Marco Alfredo Perea Núñez
Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Alfredo Perea Núñez
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del dieciséis de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido; el cual es destruible en términos del artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que sin resolver el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por vía electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 563/2022-IV. Ahora, el quejoso señala como actos reclamados una posible la orden de aprehensión, así como su ejecución. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido de los hechos que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que personas que se ostentan como elementos de la policía ministerial de Jilotepec, Estado de México, le refirieron a su esposa y vecinos que tienen que presentarlo ante el Juez de Control a efecto de rendir una declaración. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación al quejoso, puesto que no señala de manera concreta elementos objetivos que acrediten su dicho, puesto que es omiso en señalar la forma en que se identificaron dichos elementos para afirmar que pertenecen a determinada corporación, además de que en la especie no le mostraron alguna orden o documento a las personas que supuestamente les hizo de su conocimiento dicho evento, aunado a que no le proporcionaron información respecto a algún hecho que la ley señale delito en el que probablemente haya cometido o participado el impetrante de amparo. De esta forma es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del quejoso, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que él haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Además, es importante precisar que el quejoso Marco Alfredo Perea Núñez, presentó otra demanda de amparo, en la que reclamó los mismos actos que aquí se combaten, la cual se radicó ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, con número de expediente 387/2022, y que fue desecha por el mismo criterio que se expuso en las líneas que anteceden, acuerdo que quedó firme el dos de mayo de la presente anualidad. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado al usuario que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente el que indica en su escrito, pues al solicitar las notificaciones electrónicas implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte promovente, máxime que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. Se tiene como medio de comunicación alternativo de su parte, el correo electrónico y números telefónicos que proporciona, para el caso de que este órgano jurisdiccional así lo estime conveniente. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se le autoriza el uso de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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