Marcio Espinosa Coss

Expediente 1419/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1419/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2016

Partes del expediente

  • Marcio Espinosa Coss

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de cinco días, que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Marcio Espinosa Coss, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1419/2016-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que los actos reclamados en la presente instancia constitucional son los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora reclamo el auto de fecha uno de agosto del año en curso dictado dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el suscrito en contra de la falta de emplazamiento, por no estar apegado a derecho, así como la falta de emplazamiento y las consecuencias legales. De la Ciudadana Diligenciaria la notificación del auto de fecha uno de agosto del año en curso, así como la falta de emplazamiento del juicio de modificación de pensión alimenticia en vía de incremento por no estar realizada conforme a derecho, así como las consecuencias legales que surjan al estudiar el resto de lo actuado". Precisado lo anterior, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al hoy quejoso al juicio de modificación de pensión alimenticia en vía de incremento, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En el presente caso, se actualiza la citada improcedencia, toda vez que el acto que se reclama a las autoridades responsables, cesó en sus efectos al haber sido sustituido procesalmente por la resolución pronunciada el uno de agosto de dos mil dieciséis en el incidente de nulidad de notificaciones, resolución que también se reclama en este juicio de amparo. Por tanto, es la resolución dictada en el referido incidente de nulidad la que ahora sustenta el acto que causa agravio a la parte quejosa. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en el auto de uno de agosto de dos mil dieciséis, dictado dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el hoy quejoso, el suscrito Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De tales preceptos se deduce la procedencia del juicio de garantías tratándose de actos en juicio que sean de imposible reparación, esto es, que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la constitución, como lo podría ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Lo anterior implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, como lo es lo relativo a la personalidad, no puede ser sujeta al análisis de inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues la presente vía se encuentra reservada a actos, que aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del inconforme, lo que en la especie no ocurre, siendo de destacarse que, justamente, en estos precisos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión pública ordinaria de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, donde por decisión mayoritaria de los ministros integrantes del máximo tribunal del país, adoptaron el criterio que refiere, sustancialmente, que los actos de ejecución irreparable, se encuentran definidos por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación intraprocesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto. Asimismo, debe decirse que en todo caso, la parte inconforme podrá impugnar las violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento de origen a través del juicio de amparo directo, tal como lo establecen los artículos 170 y 172, fracciones I y V, de la Ley de Amparo. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". "Artículo 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.]" Por tanto, toda vez que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que para ese efecto señala. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.

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