Marco Alan Rios Mendoza

Expediente 1411/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1411/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Marco Alan Rios Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio de cuenta; atento a su contenido y como lo solicita el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, remítanse las copias certificadas de la constancias que solicita, e infórmesele que a la data el expediente en que se encuentra totalmente concluido, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a once de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible Notifíquese.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito inicial de demanda signado por Marco Alan Ríos Mendoza por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1411/2017, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos, se deduce como requisito indispensable para promover el juicio de garantías, el atender al principio de definitividad que rige al Juicio de Amparo, consistente en que el gobernado, previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Ello es así, ya que el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que tiene por objeto proteger al individuo de los actos arbitrarios de autoridad que afecten su esfera de derechos. Así, cuando ello ocurre y existen medios de impugnación previstos en la ley que rige el acto, el quejoso debe agotarlos, pues con ello puede ser revocado, modificado o nulificado el acto que vulnera su esfera jurídica, lo que de ser así, haría innecesario acudir a la instancia constitucional. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. De lo anterior se procede a realizar un análisis de la demanda de garantías en donde se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "(.) se reclama la ilegal e infundada notificación de fecha 07 de noviembre del año 2016 que supuestamente se realizó al suscrito Marco Alan Ríos Mendoza sobre el contenido del acuerdo de fecha 18 de octubre de año 2016, la cual deriva en la sentencia interlocutoria en la cual se le condena al pago de una cantidad económica y en consecuencia todos los actos procesales que se derivaron de ello. Así, contra dicho acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" De dicho precepto legal, se advierte que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El citado principio se encuentra justificado, por el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el gobernado agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si previo a la presentación de la demandada de garantías, la parte quejosa no agota los citados recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, ello tornará improcedente el citado juicio constitucional, siempre y cuando el acto reclamado no se encuentre en alguno de los casos de excepción. Por lo que contra la ilegal notificación de siete de noviembre de dos mil dieciséis, que dice se le realizó dentro del juicio familiar 9/2005, promovido por Dulce Ixcel Vázquez Hernández, en representación del menor Alan Isaac Ríos Vázquez, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, toda vez que los artículos 39 y 73 a 77del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que disponen: "Artículo 39.- Los incidentes de nulidad de actuaciones por falta o defecto de citación o notificación, se sustanciarán con una sola audiencia, en la que se contestarán, se recibirán las pruebas, alegarán y se dictará sentencia". "Artículo 73.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 74.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 75.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación. Hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha. Artículo 76.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente a cualquier acto que implique conocimiento tácito o expreso de la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 77.- Si al tramitarse la nulidad de actuaciones, la parte contraria estuviere conforme, se decretará desde luego la nulidad. Si la contraria no estuviere conforme, se suspenderán los procedimientos, se citará a las partes para una audiencia que se verificará dentro de cinco días, en la que se contestará la demanda, se rendirán pruebas, se alegará y resolverá." Efectivamente, del contenido de los preceptos legales invocados anteriormente, los cuales han quedado transcritos en líneas que preceden, se desprende que cuando alguna de las partes en un juicio estime que una actuación no ha sido realizada observando las formalidades establecidas en la ley, podrá pedirse su nulidad en la actuación subsecuente a través del incidente correspondiente; caso en concreto que es aplicable ya que el quejoso es parte en el juicio de origen, lo anterior por así referirlo en su escrito inicial de demanda. Efectivamente, en contra del ilegal emplazamiento que refiere el quejoso se le realizo por el Juzgado responsable, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo agotar el incidente de nulidad que establecen los artículos antes trascritos. Por tanto, el solicitante del amparo, antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar en contra del acto reclamado consistente en la ilegal notificación del cual refiere fue objeto el quejoso el día siete de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 9/2005, el incidente de nulidad previsto con anterioridad, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías; lo anterior en virtud de que refiere en la demandada de amparo que es parte en el juicio de origen. De ahí que, al ser la parte demandada en el juicio de origen, está obligado a agotar los recursos y medios de defensa que se establecen en los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra de la misma, previa a esta vía que combate, haya hecho valer el incidente de nulidad de actuaciones, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el incidente de nulidad de actuaciones ?medio de defensa para los efectos del juicio de amparo? se considera como parte integrante del concepto recursos o medios de defensa ordinarios. En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, en la parte que aquí interesa, se consideró lo que enseguida se transcribe: "(...) Ahora bien, debe considerarse para efectos del juicio de amparo como recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características: a) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, b) debe estar establecido en la ley correspondiente, y c) debe tener un procedimiento para su resolución. --- En esta tesitura, el incidente de nulidad en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, lo cual produce efectos similares a la revocación; está establecido en la ley correspondiente, en este caso en la Ley Federal del Trabajo, y tiene determinado un procedimiento para su resolución, previsto en los artículos 763 y 765 de la misma; igualmente tiene fijado un término para su interposición y un plazo para su resolución. --- Resultan aplicables, por analogía, las tesis cuyos datos de publicación y texto son los siguientes: 'NULIDAD DE ACTUACIONES. SI ESTÁ PENDIENTE EL INCIDENTE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si contra el acto que se reclama el quejoso promovió ante los tribunales ordinarios incidente de nulidad de actuaciones y éste se encuentra pendiente de resolución, el juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues debe entenderse que dicho incidente es un medio de defensa que puede tener por efecto la nulificación de la actuación impugnada.' --- (...) --- Por tanto, el planteamiento del mencionado incidente sí es un medio ordinario de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que la Junta se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en el capítulo correspondiente de la ley, ya que si las partes que han comparecido a juicio no agotan ese medio de defensa ni la Junta lo decide en una interlocutoria, el concepto de violación que se haga valer en la demanda de amparo directo será inoperante. --- (...) --- En esa virtud, dado que el incidente de nulidad de notificaciones tiene por efecto, precisamente, analizar cuestiones propias de la legalidad de las mismas, y establecer por parte de la propia autoridad su validez o su nulidad con la consecuente reposición del procedimiento en la parte que se haya declarado nula, debe determinarse que una vez dictado el laudo respectivo la Junta del conocimiento ya no puede abocarse a la resolución de un incidente de nulidad propuesto sobre cuestiones correspondientes a la etapa del procedimiento, en tanto las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo..." Las anteriores consideraciones, aunque no se vinculan directamente con la materia civil, resultan útiles porque proporcionan elementos jurídicos importantes para determinar que de acuerdo con lo ahí expuesto, el incidente de nulidad de actuaciones constituye un medio de defensa idóneo, en tanto que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso. Máxime que la parte quejosa no se encuentra en los casos de excepción para no agotar el principio de definitividad, esto es que el acto reclamado no es de los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución, pues precisamente en estos casos es cuando no es necesario agotar previamente el recurso ordinario, circunstancia que en el caso no acontece pues el acto aquí reclamado se hace consistir en la ilegal notificación de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio familiar 9/2005, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; por tanto, es necesario agotar el medio de impugnación ordinario antes citado, previo a la instauración del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV-mayo-2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Lo anterior es así, porque cuando en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados existe un medio ordinario de defensa, que tiene por objeto anular los actos que lesionan los intereses del quejoso, es indudable que previamente a intentar la acción constitucional debe hacerse valer, con el propósito de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y sólo en el caso de que no se obtuviere una resolución favorable, una vez que se agote el recurso correspondiente, si lo hubiere, entonces debe intentarse el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es indudable que, en el caso, se actualizan los motivos de improcedencia previstos en la FRACCIÓN XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos promovida por Marco Alan Ríos Mendoza, por sus manifiestas e indudables causales de improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos restringidos del artículo 12 de la Ley a Mario David Cárdenas de la O, en virtud de que se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que cita para tal efecto. Notifíquese personalmente.". NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito inicial de demanda signado por Marco Alan Ríos Mendoza por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1411/2017, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos, se deduce como requisito indispensable para promover el juicio de garantías, el atender al principio de definitividad que rige al Juicio de Amparo, consistente en que el gobernado, previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Ello es así, ya que el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que tiene por objeto proteger al individuo de los actos arbitrarios de autoridad que afecten su esfera de derechos. Así, cuando ello ocurre y existen medios de impugnación previstos en la ley que rige el acto, el quejoso debe agotarlos, pues con ello puede ser revocado, modificado o nulificado el acto que vulnera su esfera jurídica, lo que de ser así, haría innecesario acudir a la instancia constitucional. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. De lo anterior se procede a realizar un análisis de la demanda de garantías en donde se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "(.) se reclama la ilegal e infundada notificación de fecha 07 de noviembre del año 2016 que supuestamente se realizó al suscrito Marco Alan Ríos Mendoza sobre el contenido del acuerdo de fecha 18 de octubre de año 2016, la cual deriva en la sentencia interlocutoria en la cual se le condena al pago de una cantidad económica y en consecuencia todos los actos procesales que se derivaron de ello. Así, contra dicho acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" De dicho precepto legal, se advierte que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El citado principio se encuentra justificado, por el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el gobernado agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si previo a la presentación de la demandada de garantías, la parte quejosa no agota los citados recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, ello tornará improcedente el citado juicio constitucional, siempre y cuando el acto reclamado no se encuentre en alguno de los casos de excepción. Por lo que contra la ilegal notificación de siete de noviembre de dos mil dieciséis, que dice se le realizó dentro del juicio familiar 9/2005, promovido por Dulce Ixcel Vázquez Hernández, en representación del menor Alan Isaac Ríos Vázquez, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, toda vez que los artículos 39 y 73 a 77del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que disponen: "Artículo 39.- Los incidentes de nulidad de actuaciones por falta o defecto de citación o notificación, se sustanciarán con una sola audiencia, en la que se contestarán, se recibirán las pruebas, alegarán y se dictará sentencia". "Artículo 73.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 74.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 75.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación. Hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha. Artículo 76.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente a cualquier acto que implique conocimiento tácito o expreso de la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 77.- Si al tramitarse la nulidad de actuaciones, la parte contraria estuviere conforme, se decretará desde luego la nulidad. Si la contraria no estuviere conforme, se suspenderán los procedimientos, se citará a las partes para una audiencia que se verificará dentro de cinco días, en la que se contestará la demanda, se rendirán pruebas, se alegará y resolverá." Efectivamente, del contenido de los preceptos legales invocados anteriormente, los cuales han quedado transcritos en líneas que preceden, se desprende que cuando alguna de las partes en un juicio estime que una actuación no ha sido realizada observando las formalidades establecidas en la ley, podrá pedirse su nulidad en la actuación subsecuente a través del incidente correspondiente; caso en concreto que es aplicable ya que el quejoso es parte en el juicio de origen, lo anterior por así referirlo en su escrito inicial de demanda. Efectivamente, en contra del ilegal emplazamiento que refiere el quejoso se le realizo por el Juzgado responsable, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo agotar el incidente de nulidad que establecen los artículos antes trascritos. Por tanto, el solicitante del amparo, antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar en contra del acto reclamado consistente en la ilegal notificación del cual refiere fue objeto el quejoso el día siete de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 9/2005, el incidente de nulidad previsto con anterioridad, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías; lo anterior en virtud de que refiere en la demandada de amparo que es parte en el juicio de origen. De ahí que, al ser la parte demandada en el juicio de origen, está obligado a agotar los recursos y medios de defensa que se establecen en los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra de la misma, previa a esta vía que combate, haya hecho valer el incidente de nulidad de actuaciones, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el incidente de nulidad de actuaciones ?medio de defensa para los efectos del juicio de amparo? se considera como parte integrante del concepto recursos o medios de defensa ordinarios. En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, en la parte que aquí interesa, se consideró lo que enseguida se transcribe: "(...) Ahora bien, debe considerarse para efectos del juicio de amparo como recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características: a) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, b) debe estar establecido en la ley correspondiente, y c) debe tener un procedimiento para su resolución. --- En esta tesitura, el incidente de nulidad en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, lo cual produce efectos similares a la revocación; está establecido en la ley correspondiente, en este caso en la Ley Federal del Trabajo, y tiene determinado un procedimiento para su resolución, previsto en los artículos 763 y 765 de la misma; igualmente tiene fijado un término para su interposición y un plazo para su resolución. --- Resultan aplicables, por analogía, las tesis cuyos datos de publicación y texto son los siguientes: 'NULIDAD DE ACTUACIONES. SI ESTÁ PENDIENTE EL INCIDENTE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si contra el acto que se reclama el quejoso promovió ante los tribunales ordinarios incidente de nulidad de actuaciones y éste se encuentra pendiente de resolución, el juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues debe entenderse que dicho incidente es un medio de defensa que puede tener por efecto la nulificación de la actuación impugnada.' --- (...) --- Por tanto, el planteamiento del mencionado incidente sí es un medio ordinario de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que la Junta se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en el capítulo correspondiente de la ley, ya que si las partes que han comparecido a juicio no agotan ese medio de defensa ni la Junta lo decide en una interlocutoria, el concepto de violación que se haga valer en la demanda de amparo directo será inoperante. --- (...) --- En esa virtud, dado que el incidente de nulidad de notificaciones tiene por efecto, precisamente, analizar cuestiones propias de la legalidad de las mismas, y establecer por parte de la propia autoridad su validez o su nulidad con la consecuente reposición del procedimiento en la parte que se haya declarado nula, debe determinarse que una vez dictado el laudo respectivo la Junta del conocimiento ya no puede abocarse a la resolución de un incidente de nulidad propuesto sobre cuestiones correspondientes a la etapa del procedimiento, en tanto las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo..." Las anteriores consideraciones, aunque no se vinculan directamente con la materia civil, resultan útiles porque proporcionan elementos jurídicos importantes para determinar que de acuerdo con lo ahí expuesto, el incidente de nulidad de actuaciones constituye un medio de defensa idóneo, en tanto que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso. Máxime que la parte quejosa no se encuentra en los casos de excepción para no agotar el principio de definitividad, esto es que el acto reclamado no es de los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución, pues precisamente en estos casos es cuando no es necesario agotar previamente el recurso ordinario, circunstancia que en el caso no acontece pues el acto aquí reclamado se hace consistir en la ilegal notificación de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio familiar 9/2005, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; por tanto, es necesario agotar el medio de impugnación ordinario antes citado, previo a la instauración del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV-mayo-2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Lo anterior es así, porque cuando en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados existe un medio ordinario de defensa, que tiene por objeto anular los actos que lesionan los intereses del quejoso, es indudable que previamente a intentar la acción constitucional debe hacerse valer, con el propósito de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y sólo en el caso de que no se obtuviere una resolución favorable, una vez que se agote el recurso correspondiente, si lo hubiere, entonces debe intentarse el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es indudable que, en el caso, se actualizan los motivos de improcedencia previstos en la FRACCIÓN XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos promovida por Marco Alan Ríos Mendoza, por sus manifiestas e indudables causales de improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos restringidos del artículo 12 de la Ley a Mario David Cárdenas de la O, en virtud de que se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que cita para tal efecto. Notifíquese personalmente.

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