por personas adultas en espacios privados así como los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado. Incluso en el oficio referido se precisó que para la adquisición legal de la semilla se deberá seguir un proceso actualmente estipulado en la regulación sanitaria para la adquisición de las materias primas estupefacientes, y que en ningún caso la adquisición de tales semillas será mayor de 20. Por otra parte, también se precisó que el autorizado deberá informar a la autoridad el domicilio para llevar a cabo la siembra, cultivo y cosecha autorizadas con la finalidad de ejercer facultades de vigilancia. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria de amparo; por lo que es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho vulnerado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. Por tanto, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden de ideas, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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