Marco Anotnio Vázquez Nava

Expediente 601/2015 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
601/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Marco Anotnio Vázquez Nava

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que sólo la parte quejosa ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de cuatro de febrero de dos mil dieciséis; el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: I) Dejara insubsistente la sentencia reclamada, de tres de julio de dos mil quince. II) Dictara otra resolución en la que se ocupara de los aspectos omitidos, ajustándose a los lineamientos establecidos en la ejecutoria, fundando y motivando adecuadamente la determinación que emitiera. Del contenido de la ejecutoria de amparo, se observa que los puntos a considerar son los siguientes: a) Que se pronunciara respecto al planteamiento del quejoso relativo a que al tratarse de un procedimiento sancionatorio o punitivo, debía observar los principios de valoración aplicables en la materia penal. b) Que precisara la conducta infractora que le fue atribuida al quejoso, y conforme a ésta, realizara la valoración correspondiente. c) Que fundara y motivara por qué consideró que la carpeta de investigación 463300540000511, resultaba apta para acreditar el delito de fraude. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio número TCA/SGA/2605/2016 de diez de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (en su actual denominación) remitió copia certificada de la sentencia dictada el ocho de marzo del citado año, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo. Derivado de lo anterior, mediante acuerdo plenario de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, los magistrados integrantes de este tribunal colegiado declararon cumplida la ejecutoria de amparo. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, el cual fue radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 1614/2016, y resuelto en sesión de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el sentido de declararlo fundado, por estimar que la sentencia que emitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo desatendió los efectos señalados en la concesión de amparo, pues en ésta expresamente se estableció que se debían aplicar tales principios al valorar la conducta que se atribuyó al quejoso, debiendo precisar las razones por las cuales se estimaba que la carpeta de investigación era ineficaz para la acreditación del delito de fraude; así como la no responsabilidad del quejoso en la supuesta transacción fraudulenta; y el sustento legal de esa determinación. Asimismo, precisó que la responsable estaba constreñida a resolver la situación jurídica del quejoso, atendiendo a los principios de valoración de la prueba penal, pues ello impactaba de manera definitiva en determinar si se acreditaba o no la responsabilidad que le fue imputada al quejoso. En cumplimiento a lo determinado por el Máximo Tribunal de la Nación, mediante oficio TJA/SGA/230/2018 de once de enero de dos mil dieciocho, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa remitió copia certificada de la sentencia dictada el doce del mes y año en cita, de la que se destaca lo siguiente: "TERCERO. Cumplimiento que esta Primera Sección de la Sala Superior, realiza a la ejecutoria de amparo 601/2015. Atinentes a los lineamientos expresados por la Tercer (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, atendiendo a lo dispuesto en la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, este Órgano Jurisdiccional revisor en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el recurso de inconformidad 1614/2016, precisamente al inciso "a)." se determina lo siguiente: - Se deja insubsistente la resolución de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada por esta Primera Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo ahora Tribunal de Justicia Administrativa, en el recurso de revisión 117/2015. Hecho lo anterior y en estricto cumplimiento al inciso "b)" se procede a emitir una nueva resolución en la que: "b). Emita una nueva en la que aplicando los principios de valoración de la prueba en materia penal, funde y motive porque considera que la carpeta de investigación 463300540000511, resulta ineficaz para la acreditación del delito de fraude así como la no responsabilidad del quejoso en la supuesta transacción fraudulenta que se le atribuye". . CUARTO. . . Relativo a la Carpeta de Investigación 463300540000511, radicada ante la agencia del Ministerio Público: Fiscalía de Robos con Violencia y Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que se ofreció como prueba, por su contenido resulta eficaz para desestimar la conducta atribuida en el procedimiento disciplinario de mérito. En razón del siguiente análisis: Aplicando los principios de valoración de la prueba en materia penal, es menester tener claro cuáles son esos principios, razón por la cual se atiende a lo dispuesto en el artículos (sic) 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo éstos los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, los cuales para mayor claridad se transcribirán y analizarán en relación al hecho que nos ocupa. Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 5º. Principio de publicidad ." Este principio no fue cubierto dado que el Ministerio Público encargado de la investigación e integración de la carpeta de investigación 463300540000511, determinó el archivo temporal de la carpeta en comento ya que ". a pesar de estar reunidos los elementos del hecho delictuoso de FRAUDE, ilícito previsto y sancionado por el artículo 305 del Código Penal vigente en el Estado de México, no aparece de momento, datos de prueba suficientes y bastantes para ejercitar acción penal en contra de persona alguna ante el Juez de Control competente." Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 6º. Principio de contradicción ." Al obtener las partes involucradas copias certificadas de las actuaciones realizadas por el Ministerio Público encargado de la integración de la carpeta de investigación 463300540000511 y ser aportadas estas documentales como medios de prueba, es evidente que el principio de contradicción fue aplicado en el ejercicio de interpretación de las partes en el procedimiento administrativo común de carácter disciplinario, desde perspectivas diferentes. . Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 8º. Principio de contradicción ." Este principio no es aplicable al caso que nos ocupa, porque como se dijo anteriormente, al decretarse por el Ministerio Público encargado de la investigación e integración de la carpeta de investigación 463300540000511, el archivo temporal de la carpeta de investigación donde se aprecia del texto que ". a pesar de estar reunidos los elementos del hecho delictuoso de FRAUDE, ilícito previsto y sancionado por el artículo 305 del Código Penal vigente en el Estado de México, no aparece de momento datos de prueba suficiente y bastantes para ejercitar acción penal en contra de persona alguna ante el Juez de Control competente, ." . Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley ." En el caso que nos ocupa no existe discriminación, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, pues d un análisis realizado a las pruebas ofrecidas por el actor específicamente considerando los principios establecidos en materia penal se demuestra fehacientemente que el delito de fraude quedó debidamente acreditado en la carpeta de investigación 463300540000511, esto es, que la transacción correspondiente a la cantidad de $275,104.40 (doscientos setenta y cinco mil ciento cuatro pesos 40/100 m.n.), de la cuenta 108075 del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre del Ayuntamiento de Metepec, a la cuenta 07210005783637218 de la institución Bancaria BANORTE, corresponde a una acción fraudulenta, no pudiéndose acreditar la responsabilidad de dicha acción a una persona en específico; . Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes ." En el caso que nos ocupa, se garantiza la igualdad, equidad y el ejercicio de los derechos del actor al considerar que la transacción referida corresponde a la realización de una acción fraudulenta, pues al igual que las demás personas involucradas en la carpeta de investigación el actor estuvo en posibilidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera. Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso ." Si bien en la carpeta de investigación 463300540000511, se acreditó por el órgano jurisdiccional competente en materia penal, que los elementos del hecho delictivo de fraude existen, cierto es que dicha Representación Social consideró que de momento las pruebas no eran suficientes y bastantes para ejercitar acción penal en contra de persona alguna, en el caso que nos ocupa; por lo tanto, no es dable fincar una responsabilidad administrativa al recurrente en el desempeño del cargo de Tesorero Municipal por ese motivo. Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 13. Principio de presunción de inocencia ." Este principio se aplica al caso que nos ocupa, en donde se demuestra con la Resolución de Archivo Temporal que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a través de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Robos con Violencia y Cuantía Mayor al determinar que ". a pesar de estar reunidos los elementos del hecho delictuoso de FRAUDE, ilícito previsto y sancionado por el artículo 305 del Código Penal vigente en el Estado de México, no aparece de momento datos de prueba suficiente y bastantes para ejercitar acción penal en contra de persona alguna ante el Juez de Control competente ." de las documentales que obran en la carpeta de investigación 463300540000511, quedó acreditado este principio. . Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 14. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento ." Es importante considerar que el procedimiento administrativo disciplinario implementado por la Contraloría del Municipio de Metepec, no debe considerarse como un doble enjuiciamiento, en razón de que, no existió condena imputable al recurrente en el desarrollo de las actuaciones realizadas en la carpeta de investigación número 463300540000511, . . Atendiendo lo descrito, esta autoridad deja a salvo los derechos del Órgano de Control Interno del Municipio de Metepec, México a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones determine cuál es la responsabilidad administrativa disciplinaria en la que incurrió el C. Marco Antonio Vázquez Nava, durante el desempeño como Tesorero Municipal en la administración Municipal 2009-2012, y considere la carpeta de investigación 463300540000511, únicamente como un indicio, respecto de la responsabilidad administrativa en la que pudo haber incurrido el actor cuando desempeñó el cargo de servidor público que ostentaba. Con los argumentos vertidos se considera que el delito de fraude sí se acreditó, contrario a lo que se menciona en la resolución emitida por el Contralor del Municipio de Metepec, dentro del expediente CM/MET/OF/007/2013 y por la resolución emitida por la Sala Regional, motivo del presente recurso de revisión. Bajo este orden de ideas, se acredita que la transferencia realizada por la cantidad de $275,104.40 (doscientos setenta y cinco mil ciento cuatro pesos 40/100 m.n.), no puede ser un hecho imputable al C. Marco Antonio Vázquez Nava, hasta en tanto penalmente no se determine el responsable directo del fraude." Lo expuesto pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con los efectos precisados en el fallo protector. Lo anterior, porque, por un lado, en el tercer considerando de la sentencia citada se observa que la responsable dejó sin efectos la sentencia reclamada y procedió a emitir una nueva resolución en la que aplicó los principios de valoración de la prueba en materia penal; asimismo, fundó y motivó porque consideró que la carpeta de investigación 463300540000511, resultó ineficaz para la acreditación del delito de fraude y la no responsabilidad del quejoso en la supuesta transacción fraudulenta que se le atribuyó. Lo antes narrado evidencia que la autoridad responsable cumplió con el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, lo cual es acorde a lo determinado por el Máximo Tribunal de la Nación al resolver el recurso de inconformidad 1614/2016. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, lo antes determinado es acorde a las manifestaciones vertidas por el quejoso, en las que expresó que la responsable satisfizo la pretensión planteada en el juicio contencioso, lo que denota que está conforme con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a la parte tercera interesada; y, una vez que haya causado estado esta resolución, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a primero de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Marco Antonio Vázquez Nava, atento a su contenido; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por realizadas sus manifestaciones, respecto a la vista concedida mediante auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del remite copia certificada de la sentencia de doce de enero de dos mil dieciocho, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la parte tercera interesada por oficio. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

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