Marciano Pérez Cortés
Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Marciano Pérez Cortés
- Fidel Pérez Cortés y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintitrés de junio del actual, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven ***, contra las autoridades y acto siguientes: Autoridad responsable: - Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Actos reclamados: - La ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once, en el expediente ***, consistente en la condena a *** ubicado en ***, en favor de *** o ***; y su acumulado ***, relativo al juicio ordinario civil de usucapión promovido por ***; y en vía de consecuencia, la continuación del procedimiento del juicio interdictal ***. Actos que estiman violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Con relación a ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Lo anterior es así, porque los actos reclamados se encuentran dentro de un procedimiento que se encuentra en ejecución de sentencia, dentro del cual no se ha dictado la última resolución. De la interpretación de los anteriores preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución del laudo o sentencia cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución puedan intentar el juicio protector de derechos humanos tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo y el entorpecimiento de la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En términos del criterio jurisprudencial antes citado, por última resolución debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, la parte quejosa señala como actos reclamados la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once, en el expediente ***; y en vía de consecuencia, la continuación del procedimiento correspondiente. En ese contexto, constituye un hecho notorio, que en este juzgado se tramitó el juicio de amparo ***, del cual, se desprenden los siguientes antecedentes más relevantes de los actos reclamados; a saber: 1. ***, por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil siete, ante el Juzgado Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, promovió juicio ordinario civil de usucapión en contra de ***, en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, y de quien o quienes se creyeran con derecho, respecto del inmueble denominado Capultitla o también conocido como ***, reclamando también el pago de gastos y costas. 2. El Juez Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, por auto de dieciocho de septiembre de dos mil siete, radicó la demanda bajo el expediente número *** y ordenó emplazar a los demandados, haciendo los apercibimientos de ley. 3. Por su parte, *** o ***, el tres de mayo de dos mil seis, promovió ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, interdicto de recuperar la posesión contra ***, ***, ***, *** y ***, respecto del inmueble denominado "***" también conocido como "***", ubicado en la población de ***, Municipio de ***. 4. De dicha demanda conoció el Juzgado Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, cuyo titular la radicó el cuatro de mayo de dos mil seis, con el número ***, se admitió a trámite y ordenó emplazar a los demandados, lo cual ocurrió mediante diligencias de doce y trece de julio de esa anualidad. 5. Una vez resueltas diversas recusaciones sin causa planteadas por los demandados, finalmente el Juez Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, continuó con el trámite del juicio, registrándolo con el número ***. Acumulación de juicios. 6. El actor del juicio de interdicto para recuperar la posesión ***, *** o ***, interpuso incidente de acumulación de autos y, seguido su trámite, mediante interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil ocho, se decretó la acumulación del juicio de usucapión ***, al diverso de interdicto para recuperar la posesión *** - antes ***-, por ser este último el más antiguo. 7. ***, interpuso recusación sin causa en contra del juez de origen, remitiendo los autos al Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, quien le asignó el número *** y continuó con el trámite del asunto. 8. Seguidas todas las etapas del juicio, el ocho de septiembre de dos mil once, se dictó sentencia de primera instancia, donde se resolvió que la acción de usucapión propuesta por *** resultaba improbada, porque no demostró la causa generadora de su posesión, ni la calidad de la misma; además, se declaró procedente la acción de interdicto para recuperar la posesión propuesta por ***, condenando a los demandados -con excepción de *** de quien desistió de la instancia el actor- a la entrega de la posesión del inmueble materia del interdicto. 9. Inconformes con la anterior determinación, tanto el actor de la usucapión ***, como el actor del interdicto *** y los demandados en el interdicto para recuperar la posesión ***, ***, *** y *** interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron radicados bajo el toca *** ante la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el siete de marzo de dos mil doce, se dictó sentencia la cual modificó la resolución de primer grado, para el único efecto de declarar procedente dentro del juicio interdictal, la prestación relativa al pago de perjuicios, e improcedente la de pago de frutos agrícolas e intereses moratorios, ya que de dichas prestaciones no se había ocupado el juez. 10. ***, *** y *** de apellidos ***, así como ***, inconformes con la anterior determinación, promovieron un primer juicio de amparo directo, el cual fue admitido parcialmente al haberse desechado en relación a *** por no haber estampado su firma; y radicado con el número ***, del índice del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el cual fue resuelto mediante ejecutoria de trece de junio de dos mil trece, en el sentido de conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitados, para los siguientes efectos: ".En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto con antelación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la sala responsable, 1) deje insubsistente la sentencia reclamada, y, 2) dicte una nueva en la que: a) reitere lo relativo a que no fue probada la acción de usucapión, así como las consideraciones que no se vieron afectadas en esta ejecutoria; y b) proceda a dictar una nueva en la que dé debida respuesta al agravio que se analizó deficientemente, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda". 11. La Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de junio de dos mil trece, emitió sentencia que modificó la de primer grado, reiterando lo relativo a que no fue probada la acción de usucapión, declarando procedente el juicio interdictal, así como la prestación relativa al pago de perjuicios e improcedente la de pago de frutos agrícolas e intereses moratorios. 12. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil trece, dictada en el expediente de amparo ***, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito tuvo por cumplida la sentencia del indicado amparo. 13. Inconformes con lo anterior, ***, ***, *** y *** de apellidos *** así como ***, promovieron juicio de amparo, el que se radicó ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el número *** y en su auxilio el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca Morelos, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil trece, concedió el amparo en los siguientes términos: ".1. La sala responsable dicte una nueva resolución, en la cual deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. En la nueva sentencia, sin perder de vista el efecto de la concesión del amparo en el expediente ***, se pronuncie sobre el valor demostrativo de la testimonial a cargo de *** y *** y determine que no colma los requisitos legales, a la luz de los agravios planteados, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer y, con esa nueva perspectiva, continuar con el examen de los restantes conceptos de agravio expresados por la demandada apelante y actuar en consecuencia, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a sus atribuciones". 14. En cumplimiento a lo anterior, el nueve de diciembre de dos mil trece, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó una nueva sentencia, en la que dejó insubsistente la de veinticinco de junio anterior, y comunicó al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que daba cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo ***; en que modificó la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, en los autos acumulados de los expedientes *** relativo al juicio civil interdictal de recuperar posesión y al *** relativo al juicio ordinario civil de usucapión, para quedar como sigue: ".TERCERO. El actor *** también conocido como ***, no probó la acción Interdictal de Recuperar la Posesión interpuesta en contra de ***, ***, *** y ***, por tanto, se absuelve a los demandados de las prestaciones que les fueron reclamadas; y, CUARTO. En consecuencia, de los resolutivos anteriores no ha lugar a condenar a ninguna de las partes al pago de gastos y costas´. Los resolutivos primero y segundo quedan intocados, y el resolutivo quinto desaparece". 15. Por diversos acuerdos signados en fecha trece de mayo de dos mil catorce, dictados en los expedientes D322/2012 y D-811/2013, respectivamente, el pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, tuvieron por cumplidas las ejecutorias dictadas en dichos juicios de amparo, las cuales hizo extensivas a las autoridades ejecutoras. 16. Inconforme con dicha resolución, *** o ***, promovió amparo directo, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el número de expediente 97/2014 el que por sesión de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, determinó concederle el amparo para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada, dictar otra en la que reiterando la absolución del reclamo principal, emprender el estudio integral de las pruebas resumidas en esa ejecutoria, en relación a la acción interdictal para recuperar la posesión y con plenitud de jurisdicción resolver lo que corresponda. 17. En cumplimiento a dicha sentencia, el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de nueva cuenta dictó sentencia, misma que se apoyó en los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución dictada por este Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fecha nueve de diciembre de dos mil trece, dentro del toca en que se actúa, formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por ***, ***, ***, *** y *** o *** o *** o ***, así como por *** también identificado como ***, contra la resolución de ocho de septiembre de dos mil once, dictada por el Ciudadano Juez Segundo de lo Civil del distrito Judicial de Hidalgo, en los autos acumulados de los expedientes número ***, relativo al Juicio Civil Interdictal de Recuperar la Posesión, promovido por ***, también conocido como ***, en contra de ***, ***, ***, *** y ***, y número ***, relativo al Juicio Ordinario Civil de Usucapión promovido por *** en contra de ***, también conocida como *** o *** o *** o *** (sic) ***, como usufructuaria vitalicia y como albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de los extintos *** también conocido como *** o *** y de ***, también conocida como *** o ***, de ***, y de quién o quiénes se crean con derecho. SEGUNDO. Se modifica la sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre del dos mil once, dictada por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, en los autos acumulados de los expedientes número ***, relativo al Juicio Civil Interdictal de Recuperar la Posesión, promovido por ***, también conocido como ***, en contra de ***, ***, ***, *** y ***, y número ***, relativo al Juicio Ordinario Civil de Usucapión promovido por *** en contra de ***, también conocida como *** o *** o *** o *** (sic) ***, como usufructuaria vitalicia y como albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de los extintos *** también conocido como *** o *** y de ***, también conocida como *** o ***, de ***, y de quién o quiénes se crean con derecho, para quedar en los términos a que se refiere la parte final del considerando cuarto de este fallo. TERCERO. Comuníquese al Honorable Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado, que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por esa autoridad en el juicio de amparo ***, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, acompañando copia certificada de ésta resolución." 18. Por acuerdo de once de junio de dos mil quince, dictado en el expediente ***, el pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en dicho juicio de amparo, lo cual se hizo extensivo a las autoridades ejecutoras. 19. Inconforme con la anterior resolución, *** y ***, todos de apellidos ***, así como ***, por su propio derecho y *** o *** o *** o ***, en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de *** o *** o *** y *** o *** o ***, promovieron juicio de amparo, el cual fue radicado en el índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el número D-189/2015 y en su auxilio el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en sesión de diez de septiembre de dos mil quince, concedió el amparo en los siguientes términos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, se concede para el efecto de que: 1.- Se deje insubsistente la sentencia reclamada; 2.- Se emita otra en la que, se reitere todo aquello que no es materia de concesión tanto de la acción de usucapión hecha valer por los aquí quejosos, como de la acción de interdicto de recuperar la posesión promovida por *** o ***; y, 3.- Se absuelva a los demandados aquí quejosos, por lo que hace al pago de los perjuicios, demandados por el actor interdictal.". 20. En cumplimiento a dicha sentencia, el cinco de octubre de dos mil quince, la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de dictó una nueva sentencia, misma que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución dictada por este Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, dentro del toca en que se actúa, formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por ***, ***, *** y *** o *** o *** o ***, así como por *** también identificado como ***, contra la resolución de ocho de septiembre de dos mil once, dictada por el Ciudadano Juez Segundo de lo Civil del distrito Judicial de Hidalgo, en los autos acumulados de los expedientes número ***, relativo al Juicio Civil Interdictal de Recuperar la Posesión, promovido por ***, también conocido como ***, en contra de ***, ***, ***, *** y ***, y número ***, relativo al Juicio Ordinario Civil de Usucapión promovido por *** en contra de ***, también conocida como *** o *** o *** o *** (sic) ***, como usufructuaria vitalicia y como albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de los extintos *** también conocido como *** o *** y de ***, también conocida como *** o ***, de ***, y de quién o quiénes se crean con derecho. SEGUNDO. Se modifica la sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre del dos mil once, dictada por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, en los autos acumulados de los expedientes número ***, relativo al Juicio Civil Interdictal de Recuperar la Posesión, promovido por ***, también conocido como ***, en contra de ***, ***, ***, *** y ***, y número ***, relativo al Juicio Ordinario Civil de Usucapión promovido por *** en contra de ***, también conocida como *** o *** o *** o *** (sic) ***, como usufructuaria vitalicia y como albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de los extintos *** también conocido como *** o *** y de ***, también conocida como *** o ***, de ***, y de quién o quiénes se crean con derecho, para quedar en los términos a que se refiere la parte final del considerando cuarto de este fallo. TERCERO. Comuníquese al Honorable Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado, que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por esa autoridad en el juicio de amparo ***, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, de fecha diez de septiembre de dos mil quince, acompañando copia certificada de esta resolución." 21. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente D-185/2015, el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en dicho juicio de amparo, lo que se hizo extensivo a las autoridades ejecutoras. 22. Posteriormente, *** promovió amparo directo en contra de la resolución que antecede, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, siendo radicado bajo el número D-1669/2015 de su índice, el cual fue resuelto en sesión de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, determinando sobreseer el juicio. 23. Seguida la secuela procesal, el cinco de julio de dos mil diecisiete, el juez responsable requirió el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. 24. El siete de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la ejecución de la sentencia, poniendo en posesión del inmueble materia de la litis al actor ***. 25. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, el juez responsable ordenó remitir las actuaciones del juicio de origen al archivo para su guarda y custodia. 26. Mediante escrito recibido ante el juez responsable el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ***, ***, *** y *** o *** o *** o ***, solicitaron se tuviera por cumplida la sentencia dictada en autos del juicio generador del acto reclamado, petición a la que recayó el auto de diez de diciembre de la pasada anualidad, en la que determinó que la sentencia quedó cumplida el siete de diciembre de dos mil dieciocho. Esta determinación constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional y en el cual, se concedió el amparo para el efecto de que el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dejara insubsistente dicho auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio *** y su acumulado de su índice; y, en su lugar, dictara otro, en el cual de manera fundada y motivada, se pronunciara en relación a la solicitud que realizó el quejoso en el sentido de proveer si estba cumplida o no la sentencia dictada en el controvertido de origen. 27. De la narrativa que bajo protesta de decir verdad realizó de los hechos o abstenciones que constituyen el acto reclamado, en particular del punto 18, se aprecia que el citado controvertido de origen continúa en etapa de ejecución de sentencia y que el acto que en esta ocasión se combate, se originó con motivo del diverso proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplida parcialmente la sentencia de cinco de octubre de dos mil quince, al destacarse que: "..fue parcialmente cumplida, toda vez que la sentencia de segunda instancia dejó intocacdos los resolutivos primero, segundo, cuarto y quinto, de la sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre de dos mil ocnce. E la que se en su último resolutivo se condena a los demandados al pago de gastos y costas, pero no se ha prcedido a su ejecución, consecuentemente, este Juzgado tiene por parcialmente cumplida la sentencia de fecha cinco de octubre del año dos mil quince, en la que previo al requerimiento ralizado a los demandados el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante diligencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, se hizo entrega real, material y formanl del predio denominado '*** y/o ***', al actor ***". De ahí que, si se trata de un acto de ejecución de sentencia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el juicio de origen, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte promovente; sin que ello ocurra en el presente asunto, pues el auto reclamado no se trata de aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica de dar cumplimiento; por el contrario, de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la autoridad responsable tuvo por parcialmente cumplida la sentencia respectiva, ordenando la continuación de la ejecución de la misma; por tanto, es evidente que en el caso, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, por unanimidad de votos estableció que se puede aplicar, excepcionalmente, por analogía la fracción IV del artículo 114 (ahora arábigo 107, fracción V) de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sin embargo, también estableció que tal interpretación por analogía no se extiende al grado tal que permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Así, las partes tienen la posibilidad de impugnar actos en la etapa de ejecución de sentencia exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución del laudo condenatorio, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria del procedimiento de ejecución. Se arriba a tal conclusión, en virtud de que la interpretación por analogía -que fue la que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para arribar a la conclusión que contiene el criterio jurisprudencial transcrito- procede únicamente cuando no existe precepto expreso en la norma y cuando los hechos en esencia sean iguales; siendo que, en el supuesto que nos encontramos, el legislador contempló de manera categórica la regla de procedencia tratándose de actos en ejecución de sentencia o en remate. En efecto, del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se obtiene la regla relativa a que el amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia únicamente procede en contra de la última resolución; sin embargo, tratándose de los restantes actos verificados en ejecución de sentencia, que no tengan relación directa con la ejecución, es decir, aquéllos actos que no tengan la intención o pretendan ejecutar la sentencia, debe de atenderse de manera genérica a la regla planteada por el legislador para los actos dentro de juicio prevista en la fracción V del mismo preceptos, a saber, la irreparabilidad del acto. De lo contrario, se estaría aplicando como regla general la prevista en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, y no al revés, lo que trastocaría la intención del legislador al establecer reglas específicas para la procedencia del acto reclamado en este tipo de actos. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la "última resolución", porque de acreditarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendría que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. En este contexto, de la lectura integra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que, en el particular, la parte quejosa señala como acto reclamado la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once en el expediente ***, así como la continuación del procedimiento; de ahí que en el presente caso no se atienda a la regla de excepción que estipuló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009; ya que, se itera, los actos reclamados tienen relación directa con el procedimiento de ejecución de la sentencia condenatoria, por lo que no se puede analizar su naturaleza de imposible reparación, ya que tal regla es para aquellos actos autónomos e independientes al procedimiento de ejecución. En ese sentido, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al ser el acto reclamado parte del procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo que intenta la aquí quejosa resulta improcedente. En tal virtud, es evidente que en contra de los actos reclamados no procede el juicio de amparo indirecto, ya que no se está frente a la última determinación que se emita dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Así, una vez emitida dicha resolución, podrá hacer valer en el juicio de amparo indirecto que en su momento se promueva, todas las violaciones acaecidas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la propia legislación. En consecuencia, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Se tiene al quejoso señalando como domicilio el que refiere en el escrito de cuenta; ténganse como autorizado únicamente para recibir y oír notificaciones a ***, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. Se autoriza a cualquier persona secretaria y actuaria adscrita a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio, dada la urgencia del caso debido a la naturaleza de los actos reclamados. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretaria encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiséis de mayo del año en curso; en consecuencia, se declara que dicho auto que determinó que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido, asimismo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar provisional y definitiva, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del incidente, es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Asimismo, una vez que haya transcurrido el término de tres años, remítase este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior depuración.
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