Marco Antonio Abadía Olivera
Expediente 319/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marco Antonio Abadía Olivera
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito signado por Francisco Espinobarros Vivar, en su carácter de apoderado legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ayutla de los Libres, Guerrero, en atención a su contenido, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que solicita, previa copia certificada que obre en su lugar y razón de su recibo para constancia legal. Con la precisión que se otorga a la parte quejosa un plazo de noventa días para que comparezca a recoger los referidos documentos, contados a partir de surtir efectos la notificación del presente proveído; pues en caso de incumplir con lo anterior en el plazo establecido, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demandada de amparo. Finalmente, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por Francisco Espinobarros Vivar, en su carácter de apoderado del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ayutla de los Libres, Guerrero; personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto por los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 319/2016 y fórmese expediente. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente; esto, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a la Juzgadora a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;..." 1.- En el caso: de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, en el cual se ordena trabar formal y legal embargo correspondiente al gasto corriente del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, Guerrero, por la cantidad de $1,260,091.65 (un millón doscientos sesenta mil noventa y un pesos 65/100 moneda nacional), a favor de Marco Antonio Abadía Olivera, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ello como consecuencia de la diligencia de requerimiento de pago de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en autos del juicio laboral 356/2006. 2.- Es un hecho notorio para este Órgano Jurisdiccional la existencia del juicio de amparo 974/2011, donde el veinticuatro de noviembre de dos mil once, se emitió sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: ".Que la autoridad responsable de inmediato tome las medidas necesarias para lograr la ejecución total del laudo dictado en la fecha indicada, evitando incurrir en mayores dilaciones.". Dicha sentencia causó ejecutoria el trece de febrero de dos mil doce, requiriéndose a la autoridad responsable el cumplimiento. 4.- En proveído de veintisiete de abril de dos mil quince (foja 332 y 333), este órgano jurisdiccional, vinculó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y le requirió el cumplimiento de la ejecutoria. 5.- En acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, esta juzgadora arribó a la conclusión de que la sentencia amparadora no se encontraba cumplida, por lo que se requirió a la autoridad responsable culminara con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo que en atención a dicho requerimiento, la autoridad responsable mediante oficio 265/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince, en el cual se fijaron las trece horas del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, para que se llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago al ayuntamiento demandado (aquí quejoso), en el juicio laboral 356/2006. Por su parte, el promovente en en su libelo constitucional, específicamente en el apartado denominado "ANTECEDENTES", señala lo siguiente: ".1.- Con 16 de diciembre del año 2015, la autoridad responsable dentro del Expediente laboral 356/2006, dictó auto de requerimiento de pago en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Ayutla de los Libres, Guerrero. En cumplimiento a dicho requerimiento de pago, con fecha 27 de enero del año en curso, la actuaria del Tribunal responsable se constituyó en el domicilio de la quejosa a llevar a cabo el requerimiento de pago, y que al no pagarse la cantidad requerida por la cantidad de $1,260,091.65 (un millón doscientos setenta mil noventa y un pesos 65/100 moneda nacional) (sic), procedió a trabar embargo de los recursos económicos e ingresos propios de que recibe el Ayuntamiento demandado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por concepto de impuesto, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales e ingresos extraordinarios, gastos corriente, impuesto sobre tenencia de vehículo, impuesto sobre el producto de trabajo y recaudación estatal. Del anterior embargo, la actuaria da cuenta al Tribunal Laboral para acordar lo procedente, con lo que se da entender que tanto el auto de fecha 16 de diciembre del año 2015 y la misma diligencia de fecha 27 de enero del año 2016, no tenían efecto determinante y son tracto sucesivo, en razón de que no existe una determinación final de la procedencia o no del embargo anunciado, la cual debió en forma definitiva por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Con fecha Ocho de enero del año 2016, se dicta acuerdo en que se ordena trabar formal y legal embargo en contra del Ayuntamiento hoy quejoso, tomando en consideración la diligencia de requerimiento de pago fechado el día 27 de enero del año 2016 [lo resaltado es propio]. 3. Con fecha veinticinco de febrero del año 2016, mediante cédula de notificación fue notificada a la parte que represento me notificado (sic) el acuerdo del día Ocho de enero del año 2016.". Por tanto, el ayuntamiento quejoso sabe no solo que fue condenado en el juicio de origen, que está en la etapa de ejecución; sino también lo concerniente a la existencia de una sentencia de amparo que no se ha cumplido; aun así promueve un juicio de amparo, que de admitirlo a trámite implicaría detener la ejecución de otro juicio de amparo. Por lo que, es inconcuso que el acto aquí reclamado por la parte quejosa no puede ser analizado constitucionalmente en ésta vía en virtud de que el mismo, como ya se dijo, fue emitido para cumplimentar una ejecutoria de amparo dictada en el juicio 974/2011, de este índice, y la fracción IX del citado artículo 61 de la ley de la materia, regula dos supuestos que hacen improcedente el juicio de amparo, a saber: Contra resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, Contra aquellas que se emitan en ejecución de las mismas. En el caso nos encontramos en el segundo supuesto de dicha norma de improcedencia. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia XXI.1o. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página ochocientos sesenta y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Así como la diversa II.T.12 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página mil dos del tomo XI, enero de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. RESOLUCIONES DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. La mera interpretación literal del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte relativa en que prevé esta causal de improcedencia nos llevaría a ubicar en ella a toda resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, lo cual sería incorrecto si consideramos la ratio legis de dicha causal que atiende a que una ejecutoria de amparo tiene la presunción de haber sido dictada en estricto apego constitucional o legal; por tanto, la resolución emitida en su cabal cumplimiento, también comparte tal presunción y debido a ella esta última resolución sólo puede impugnarse por vicios propios (exceso o defecto en su cumplimiento) o incluso el incumplimiento mismo, mediante los recursos contemplados en la propia ley, mas no por el fallo del cual proviene. Así, se considera cosa juzgada lo analizado y resuelto en esa ejecutoria a la luz de los conceptos de violación expuestos y, en su caso, la suplencia de la queja, evitando de esta manera una cadena interminable de juicios de amparo que atentaría contra la seguridad jurídica. Sin embargo, los alcances de la protección constitucional en contra de un laudo son variables en tanto que, en algunas ocasiones constriñen a la autoridad responsable a actuar en un solo y único sentido, sin posibilidad alguna de ejercer a plenitud su jurisdicción originaria, y en otras, la restitución al agraviado del derecho público subjetivo infringido conlleva a que la responsable ejerza necesariamente tal jurisdicción. Pudiéndose generar incluso un tercer supuesto, consistente en que ambos alcances se señalen en una sola ejecutoria de amparo, relacionados, por supuesto, con diferentes aspectos del laudo. En este entendido, para que un segundo o ulterior laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo se encuentre comprendido dentro de la hipótesis de improcedencia en estudio, existiendo identidad entre el quejoso que obtuvo la protección constitucional (que motivó tal dictado) y el promovente del actual juicio de amparo en el que se combate el nuevo laudo, requiere necesariamente que la ejecutoria de amparo quede comprendida en el primer supuesto (vinculación total), porque en los dos restantes el ejercicio por la responsable de su libre jurisdicción, al resultar un tema nuevo, si les afecta, podría ser impugnado nuevamente en vía de amparo por cualquiera de las partes, a reserva, claro está de declarar inoperantes los conceptos de violación con los que pretendiese cuestionar lo ya analizado, o las consideraciones que desde el primer laudo le paraban perjuicio y por ello estaba obligado a impugnar desde entonces, sin haberlo hecho." Acorde a lo expuesto, el juicio de amparo es improcedente, pues se está atendiendo la diligencia de requerimiento de pago de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, ello en cumplimiento a la ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en el juicio de amparo 974/2011, del índice de este Juzgado Federal, en la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos antes transcritos, en esencia para los efectos precisados con antelación. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes analizada, lo que procede es desechar de plano la demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que mencionan con excepción de Alfredo Solís Montes, José Manuel Molina Gatica, Juan Carlos Espinoza Pineda y Adrián Chávez Galeana, quienes únicamente estarán autorizados para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto a la solicitud relativa a la devolución de documentos, con fundamento en el artículo 280, segundo párrafo, parte final del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dígase al promovente que por el momento no ha lugar a devolver las documentales que solicita, virtud que con las mismas acredita su personalidad en el presente juicio; lo cual no resulta procedente dicha petición hasta éste momento procesal en que se encuentra el presente asunto. Finalmente, se ordena agregar copias certificadas de la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil once, dictada en el juicio de amparo 974/2011, así como del auto de trece de febrero de dos mil doce, a través del cual se declaró ejecutoriada, y del oficio 265/2016, a través del cual el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince, emitido en el juicio laboral 356/2006.
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