Marcial Pérez Juárez
Expediente 627/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Marcial Pérez Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de tres de marzo de dos mil dieciséis, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196 párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita; después de transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente auto.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintidós de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecinueve de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Director General Adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que dejó sin efectos el acuerdo de archivo de tres de septiembre de dos mil catorce, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, solicita a este juzgado federal notifique al peticionario de amparo el contenido del acuerdo de archivo de dos de febrero de dos mil dieciséis -el cual anexó en copia certificada-; lo anterior a fin de evitar dilaciones innecesarias y entorpecer la expedita administración de justicia. Ahora, conviene precisar que en el caso se concedió el amparo para los efectos siguientes: "1. Dejen sin efecto el acuerdo de archivo de tres de septiembre de dos mil catorce. 2. Emitan otro en el que, de manera completa, fundamente su competencia para emitir el acuerdo correspondiente. La concesión del amparo se hace extensiva al acto reclamado al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, consistente en la notificación del acuerdo de archivo de tres de septiembre de dos mil catorce, al no reclamarse sus actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia, pues no se expusieron conceptos de violación en su contra." Luego, el veintidós de diciembre de dos mil quince (foja 397), se tuvo al citado Delegado Estatal informando que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, el veintiuno de diciembre pasado solicitó al Director General de la Propiedad Rural, para que en el ámbito de sus funciones se pronunciara respecto al fallo constitucional. En ese contexto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en caso de que se emita un fallo protector para el efecto de que se dicte una resolución y ésta se notifique personalmente al quejoso, la sentencia sólo será cumplida totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, el juicio de amparo tiene por objeto que las sentencias que concedan la protección de la Justicia Federal se cumplan, por lo que el juez de Distrito, una vez que la autoridad le envíe la resolución, podrá ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos correspondientes, a efecto de evitar requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que dilaten la administración de justicia. Ello conforme a lo dispuesto por el artículo 211 de la ley de la materia, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 16/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 122, del rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En ese sentido, atento a que el veintidós de diciembre de dos mil quince (foja 397), se tuvo al Delegado Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, así como que en esta data el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, remitieron copia cotejada del acuerdo de archivo del expediente 175/05 relativo al predio "EL NANCE", ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. En ese orden, dése vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad en cita, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para lo cual se ordena correr traslado con copia certificada del mencionado acuerdo de archivo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio que suscriben el Jefe de Departamento de Incidentes de Inejecuciones, el Director General de la Propiedad Rural y la Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en México, Distrito Federal, por medio del cual realizan diversas manifestaciones. Por otro lado, en la vía telegráfica como en la ordinaria, requiérase al Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo. Asimismo, se le hace del conocimiento que aún les subsiste el apercibimiento decretado en auto de catorce de diciembre de dos mil quince, del que se encuentran debidamente notificados desde el cuatro de enero del presente año, tal como se advierte de las piezas postales que obran en autos. Por otra parte, acorde al artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corresponde al Subsecretario de Ordenamiento Territorial de dicha dependencia; sin que sea el caso de regularizar el procedimiento del presente asunto, tal como lo solicitan. En ese sentido, en apego a lo dispuesto en los numerales 192, párrafo tercero, y 194, ambos de la Ley de la Materia, gírese oficio telegráfico a la autoridad aludida en el párrafo que antecede, al que se insertará el auto de catorce de diciembre de dos mil quince, a efecto de que tenga conocimiento del mismo y ordene cumplir con la ejecutoria a las autoridades responsables en este asunto; hecho lo anterior, deberá informar y acreditar haber realizado lo requerido. En el entendido, que de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa.
- Principal
Se agrega a los presentes autos el oficio de quien actúa en representación de la responsable Delegado de la SEDATU, y en atención a su contenido, se tiene en vías de cumplimiento al fallo protector. Finalmente, dígasele que este Juzgado queda a la espera de las constancias que nos ocupa con las que acredite el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismas que deberán de remitir a la brevedad posible a fin de tener por cumplida la misma.
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