Marciano Díaz Rojas

Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
849/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Marciano Díaz Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos copia del acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja 483/2022 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que se informa que al citado tribunal le correspondió el conocimiento del recurso de queja interpuesto Israel Pérez Sánchez, autorizado de la parte quejosa, en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo; asimismo que admitió a trámite el medio de impugnación en comento; y solicita se le remita copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del medio de impugnación en comento. Del contenido del oficio de cuenta, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, respecto de que se le remita copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del recurso de queja de mérito, relativas al juicio de amparo 849/2022 del índice de este juzgado, no se dicta mayor proveído al respecto, en virtud de que como se advierte de autos, por oficio 22225/2022 le fueron remitidos al citado tribunal los autos originales del citado expediente principal, con sello de recibido de diecinueve de agosto del año en curso. Notifíquese por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de José Roberto Rodríguez Martínez, secretario que firma y da fe. /Marisol*

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de la que se advierte que el recurso de queja interpuesto por Israel Pérez Sánchez, autorizado de la parte quejosa, en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo, le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Por consiguiente, remítase de inmediato a dicho tribunal los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, el escrito original de expresión de agravios, así como el informe correspondiente; lo anterior, a efecto de que esté en aptitud de substanciar el citado medio de impugnación; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A" SISE, para que habilite la consulta del expediente electrónico relativo al presente expediente al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. Asimismo, se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscrita a este juzgado, para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Hecho lo anterior, lo remita a dicho tribunal colegiado. Notifíquese: vía interconexión al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Israel Pérez Sánchez, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo, dictado en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesta la queja hecha valer por la parte quejosa; en contra del referido proveído; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A" (SISE), para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que corresponda. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. Asimismo, se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscrito a este juzgado, para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Ahora, en cumplimiento a la circular DFFJ/0012/2020 del Titular General de Gestión Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informe a este juzgado a qué tribunal le corresponderá conocer del presente recurso, para estar en posibilidad de remitirlo, por lo que se instruye al actuario de la adscripción remita por correo electrónico el oficio de solicitud de turno correspondiente. Notifíquese: por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito; y, por lista al resto de las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Israel Pérez Sánchez, autorizado de la parte quejosa, por medio del desahoga el requerimiento que se hizo en auto de veinticinco de julio del año en curso. En atención a lo anterior, se provee en relación a la demanda de amparo promovida por Marciano Díaz Rojas, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, consistentes en: La nulidad de todo lo actuado en la audiencia de once de julio de dos mil veintidós, relativa al juicio agrario 673/2016 en la que no estuvo presente la Magistrada del citado tribunal. La violación a la suspensión provisional concedida en el juicio agrario. Los acuerdos quinto, sexto, séptimo de la fase expositiva de la audiencia de once de julio de dos mil veintidós, por el que se declaró improcedente la excepción de incompetencia para conocer del juicio agrario 673/2016, respecto de la parcela 174 del Ejido de Tultitlán y sus Barrios. La inadmisión de la prueba confesional a cargo de la parte actora en el principal y actora en reconvención, acuerdo dictada en la audiencia de once de julio de dos mil veintidós, en el juicio agrario 673/2016. Desechamiento de la demanda No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en esencia, expuso las siguientes consideraciones: En la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno, éste interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, precisa que por dichos actos se entienden: los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí, puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De ese modo, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Las citadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 del Pleno del Máximo Tribunal, de rubro y contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea part puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En la especie, el quejoso reclama, en esencia, actuaciones derivadas de la audiencia once de julio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio agrario 673/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Sin embargo, tal determinación no constituye un acto de imposible reparación, porque los efectos que produce no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. Ello es así, pues las consecuencias del acto reclamado no son de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo. Aunado a que como se advierte del Sistema Integral de Seguimientos de expedientes SISE se encuentra en trámite el juicio de amparo 810/2022-II del índice de este juzgado, relativa a la demanda de amparo promovida por Marciano Díaz Rojas, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario número 10, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, consistente en la falta de emplazamiento y todo lo actuado incluso la sentencia que se haya dictado en el juicio agrario 673/2016. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, se desecha de plano la demanda de amparo. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · 7,200 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano