Marcial Medina López

Expediente 297/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 39 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
297/2017
Año
2017
Actuaciones
39
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Marcial Medina López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.....EN VIRTUD QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, SE DETERMINA QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN....UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ESTE AUTO, ESTE EXPEDIENTE ESTARÁ EN APTITUD DE DESTRUIRSE........ VISTO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO SIN QUE NINGUNA DE LAS PARTES HUBIERA RECURRIDO DEL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE SOBRESEEYO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA; EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE DICHO PROVEIDO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LO EFECTOS LEGALES PROCEDENTES............

  2. Incidental

    ARCHIVESE LOS PRESENTES CUADERNOS INCIDENTALES.....

  3. Principal

    En Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, quien suscribe licenciada JACKELINE CALDERÓN AQUINO, actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y de Juicios Federales en el Estado, hago constar; que como lo señalo la parte quejosa en su escrito de demanda, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del ACUERDO dictado(a) en DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, a la parte quejosa MARCIAL MEDINA LÓPEZ, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, lo que hago constar para los efectos legales correspondientes; MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".... Tijuana, Baja California, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del término constitucional dictado el once de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 53/2016-C, en el que dictó auto de formal prisión en contra de Marcial Medina López; por lo que, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [...]" (Énfasis añadido). Del dispositivo antes transcrito se desprende, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, Marcial Medina López, reclamó por esta vía de control constitucional, la orden de aprehensión girada en su contra por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad y otra autoridad, advirtiéndose de las constancias remitidas por la precitada autoridad responsable, se obtiene que existe un cambio en la situación jurídica del quejoso, al haber dictado auto de formal prisión, dentro de la causa penal 53/2016-C de su índice; de ahí que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de plazo constitucional de once de enero de dos mil diecisiete, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto las providencias decretadas así como el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación respectiva en el libro de juzgado correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, materia penal, con número de registro 169410, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En atención a lo anterior, se hace extensivo el sobreseimiento a la autoridad señalada como responsable en su carácter de ejecutora, debido a que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión del quejoso y no por vicios propios en la ejecución de la misma, de ahí que no sea procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de ejecución; lo anterior, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Notifíquese personalmente.....

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...

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