Marcial Miranda Montebello
Expediente 921/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marcial Miranda Montebello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 491 a 494), por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que el citado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las partes para su conocimiento, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese al sumario constitucional en que se actúa, el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Marcial Miranda Montebello, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto de quince de diciembre del año en curso (foja 476 y 477), e informa que han cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, y atendiendo a la manifestación expresa de la parte quejosa en cuanto a que efectivamente han cesado los efectos del acto reclamado, se procede al análisis de las constancias que obran en autos. Para un mejor entendimiento del asunto, es conveniente dar noticia de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa: I. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve de julio del dos mil diecisiete (fojas 02 a 28), Marcial Miranda Montebello (parte quejosa) formuló demanda de amparo contra el acto de los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la que señaló como acto reclamado el incumplimiento de la sentencia definitiva de veintiocho de enero del dos mil trece y la diversa de queja de veinticinco de febrero del dos mil catorce, ambas dictadas en el juicio de nulidad I-68501/2012, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. II. En proveído de veinte de julio del dos mil diecisiete (fojas 29 a 31), se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió su respectivo informe con justificación a la autoridad responsable. III. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de diciembre del año en curso (fojas 434 a 436), en cumplimiento a lo ordenado por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A. 272/2017, interpuesto por la parte quejosa, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto a nuevas autoridades responsables [1] Dirección General de la Policía Auxiliar, [2] Director General de Administración de Personal, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y [3] Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos de la Ciudad de México, requiriéndoles su respectivo informe justificado. IV. Por auto de quince de diciembre del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, a través del cual, formuló diversas manifestaciones en el sentido de haber dado cumplimiento a la sentencia definitiva de veintiocho de enero del dos mil trece y la diversa de queja de veinticinco de febrero del dos mil catorce, ambas dictadas en el juicio de nulidad I-68501/12, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. V. En atención a lo manifestado por la autoridad responsable precisado en el párrafo anterior, en el mismo auto de cuatro de los actuales, este juzgado federal requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto a la posible actualización de un motivo de sobreseimiento por la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con relación al diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. VI. En cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cuatro de diciembre del año en curso, la parte quejosa mediante el escrito de cuenta, manifestó que efectivamente han cesado los efectos del acto reclamado. En tal virtud, cabe señalar que la confesión espontánea de hechos es susceptible de ser reconocida como prueba plena en el juicio de amparo conforme al artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa en su numeral 2º. Por tanto, dada la manifestación expresa de la parte justiciable respecto a que se encuentra satisfecha su pretensión al haberse dado cumplimiento a la sentencia definitiva de veintiocho de enero del dos mil trece y la diversa de queja de veinticinco de febrero del dos mil catorce, ambas dictadas en el juicio de nulidad I-68501/2012, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, informando que han cesado los efectos del acto reclamado, es de colegirse que efectivamente sobreviene la causa de improcedencia propuesta. Conviene transcribir el contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de amparo, los cuales, disponen lo siguiente: (...) El análisis gramatical de esta disposición normativa, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, permite precisar que el verbo cesar connota una acción consistente en un dejar de hacer lo que se está haciendo y el término efecto implica lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que ésta se hace. Así, puede afirmarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga. Debe puntualizarse que para que esa causa de improcedencia sea aplicable, es necesario que el acto reclamado y los efectos producidos sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es restituir al quejoso en el goce del derecho violado. De acuerdo con lo anterior, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando la propia autoridad responsable revoca el acto o se haya restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado.(...) En esa tesitura, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad emisora deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del mismo que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dicho acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, con la finalidad de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación (cuando el acto reclamado sea de carácter positivo) y el de obligar a la autoridad responsable a obrar con respeto al derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija (cuando sea de carácter negativo). Así, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos carezca de materia la reparación constitucional. Ahora, si en el presente juicio de amparo la justiciable manifiesta en el ocurso de mérito que ya no existe la omisión reclamada por haberse dado cumplimiento la sentencia definitiva de veintiocho de enero del dos mil trece y la diversa de queja de veinticinco de febrero del dos mil catorce, ambas dictadas en el juicio de nulidad I-68501/2012, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, informando que han cesado los efectos del acto reclamado, debe estimarse satisfecho el reclamo que en el presente juicio de amparo pretendía obtener la parte quejosa, y por ende, se surte notoria y manifiestamente la hipótesis de improcedencia que ha quedado precisada, al haber cesado los efectos del acto reclamado. En las relatadas consideraciones, como lo solicitó la parte quejosa al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a la presente determinación el hecho de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional relativa al presente juicio de garantías, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, es factible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con el objeto de conseguir una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(...) En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. Finalmente, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese a las partes la presente determinación para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Se agrega el informe justificado, con su contenido dese vista a las partes. Se tiene designados domicilio y delegados. Téngase como pruebas de su parte las que se indican. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta signado por el apoderado legal de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el diverso oficio dirigido a la Dirección General de Administración de Personal de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de la citada entidad federativa, en virtud de que dicha autoridad es inexistente en el organigrama de dicha corporación; por tanto, dese vista a la parte quejosa a fin de que en el término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida. Por otra parte, se agrega el informe justificado, con su contenido dese vista a las partes. Se tiene designados domicilio y delegados. Se tienen como pruebas de su parte las que se indican en este auto. Ahora, tomando en consideración la relevancia que dentro de la presente litis pudieran tener las documentales que exhibe la autoridad responsable, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días informe si han cesado los efectos del acto reclamado. Apercibida. NOTIFÍQUESE; Y DE MANERA PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.
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