Marcial Hernández Benitez

Expediente 270/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
270/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • Marcial Hernández Benitez y Otros.
  • Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México
  • Efraín Hernández Benitez
  • Marcial Hernández Benitez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso inconformidad dentro del término legal, contra el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 316 a 318), que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.1.1, numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional. Notifíquese; y vía electrónica al quejoso.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense sin mayor pronunciamiento los oficios, signados por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Registro Agrario Nacional, por medio de los cuales, informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo; lo anterior es así, pues mediante proveído cinco de noviembre del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el presente asunto. Cumplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese la razón actuarial de cuenta, por la cual la funcionaria judicial de la adscripción hace constar su imposibilidad para entregar el oficio 22621/2021, dirigido a la autoridad responsable "Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en esta ciudad, por los motivos que ahí expone. En tal virtud, y atendiendo a que dicha autoridad suspendió labores del ocho al diecinueve del mes y año en curso; por tanto, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial de la adscripción, para que haga entrega del oficio antes referido a partir del día veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de que la responsable tenga conocimiento del proveído inserto en el mismo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito determinó: ".En ese tenor, lo procedente es conceder el amparo solicitado para que el tribunal responsable en uso de su facultad de proveer de oficio el cumplimiento de la sentencia, requiera nuevamente al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional para que dé cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia y le otorgue un tiempo breve atendiendo al principio de inmediatez en el cumplimiento de la sentencia previsto en el primer párrafo del artículo 191 de la Ley Agraria, al que debe ceñirse el tribunal responsable y lo aperciba en específico con una medida de apremio de las que la ley lo faculta para imponer, lo que en caso de no cumplir dentro de dicho término deberá hacer efectiva. Ahora, por su parte el Delegado del Registro Agrario Nacional, también se encuentra transgrediendo en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 Constitucional; toda vez que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que recibió el oficio que contenía el requerimiento de cumplir con el resolutivo quinto e la sentencia, así como la información que éste requirió para expedir los certificados parcelarios correspondientes, desde el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho sin que exista constancia en autos que acredite que dio cumplimiento al mismo transcurriendo ya un término por demás excesivo (un año cuatro meses a la presentación de la demanda de amparo), sin que diera cumplimiento o informara la imposibilidad que tenga para ello, en tanto que no emitió respuesta alguna. Con lo que desde luego violentó los derechos fundamentales del quejoso, al dilatar en exceso el cumplimiento de la sentencia violentado los derechos fundamentales de la parte quejosa contenidos en el artículo 17 Constitucional. En ese sentido, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria: A) El Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve con residencia en Toluca, Estado de México: 1. Deje insubsistente el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte y en su lugar emita otro en el que acuerde favorable la petición de la parte quejosa y requiera nuevamente al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional para que dé cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia y le otorgue un tiempo breve y lo aperciba en específico con una medida de apremio de las que la ley lo faculta para imponer. 2. En uso de su facultad de proveer de oficio el cumplimiento de la sentencia, requiera nuevamente al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional para que dé cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia y le otorgue un tiempo breve y lo aperciba en específico con una medida de apremio de las que la ley lo faculta para imponer y en caso de que no cumpla dentro de dicho término deberá hacer efectiva la medida de apremió con que lo aperciba. En el entendido de que una vez que emita el auto respectivo y lo informe a este juzgado remitiendo las constancias que lo acredite, se tendrá por cumplida la sentencia, sin que sea materia de la concesión su contenido o la medida que haya elegido, ni las determinaciones que con motivo del mismo le sigan. B) El Delegado del Registro Agrario Nacional: 1. De inmediato de cumplimiento al requerimiento que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve con residencia en Toluca, Estado de México le hiciera en auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho o informe la imposibilidad que tenga para tal efecto." En auto de trece de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 2436/2021 recibido en este juzgado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno el Secretario de acuerdos en suplencia de la Magistrada Tribunal Unitario Agrario del Distrito número nueve, informó que el Registro Agrario Nacional había dado cumplimiento a la sentencia, ya que había expedido los certificados parcelarios a los que fue condenado y para acreditar su dicho exhibió copia certificada de los certificados parcelarios expedidos a favor de los aquí quejosos. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que en derecho correspondiera. De la copia certificada de los certificados parcelarios; documentales que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, tienen pleno valor probatorio; se desprende que: El Registro Agrario Nacional, ya dio cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia agraria; toda vez que ya expidió los certificados parcelarios a favor de los quejosos. Así, del examen de las documentales antes referidas, se desprende que, sin duda, se atendieron los efectos del fallo protector, toda vez que el objeto de la sentencia amparadora era para que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número nueve tomara las medidas necesarias para lograr que el Registro Agrario Nacional diera cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia agraria; esto es expidiera los certificados parcelarios a favor de los quejosos; asimismo, para que el Registro Agrario Nacional diera cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia agraria o manifestara su imposibilidad para tal efecto. En ese tenor, si el objeto de la sentencia amparadora era para que se tomaran las acciones necesarias para que se diera cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia agraria; esto es expidiera los certificados parcelarios a favor de los quejosos; los cuales ya fueron expedidos, entonces es evidente que el objeto de la sentencia de amparo ya se cumplió y por consiguiente ya se restituyó a los quejosos en el goce del derecho fundamental que se violentó. Ahora, no se desatienden los argumentos de los quejosos en el sentido de que la sentencia de amparo no se encuentra colmada toda vez que a su consideración los certificados parcelarios no se expidieron correctamente; sin embargo, en el caso que nos ocupa este juzgador se encuentra imposibilitado para analizar dichos certificados parcelarios así como si se cumplió en sus términos el resolutivo quinto de la sentencia agraria, pues será el Tribunal Unitario Agrario quien en su caso deberá analizar si se cumplió en sus exactos términos el resolutivo quinto de la sentencia agraria; pues ello escapa a las facultades de este juzgador quien en el caso únicamente debe verificar si se cumplió en sus términos la sentencia de amparo y no así la diversa sentencia agraria; máxime que en el caso que nos ocupa la sentencia de amparo no fue para que se cumpliera en sus exactos términos el punto quinto de la sentencia agraria, sino para que la responsable tomara las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia y para que el registro Agrario nacional la cumpliera; de ahí que si existe un defecto en el cumplimiento de la sentencia agraria, será ante el Tribunal agrario ante quien se deba hacer valer. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

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