Marcial Eymard Contreras Campos

Expediente 839/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
839/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Marcial Eymard Contreras Campos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito signado por Roberto Boiso Caballero, autorizado en términos amplios del quejoso Marcial Eymard Contreras Campos; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de quince de julio de dos mil diecinueve, pronunciado por este juzgado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por este último. Atento a lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de cuenta y las copias de éste, a fin de que provea lo conducente, asimismo, ríndase el informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, adjuntándose al informe copias certificadas del expediente en que se actúa, ello para la substanciación del medio de impugnación, con la atenta solicitud del acuse de su recibo. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber a la superioridad que es cierto que el quince de julio de dos mil diecinueve, se emitió el proveído que constituye el acto recurrido, constando en él los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para dictarlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos del promovente del amparo. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, se encuentran gozando del primer período vacacional correspondiente al año en curso; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanuden labores las autoridades a las que vayan dirigidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARCIAL EYMARD CONTRERAS CAMPOS. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Marcial Eymard Contreras Campos, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y Fiscal Regional de Morelia de la Fiscalía General de Justicia del Estado; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número. VI-839/2019. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que ve a los actos que atribuye a las autoridades siguientes: Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. 2. Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; y, 3. Fiscal Regional de Morelia de la Fiscalía General de Justicia del Estado. De quienes reclama el acto siguiente: Falta y/o abstención de determinar, resolver y consignar ante el Juez Oral Penal Competente y en turno, después de haber transcurrido aproximadamente doce meses de que fue presentada la denuncia y/o querella penal contenida en la carpeta de investigación número 1003201820854, número de expediente 14358/UATP/MOR/2018, por la comisión del delito de abuso de confianza, robo y/o los que resulten, en contra del imputado Ricardo Reyes y quien resulte responsable, en agravio del quejoso Marcial Eymard Contreras Campos. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza, con fundamento en la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De la interpretación funcional (teleológica) que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de este precepto se advierte, que para la actualización de la causal de improcedencia por virtud del principio de definitividad, cuando se trata de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, como en el caso lo es el Ministerio Público Investigador, debe considerarse lo siguiente: El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. 2. Para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. 3. Que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. 4. Dentro de las excepciones que contempla el precepto legal invocado acotó la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el caso, Marcial Eymard Contreras Campos acude a esta instancia constitucional en su calidad de ofendido o víctima, pues, bajo protesta de decir verdad, manifestó haber presentado una querella en contra de Ricardo Reyes, por la comisión del delito de abuso de confianza, robo y los que resulten, misma que originó el inicio de la carpeta de investigación 1003201820854, número de expediente 14358/UATP/MOR/2018, de la estadística del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; de ahí que, con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 105, así como por el Libro Primero, Título V, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales , tiene el carácter de parte dentro del procedimiento penal; y, por ende, es titular de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley nacional establecen con base en el principio de igualdad ante la ley y entre las partes que postulan respectivamente los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Por virtud de estos principios, el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. Las razones por las cuales el Poder Reformador al introducir en el nuevo sistema de Justicia Penal el carácter de parte que tiene tanto la víctima de un delito como quien resulte ofendido por la conducta, fue la protección de sus derechos fundamentales, que se pueden aglomerar en lo siguiente: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. A través de tales derechos fundamentales se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual, en su artículo 2, dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: Esclarecer los hechos, II. Proteger al inocente, III. Procurar que el culpable no quede impune, IV. Reparar el daño, Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las víctimas del delito o los ofendidos con la conducta delictuosa, puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control, en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Para ello, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. La lectura de dicho artículo evidencia que, contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el Juez de control. En cuyo caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. De lo anterior, se colige que, ciertamente, en general se trata de las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; las cuales podrán impugnarse por la víctima u ofendido ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución; en cuyo caso, dicho juzgador citará a las partes a una audiencia en la que los escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior constituye un medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine incluso en una sola audiencia, si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En ese orden de ideas, la interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten concluir que, en el desempeño de su labor investigadora, las determinaciones del Ministerio Público deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esa circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación, es que, al estimar ilegal su actuación, aquél debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esa manera, tratándose de la omisión ministerial, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, la continuación de la investigación a cargo del Ministerio Público. Así pues, la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados en párrafos precedentes permite demostrar que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional referido. Medio de impugnación que resulta idóneo, pues, como se dijo, al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, el juez de control puede determinar que la conducta asumida por quien conduce aquélla es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que reanude la misma y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, ello, para cumplir con el objetivo establecido en el artículo 2 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso, ya que la intención del Poder Reformador, al diseñar la figura del Juez de control en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. Incluso, no existe ningún precepto legal del cual pueda advertirse que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige mayores requisitos para para el otorgamiento de la suspensión definitiva, precisados por la ley de amparo, pues debe recordarse que, con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, esto es, el juez de control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación, entre otras determinaciones, como se indicó, puede conminarse al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, la víctima u ofendido por alguna conducta delictuosa, antes de acudir al juicio de amparo a reclamar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la conducción de la investigación, debe comparecer ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No pasa inadvertido que la parte quejosa indicó que su demanda de amparo es procedente, con base en la tesis aislada de rubro siguiente: OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. AL NO ESTABLECERSE EXPRESAMENTE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NI EN ALGUNA OTRA DISPOSICIÓN APLICABLE, EL RECURSO O MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBE INTERPONERSE EN SU CONTRA, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Empero, debe mencionarse que dicho criterio fue objeto de la denuncia de contradicción de tesis 233/2017, la cual fue resuelta el dieciocho de abril pasado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se generó la tesis de jurisprudencia 27/2018 (10.) de rubro: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES., aprobada el veintitrés de mayo siguiente y pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación , por lo cual, resulta inaplicable en el caso de estudio. Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto de la abstención de prosecución de la denuncia presentada por el quejoso, en contra de Ricardo Reyes, por la comisión del delito de abuso de confianza, robo y los que resulten, identificada con el número 1003201820854, número de expediente 14358/UATP/MOR/2018, de la estadística del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía regional de Morelia. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XX, de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marcial Eymard Contreras Campos. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizado a Roberto Boiso Caballero, quien gozará de las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución General de la República, 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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