Marco Antonio Acosta Monroy

Expediente 705/2014 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
705/2014
Año
2014
Actuaciones
8
Última actuación
05/10/2015

Partes del expediente

  • Marco Antonio Acosta Monroy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado contra el auto de uno de septiembre pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio (fojas 335 a 345). En consecuencia, de conformidad con lo ordenado en dicho proveído, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la determinación anterior, para los efectos legales correspondientes. En otro orden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse al Juez Décimo Primero Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal (antes Vigésimo Quinto Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal) y a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los Tomos de pruebas que remitieron en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO SALVADOR SALINAS SANDOVAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA. III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 319 y 320), a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció, ejerciendo ese derecho únicamente el quejoso mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil quince (fojas 323 a 328); ahora bien, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Mediante oficio recibido en este Juzgado el trece de julio del año en curso, el citado órgano colegiado, remitió testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de dos de julio de dos mil quince, emitida en el R.P. 278/2014 (fojas 129 a 203). De la ejecutoria emitida por el aludido Tribunal, se advierte que se resolvió el recurso de revisión en los siguientes términos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida.- - - Para los efectos precisados en la parte final del considerando último de esta sentencia, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARCO ANTONIO ACOSTA MONROY contra los actos que reclamó de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en su carácter de autoridad responsable ordenadora, y del Juez Décimo Primero Penal de Delitos No Graves (antes Juez Vigésimo Quinto Penal de Delitos No Graves), como ejecutora, ambas de esta ciudad, precisados en el resultando primero de esta resolución." Ahora bien, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, concedió la protección constitucional al quejoso para que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictada en el Toca Penal 839/2014 (sic). 2. Con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en la cual subsanara los vicios de forma resaltados en la ejecutoria de amparo y atendiera la totalidad de los agravios expuestos por el Ministerio Público. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Décimo Primero Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal (antes Juez Vigésimo Quinto Penal de Delitos No Graves), al no combatirse por vicios propios. En esa tesitura, en auto de catorce de julio de dos mil quince, se requirió a las citadas autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 204 y 205). En vista de ello, mediante oficio 3576, de fecha seis de agosto del año en curso, la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de la propia fecha, dictada en el Toca Penal 639/2014, mediante la cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, por resolución de diecisiete de agosto de dos mil quince, este Juzgado de Distrito, determinó que la Sala responsable, no cumplió en su totalidad lo ordenado en el fallo amparador, por lo que requirió nuevamente el cumplimiento. Por ello, mediante oficio 3843, de fecha veinte de agosto del año en curso, la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de la propia fecha, dictada en el Toca Penal 639/2014, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que la ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión R.P. 46/2015, fijó los alcances de la protección constitucional, sujetando a la Sala responsable a lo estrictamente establecido en ella. Al respecto, es pertinente destacar que las violaciones formales destacadas en la resolución emitida por la Superioridad, son las siguientes: ". de manera correcta la secretaria en funciones de Juez de Distrito estimó que la sala responsable consideró que la representación social no había combatido la totalidad de las consideraciones del juez de primera instancia; sin embargo, es incorrecto, pues contrario a lo señalado por la responsable, el Ministerio Público sí esgrimió agravios respecto a las consideraciones torales del juez de la causa para negar la orden de aprehensión solicitada..." ". De ahí que, como bien se precisa en la sentencia recurrida, la sala debió estudiar y contestar todos los agravios tendentes a impugnar las consideraciones del juez de primer grado, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 414 y 415 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad." ".Por lo que, como bien lo señaló la secretaria en funciones de Juez de Distrito, las sentencias emitidas en el juicio deben observar siempre la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, consistente en la debida fundamentación y motivación, que significa la expresión del precepto aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." ". En consecuencia, como se precisó en la sentencia recurrida, la determinación de la sala responsable vulneró las garantías individuales del quejoso contenidas en los numerales 8 y 14 de la Carta Magna, pues la omisión del estudio de la totalidad de los agravios, es contrario a una técnica jurídica procesal adecuada, la que obliga a exponer invariablemente los razonamientos en que una autoridad apoya sus determinaciones para declarar fundados o infundados los agravios que le son invocados..." Lo anterior se traduce en que la Sala responsable debía entrar al estudio de la totalidad de los agravios expuestos por el Ministerio Público. Ahora bien, el suscrito juzgador considera que al emitir la resolución de veinte de agosto de dos mil quince (fojas 284 a 318), la Sala responsable abordó la totalidad de los agravios de la Representación social. Se afirma lo anterior con base en las siguientes consideraciones. Los agravios expuestos por la Representación Social respecto a las consideraciones torales del Juez de la causa para negar la orden de aprehensión solicitada, son los siguientes: 1) Que de las copias certificadas relativas a todo lo actuado en el expediente 296/2009, correspondiente al juicio de controversia de arrendamiento promovido por De la Peña y Quintero en contra de Acosta Monroy Marco Antonio, entre las cuales obra la sentencia definitiva de veintisiete de octubre de dos mil nueve, la cual incluso fue confirmada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; el auto de nueve de noviembre de dos mil once; y la razón actuarial de veintiséis de noviembre de dos mil once, se constata que el sujeto activo investido de fe pública sí llevó a cabo un acto, pues efectivamente tuvo encomendada la ejecución de la sentencia definitiva de veintisiete de octubre de dos mil nueve, siendo que "el acto", no es un elemento normativo, ya que implica la acción de la conducta, que de su exceso deviene el dañar jurídicamente a alguien, lo que constituye el elemento normativo o de valoración, por lo que, lo que debe analizarse es precisamente si el acto que llevó a cabo dicho funcionario público dañó jurídicamente a alguien. a) Que como se hace constar en el ejercicio de la acción penal el ahora inculpado Salvador Salinas Sandoval al llevar a cabo la ejecución de la sentencia definitiva de veintisiete de octubre de dos mil nueve, el veintiséis de noviembre de dos mil once, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, no solo ingresó al inmueble señalado en la sentencia que tenía que desalojar, sino que también ingresó a los inmuebles ubicados en los lotes 21 y 22 manzana 3, calle Salamanca s/n, colonia Petrolera, Delegación Coyoacán en México, Distrito Federal, sin autorización del denunciante ni de ninguna autoridad, ya que si bien dicho funcionario traía una orden de desalojo, dicha orden no le autorizaba para entrar a los inmuebles contiguos, siendo éstos los ubicados en los lotes 21 y 22 manzana 3, calle Salamanca, Colonia Petrolera, delegación Coyoacán, código postal 04410 y desalojarlo para dejarlos en posesión de otra persona, esto es la parte actora. De lo que se advierte que se hace referencia a un exceso al llevar a cabo el acto de ejecución de una sentencia, y que en el caso se actualiza el elemento normativo dañando jurídicamente a alguien, ya que con ello se dañó al ofendido Marco Antonio Acosta Monroy, quien en el momento del hecho era su poseedor material. b) Que de las declaraciones del ofendido Marco Antonio Acosta Monroy, así como de las declaraciones de Mónica Garay Migoya y Alejandro Lara Vessi se advierte que el día y hora de los hechos el acto de desalojo que realizó el inculpado, no se llevó como lo precisa en el acta que obra en autos. c) Que el hecho de que exista la razón actuarial de veintiséis de noviembre de dos mil once que contiene la diligencia de lanzamiento, emitida por el inculpado en su carácter de Secretario Actuario en la que hizo constar que procedió a desocupar únicamente el inmueble objeto del lanzamiento en forma pacífica y ordenada y que una vez que estuvo vacío, desocupado y sin bienes lo puso en posesión jurídica y material de la representante legal de la albacea de la sucesión actora, no implica que el hecho que se reclama no se haya actualizado, ya que precisamente el exceso está en que el actuario no hizo debidamente el desalojo de los lotes 21 y 22, pues es evidente que en la razón actuarial no se hizo constar; sin embargo, lo actuado por el Ministerio Público investigador es lo que permite acreditar que dicha actuación que realizó un actuario con fe, no se realizó acorde a la ley y es precisamente que debe analizarse el contenido de las declaraciones, ya que el hecho de que el activo en el momento de los hechos tuviera fe pública, no implica que no haya podido conducirse contrario a la ley, ya que ello no lo imposibilita, por el contrario se advierte que la fe con que son investidos, es lo que aprovechan para cubrir hechos que trascienden a delitos. Aunado a que dicho actuario hizo constar que se constituía en el inmueble a desalojar con la asistencia de la fuerza pública al mando del comandante Raúl Pulido, cuando de actuaciones se desprende que no existe oficio de la Secretaría de Seguridad Pública en el que se le hubiere asignado a esta persona para asistir como fuerza pública, ya que el citado elemento no se ajusta a la fatiga en el día y hora señalado como el del lanzamiento. d) Que cuando una diligencia está contravenida (razón actuarial) por otros medios de prueba, la probidad de la persona que la levantó, ya no puede ser digna de fe, y en el caso el juez de origen debió examinarla. 2) Que la posesión que tenía el ofendido de los lotes 21 y 22 manzana 3, calle Salamanca s/n de la Colonia Petrolera, delegación Coyoacán, antes de la diligencia de desalojo se prueba con las declaraciones de los testigos Mónica Garay Migoya y Alejandro Lara Vessi, que en el caso es lo que interesa y no así la forma en cómo el ofendido adquirió la posesión, sino la posesión material que realmente tenía, siendo incorrecto que la autoridad sostenga que el ofendido no precisa como adquirió la posesión, ya que éste fue claro en señalar que en un inicio llevó a cabo contrato de arrendamiento de dichos inmuebles y posteriormente realizó contrato de compraventa, por lo que su narrativa no es contradictoria, sino que precisa una cronología. Sin que además sea relevante la forma en cómo adquirió la posesión, sino que esa posesión fue afectada con la diligencia practicada por el inculpado, pues obra en dicho juicio y que en el caso excedió lo ordenado en la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil nueve. De modo que el hecho de que obre el dictamen en grafoscopía de diecisiete de septiembre de dos mil nueve, no es óbice para tener por acreditada la materialidad del presente hecho, ya que aun y cuando no esté acreditado la forma en que adquirió la posesión, ello no da legalidad el exceso en que incurrió el inculpado. 3) Sin que para dar valor probatorio a las declaraciones de los testigos de hechos Mónica Garay Migoya y Alejandro Lara Vessi, sea óbice que el ofendido en su declaración inicial no haya hecho manifestación de la presencia de testigos de hechos, ya que dicha situación no implica contradicción, sino que simplemente fue una omisión que no es relevante ni es correcta para aseverar que hay aleccionamiento alguno, lo cual en materia penal no se puede suponer, sino acreditar con medio de pruebas idóneos, y el hecho de que en ampliación de declaración haya referido de su presencia, no implica inconsistencias, contradicción y menos aleccionamiento, ya que es criterio de nuestras máximas autoridades que cuando en la ampliación de una denuncia se precisan cuestiones que no se mencionaron en la primera declaración no es motivo para negarle valor a lo en ella expuesto, precisamente por tratarse de detalles omitidos y no contradicciones que alteren la esencia del testimonio. En este sentido, aun y cuando se asevere que los testigos tienen una relación de amistad, de trabajo u otro con el hoy ofendido, no puede ser causa para dejar de atender al contenido de su declaración; asimismo, tampoco la simple omisión de referir su presencia y el tiempo tampoco, por lo que, tal apreciación es subjetiva y por lo tanto, no es correcta para dejar de atender el contenido de dichas declaraciones, y más aún que en materia penal no hay tachas de testigos, por el contrario de acuerdo a lo establecido en los artículos 189, 190, 191, 245 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal debe atenderse a su dicho, de ahí que sea incorrecta la declaración de insuficiencia de pruebas. 4) Que en relación a la inspección ministerial del lugar de los hechos, así como la inspección judicial de un disco compacto, marca HP que contiene una leyenda que dice: desalojo 26/Noviembre/2011, de las mismas se acredita la existencia del lugar donde se iba a realizar el desalojo de acuerdo a la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil nueve, asimismo, que éste colinda con dos lotes más, que la entrada al inmueble a desalojar es por avenida Taxqueña, donde podían entrar y salir y no obstante en el video se visualiza que salieron por un zaguán grande negro y por una calle, de lo que contrario a lo aseverado por el A quo son indicios que dan mayor soporte al dicho del denunciante en tanto que el inmueble a desalojar era un local comercial que no tenía puerta chica alguna que no les permitiera sacar las cosas de dicho lugar, por el contrario hubo movilidad y por lo tanto, no está justificado que haya buscado otras alternativas que incluso no justifica como entró o quien le dio acceso, e incluso si se analiza la declaración del inculpado, se advierte que aun y cuando niega los hechos, narra la forma como se llevó acabo la diligencia aun y cuando aduce que fue la representante legal de la actora quien les indicó que entraran por un puerta que se localiza en el fondo de dicho predio, del lado oriente se aprecia una puerta metálica de aproximadamente 1.20 metros de ancho por 2.20 metros de alto en la cual se aprecia, que tiene acceso a otro predio (y que a personal ministerial en la inspección no se les permitió entrar) para sacar los muebles, lo cierto es que, el actuario no se opuso y por el contrario accedió pese a que no tenía autorización para ello, esto es hace una aceptación del hecho, y no así su responsabilidad, esto es, reconoce que se entró por una puerta que comunicaba con un terreno que era independiente, lo que no valora el A quo, como tampoco valora los planos y oficios como es el número SEDUVI/DGAU/DCR/1449/2013 de quince de agosto de dos mil trece, en el que se hace constar las dimensiones y colindancias de los inmuebles afectos a la presente causa y en el que se precisa que los inmuebles si son colindantes y pueden tener incluso comunicación, de modo que el zaguán negro pertenece a los lotes 21 y 22. Por su parte, la Sala responsable contestó los agravios esgrimidos por la Representación Social, de la siguiente manera: Respecto a los agravios 1) y a) manifestó que son infundados, toda vez que el inculpado en ningún momento ejecutó un acto que perjudicara a terceros, si no que únicamente con pleno conocimiento de las obligaciones que le imponía la ley al desempeñar su puesto y teniendo encomendada la ejecución de la sentencia definitiva de veintisiete de octubre de dos mil nueve, cumplió con el fin encomendando, no así que éste se haya excedido de sus funciones como servidor público, ordenando, lanzando o que haya puesto a disposición un inmueble diverso al que se le ordenó pusiera a disposición de la parte actora. Argumento que la Sala responsable, basó principalmente en la razón actuarial de veintiséis de noviembre de dos mil once. Respecto al agravio b), consideró que es infundado y puntualizó que las declaraciones de los testigos mencionados, se desvirtuaban con la citada razón actuarial de veintiséis de noviembre de dos mil once, además que sus deposados carecen de imparcialidad, toda vez que el primero de ellos es su vecino con el que tiene una relación de amistad, mientras que la segunda afirmó tener una relación de tipo comercial con el denunciante. Respecto a los agravios c) y d), estableció que eran infundados, debido a que la razón actuarial de veintiséis de noviembre de dos mil once, no se encuentra desvirtuada con elementos de convicción alguno y sí por el contrario, de las copias certificadas del expediente 296/2009, relativo al juicio de controversia de arrendamiento promovido por De la Peña y Quintero contra Acosta Monroy Marco Antonio, se desprende que la parte demandada una vez que fue lanzado del inmueble objeto del juicio de controversia, promovió un incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de lanzamiento de veintiséis de noviembre de dos mil once, que el órgano jurisdiccional resolvió infundado. Respecto al agravio 2, lo calificó infundado y al respecto estableció que aun cuando en su caso, como lo señaló el apelante, en su escrito de agravios, se probara que Marco Antonio Acosta Monroy, tenía la posesión de los lotes 21 y 22, manzana 3, calle Salamanca sin número, Colonia Petrolera, ello no implicaba que se acreditaba la conducta que el Ministerio Público imputa al activo, así como tampoco era dable acreditarla de la forma en que el citado denunciante haya adquirido la posesión de esos lotes, es decir, que es irrelevante para la acreditación del ilícito a estudio, que el denunciante precise o no como adquirió la posesión de los inmuebles en cuestión y por ende el dictamen de grafoscopía suscrito por la perito oficial Araceli Rodríguez Cerón, no se corrobora con medio de prueba alguno que la haga verosímil. Respecto al agravio 3, lo consideró infundado, en virtud de que el hecho de que el denunciante en sus iniciales deposiciones en ningún momento ubicó a los testigos referidos con antelación, en el lugar donde se desarrolló el evento delictivo, es de vital importancia para dar credibilidad o no al dicho de esos testigos, y de ninguna manera puede tenerse como una mera "omisión de detalles". Respecto al agravio 4), lo declaró infundado, precisando que las inspecciones del Ministerio Público, no son útiles para probar la conducta que se imputa al indiciado, en virtud de que el órgano investigador se limitó a dar fe de la fachada de los inmuebles y si bien obra en autos la inspección judicial de un disco compacto de la marca HP, con la leyenda "desalojo 26 de noviembre del 2011", en el que se advierte una diligencia de desalojo, dicha probanza no es suficiente para acreditar que el indiciado ejecutó el desalojo de los inmuebles afectos a la causa, toda vez que adolece de los datos relevantes para identificar el lugar donde se llevó a cabo esa diligencia, la hora, así como la persona que dirigía el lanzamiento. Bajo ese panorama, es inconcuso que la Sala responsable, dio contestación a la totalidad de los agravios esgrimidos por el Ministerio Público. En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. No obsta a lo anterior, las manifestaciones realizadas por el quejoso mediante escrito recibido en este Juzgado el treinta y uno de agosto del año en curso, de donde se advierte su inconformidad respecto del cumplimiento dado por la Sala responsable, bajo el siguiente argumento: ".Cierto es que, con plenitud de jurisdicción, la tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal puede emitir otra resolución esto no significa que pueda determinar conforme a su libre albedrío, esto, porque se le ordena SUBSANE LOS VICIOS DE FORMA RESALTADOS EN LA EJECUTORIA DE AMPARO Y ATIENDA LA TOTALIDAD DE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, misma que de CONSTANCIAS SE ADVIERTE NO EJECUTO. LO CUAL REALIZA DE MANERA DELIBERADA, ya que la Responsable insiste, sin motivo ni fundamento alguno, en tocar el fondo del asunto sin acatar lo ordenado respecto a los vicios formales y menos aún en atender la totalidad de los agravios expuestos por el Ministerio Público." Al respecto, debe destacarse que la concesión otorgada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el presente amparo, fue para que con plenitud de jurisdicción subsanara los vicios formales y atendiera la totalidad de los agravios expuestos por el Ministerio Público, sin vincular a la potestad responsable a resolver en determinado sentido; al margen de que, en todo caso, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la nueva resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria, mediante un nuevo juicio de amparo, por lo que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.

  3. Principal

    MESA III. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y un anexo, remitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con base en el artículo 196 párrafo primero de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente.

  4. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO SALVADOR SALINAS SANDOVAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE,EL AUTO DE DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de siete de agosto del año en curso (foja 252), a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció, ejerciendo ese derecho únicamente el quejoso mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil quince (fojas 256 a 259); ahora bien, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. ... De lo expuesto, se advierte que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no cumplió en su totalidad lo ordenado en el fallo amparador, por lo que, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena requerir a dicha autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS y ajustándose cabalmente a lo destacado en líneas que preceden, cumpla debidamente con el fallo protector, esto es: Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictada en el Toca Penal ...Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que subsane los vicios de forma resaltados en la ejecutoria de amparo y atienda la totalidad de los agravios expuestos por el Ministerio Público. En la inteligencia de que tal resolución podría ser en el mismo sentido que la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso. Hecho lo anterior, deberá remitir dentro del plazo indicado copia certificada de la determinación que emita al respecto. En el entendido que deberá dejar insubsistente la resolución de seis de agosto pasado, con la cual pretendió dar cumplimiento a la resolución concesora, pues no debe soslayarse que la coexistencia de diversas resoluciones impide declarar cumplida la ejecutoria de amparo, porque al no existir unidad en sus contenidos y observancia, ello hace patente que existe controversia en torno a los argumentos que habrán de ser motivo de análisis. ... Sin que con ello se tenga a la autoridad responsable incumpliendo en su totalidad con la ejecutoria de amparo, razón por la cual el suscrito estima que en el caso no es procedente imponer la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución. ..."

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