MARCIANA MODESTA ESCOBAR GARCÍA y Otros.

Expediente 334/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
334/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • MARCIANA MODESTA ESCOBAR GARCÍA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo promovida por .... , por conducto de su representante legal Rodrigo Saldaña Díaz; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 334/2019. Previamente, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, téngase por acreditada la personalidad con la que comparece a este juicio, con la copia del Poder General para Pleitos y Cobranzas, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, que acompaña a su escrito de demanda. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, la parte quejosa reclama el acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró la prescripción de la acción penal en la carpeta de investigación 2400/HL/2018. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]. El citado ordinal prevé, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, de ahí que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Así, el mencionado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo, o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Bajo ese contexto, es menester traer a colación que respecto del no ejercicio de la acción penal, el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales , establece que antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el citado Código y que la determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código , inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. En ese sentido, el artículo 258 del citado ordenamiento , establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal pueden ser impugnadas ante el Juez de control, cuya finalidad es que éste revise las decisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Con esa base, para sostener la actualización de la causal de improcedencia citada contra el acto reclamado -acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró la prescripción de la acción penal en la carpeta de investigación 2400/HL/2018- por haberse extinguido la acción penal; indefectiblemente debió haber sido recurrido mediante el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya finalidad es que el Juez de Control revise la decisión del Ministerio Público, que definió el curso de la indagatoria, pues al estimarse que su actuación fuera ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, por lo que el peticionario del amparo debió agotar el medio de defensa innominado, previo a ejercer la acción de amparo, lo que en la especie no aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. [Décima Época, Registro: 2017640, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, página 943]. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. En virtud de que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, los estrados de este juzgado con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las mismas por lista de acuerdos. Asimismo, téngase por autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, sin que haya lugar a devolver a la parte quejosa el original del Poder General para Pleitos y Cobranzas, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve; ello, toda vez que únicamente exhibió copia simple de la misma. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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