Marco Antonio Acevedo Ruiz
Expediente 1847/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1847/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/04/2018
Partes del expediente
- Marco Antonio Acevedo Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
III La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. El original del incidente de suspensión es depurable al haberse concedido la medida cautelar, respecto de algunos actos (punto vigésimo primero, fracción III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues existe el original (punto vigésimo, fracción III). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; dos de abril de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, evidencia que el quejoso no desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de febrero del año en curso, es decir, no compareció a recoger los edictos ni exhibió constancia alguna que acredite haber realizado el pago de la publicación de los edictos referidos por los que se ordenó el emplazamiento de Mireya Velázquez García en su carácter de cónyugue del de cujus Juan Cenón Ventura, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la república, tal como lo señalan los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito y con fundamento en el artículo 63, y 5 fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y a la falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. En razón de que la fracción III, inciso b), del artículo 27, de la Ley de Amparo impone a la quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a la tercera interesada, pues dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que el agraviado realice el pago de los edictos respectivos. De estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide a pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada de Mireya Velázquez García en su carácter de cónyugue del de cujus Juan Cenón Ventura, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente del amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 108/2010, localizable en la página 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Novena Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Se hace hincapié que este Juzgado agotó los medios a su alcance para lograr el emplazamiento de Mireya Velázquez García en su carácter de cónyugue del de cujus Juan Cenón Ventura aquí tercero interesado, ya que por auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, se giraron oficios a diversas dependencias con el fin de investigar el domicilio en el cual podría ser localizada Mireya Velázquez García en su carácter de cónyugue del de cujus Juan Cenón Ventura, sin haber obtenido resultados positivos a fin de emplazarla en domicilio diverso. Consecuentemente, y como se dijo con anterioridad, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en los términos antes indicados; en consecuencia, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. A lo anterior, se apoya la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Notifíquese, al quejoso por medio de lista. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III La certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las diez horas con quince minutos, como se estableció en auto de trece de febrero del año en curso; sin embargo, mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Juan Cenón Ventura, por conducto de su conyuge Mireya Velázquez García, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, sin que hasta la fecha haya comparecido a recoger dichos edictos para su publicación, lo anterior, pues se encuentra transcurriendo el plazo referido en auto de veintiuno de febrero pasado, para que el quejoso comparezca por si por su autorizado a recoger los edictos ordenados. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumpla lo anterior, y no transgredir las reglas rectoras del juicio; acorde con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional de referencia se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en atención al requerimiento formulado en proveído de uno de febrero de este año, informa que en los datos de dicha institución no se encontró registro alguno a nombre de Mireya Velázquez García, quien tiene el carácter de cónyuge del de cujus Juan Cenón Ventura. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°., de la Ley de Amparo, agréguense el oficio de mérito; téngase por desahogado el requerimiento formulado en el auto de referencia e insubsistente el apercibimiento decretado. Por otra parte, el estado procesal de los presentes autos evidencia que mediante auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó girar oficios a diversas dependencias, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se avocaran a investigar y verificar en sus registros el domicilio de la tercera interesada Mireya Velázquez García, quien tiene el carácter de cónyuge del de cujus Juan Cenón Ventura. Ahora, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que este Juzgado de Distrito ha agotado todos los medios necesarios para lograr la localización de la tercera interesada Mireya Velázquez García, quien tiene el carácter de cónyuge del de cujus Juan Cenón Ventura; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y en aras de lo dispuesto por el artículo17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procédase a emplazar a la citada tercera interesada por medio de edictos, los cuales correrán a costa de la parte quejosa. Lo anterior porque de acuerdo con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, los edictos deberán contener una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, se hará saber a la citada tercero interesada que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, así como el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; además, en la puerta de este órgano de control constitucional se fijará una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento, se hará hincapié, en que de no comparecer por sí mismo o a través de apoderado o gestor en el plazo señalado, se continuará con la prosecución del presente juicio constitucional y las notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXII.6 C, publicada en la página 565, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "NOTIFICACIÓN EN AMPARO AL TERCERO PERJUDICADO CUANDO SE DESCONOCE SU DOMICILIO, DEBE REALIZARSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO. En el caso de desconocerse el domicilio del tercero perjudicado o de la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el actuario adscrito lo asentará así, dando cuenta, al titular del órgano respectivo, para que dicte las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles; sin que resulte aplicable por ende, diverso ordenamiento legal de manera supletoria, por encontrarse plenamente regulada la conducta que nos ocupa por el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, de ahí que resulte procedente que una vez concluida la investigación del domicilio del tercero perjudicado, que resulte infructuosa, se ordene la publicación de edictos a costa del quejoso, a efecto de llamar a su contrario a juicio." De igual manera la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 22/2015, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época, con número de registro 2009913, cuyos rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Por lo tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le hace saber que tiene un plazo de veinte días computado legalmente para acreditar haberlos entregado para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior; apercibido que en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en este juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis XXVII.3o.33 K (10a.), publicada en la página 1740, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA DILIGENCIARLOS ES DE 20 DÍAS, POR LO QUE LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE FIJA UN PERIODO INFERIOR Y PERENTORIO PARA RECOGERLOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso deberá acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición y, si no lo hace sin causa justificada, se sobreseerá en el amparo. Así pues, el legislador no pretendió imponer plazos perentorios sucesivos para recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega, sino que estableció un plazo general para ejecutar todas esas acciones. En consecuencia, la determinación del Juez de Distrito por la que previene al quejoso para que reciba los edictos dentro de un periodo inferior y perentorio constituye una violación procesal, por lo que si esa prevención conduce a sobreseer en el juicio, el órgano revisor deberá ordenar su reposición conforme al artículo 93, fracción IV, de la citada ley, a fin de que se otorgue al inconforme el plazo de 20 días para efectuar todas las acciones encaminadas a diligenciar los edictos." De igual forma, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 108/2010, localizable en la página 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Novena Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Y la jurisprudencia por contradicción P./J. 27/2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Finalmente, la certificación de cuenta evidencia que el quejoso Marco Antonio Acevedo Ruiz, en el plazo de tres días otorgado, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho; es decir, no compareció a ratificar la firma que calza el escrito recibido en la misma fecha; por ende, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por no presentado el ocurso de mérito, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la jurisprudencia publicada con el número 202, en la página 165, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presenta una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictara el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas."
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