Marcial Bautista Gómez
Expediente 1029/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Marcial Bautista Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mesa 6. NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a ******** solicitando se revoca la autorización del acceso electrónico y el trámite en línea de este expediente al usuario ******** ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se le tiene como domicilio para oír citas y notificaciones, el ubicado en calle ********************, fraccionamiento ********************, colonia ********************de esta ciudad, y por revocado cualquier otro que tenga señalado en autos. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto dictado el veinticinco de julio de dos mil veintidós, en el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, promovido por Marcial Bautista Gómez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que el proveído mencionado en líneas precedentes HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Asuntos Jurídicos, en representación del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura y la Comisión de Ordinaria Instructora de la Cámara de Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, ambas del Congreso del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, y anexo que acompaña, mediante el cual en alcance a su informe justificado remite copia certificada del decreto 066 de once de mayo del año en curso; sin que sea necesario dar vista a las partes por los motivos que se expondrán y que encuentran fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo. No obstante, con fundamento en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó a su oficio de mérito. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que en auto admisorio de veintisiete de junio de dos mil veintidós, el quejoso Marcial Bautista Gómez, promovió demanda de amparo, contra actos del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, con domicilio en esta ciudad, y otras autoridades; consistente en el Decreto 066, de veintiocho de mayo de dos mil veintidós, aprobado en sesión ordinaria del pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Tabasco y su ejecución. Asimismo, de dicha certificación se desprende que mediante proveído de trece de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 86/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, se ordenó dejar insubsistente el Decreto 066, publicado el veintiocho de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial de la aludida entidad federativa, y en su lugar emitir un nuevo Decreto en el que se cumpla con los lineamientos establecidos en el fallo protector de dicho juicio; el cual se invoca como un hecho notorio, de conformidad en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. En ese contexto, en el presente caso el suscrito juzgador federal, estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, pues, el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, lo que lo hace improcedente. El citado precepto 61, fracción IX, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecucio´n de las mismas; [.]" La precitada fracción, establece como motivo para la improcedencia de un juicio de amparo, que éste se instaure contra resoluciones emitidas tanto en juicios de amparos como en ejecución de las mismas; mandamiento del que destaca la inclusión del término "resoluciones", que involucra toda aquella determinación que se emita con motivo del amparo, ya sea en el cuaderno principal o su incidente con independencia de las partes; en virtud de que para inconformarse contra tales actos, la ley de la materia, prevé específicamente su impugnación mediante los recursos y demás medios de defensa como lo son la revisión, la queja, la inconformidad, etcétera; por lo que es claro que la razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos, obedece a la previsión del legislador en procurar que lo determinado en estos juicios, su incidente y fallos protectores no se obstaculice al tratar de cumplimentar lo allá dispuesto. Ilustra al respecto la jurisprudencia, 1a./J. 57/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 829, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materias: Constitucional, Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." De igual forma, la tesis 1a. LXX/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." En ese contexto, la citada fracción establece dos supuestos específicos de improcedencia del amparo, fijados de la siguiente manera: a) El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, b) El amparo no procede tratándose de actos en ejecución de una resolución de un juicio de amparo. De esta forma, el primer supuesto opera cuando la resolución sea dictada en el cuaderno principal, por lo que hace a la controversia de fondo, o en el cuaderno del incidente de suspensión relativo a la medida cautelar. En contra de esas resoluciones el amparo es improcedente, pudiendo atacarse solamente a través de un recurso de los previstos por la Ley de Amparo. Luego, la segunda hipótesis planteada por aquélla fracción para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, toda vez que, si la autoridad responsable no da cumplimiento a la sentencia de amparo, por no realizar alguna conducta tendiente a acatar lo resuelto por la justicia federal, procede el incidente de inejecución de la sentencia respectiva, previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; tratándose de actos repetitivos, el quejoso tiene ante sí la posibilidad de iniciar el incidente de repetición del acto reclamado, contemplado en el numeral 199 de dicho ordenamiento, y en su caso contra la resolución que dicte el juez declarando que ha quedado cabalmente cumplida la sentencia de amparo, procede el recurso de inconformidad que establece el arábigo 201 de la Ley de Materia. A efecto de establecer con claridad cómo opera la citada causal en el caso concreto, es dable establecer, en primer término, que el peticionario reclama la publicación, fundamentación, motivación, contenido y consecuencias jurídicas del decreto 066 de veintiocho de mayo de dos mil veintidós, aprobado en sesión ordinaria del pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Tabasco y su ejecución. Ahora, para corroborar la actualización de la causal de improcedencia, conviene destacar que en este juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 86/2015-II, en el cual se reclamó entre otras cosas todo lo actuado en el proceso de ratificación como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y del proceso de selección de la persona designada para sustituirlo contenido en el Decreto 190 de veintidós de diciembre de dos mil catorce, por el que se determinó no ratificarlo. Acto que fue analizado, entre otros, mediante sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Marcial Bautista Gómez, contra el acto reclamado a la entonces Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado y otras autoridades. Luego, inconforme con el fallo, el aludido quejoso, así como el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, interpusieron recurso de revisión, mismo que fue registrado con el expediente 48/2017, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en sesión de quince de agosto de dos mil diecinueve, modificando la sentencia impugnada. Así, por auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria citada. Luego, mediante oficio recibido el veintiuno de febrero de dos mil veinte, la referida autoridad remitió copia certificada: a) del Decreto 185, emitido por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, por el que se determinó la no ratificación de Marcial Bautista Gómez, en el cargo de Magistrado Numerario integrante del Tribunal Superior de Justicia de la aludida entidad federativa; y b) del extracto del acta 167, correspondiente a la sesión pública ordinaria de la mencionada legislatura, celebrada el trece del precitado mes y año, que contiene la aprobación del Decreto 185. Ahora bien, mediante auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se determinó que la ejecutoria dictada en aquél juicio, no estaba cumplida, por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días emitiera un nuevo Decreto en el que cumpliera con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, remitiendo copia certificada del mismo en el aludido plazo. En razón de lo anterior, y previos requerimientos realizados a la autoridad responsable, en proveído de uno de junio del año en curso, se dio vista a las partes con la impresión del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de veintiocho de mayo del año en curso, respecto a la publicación del decreto número 066, con la que la citada responsable adujo haber dado cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, mediante auto de trece de julio de dos mil veintidós, se volvió a determinar que la ejecutoria dictada en aquél juicio, no estaba cumplida, por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días emitiera un nuevo Decreto en el que cumpliera con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito. Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, y se toma en consideración para proveer en el presente juicio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia VI.1o.PJ/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". En ese sentido, se obtiene que la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo por cuestiones relativas al cumplimiento de una ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 86/2015-II, del índice de este juzgado, circunstancias que no pueden ser valoradas en esta instancia constitucional, porque están relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo citado con antelación, del índice de este Juzgado de Distrito, por considerar que la autoridad responsable no ha colmado los lineamientos establecidos en el fallo protector. En ese contexto, cuando la parte quejosa promueve amparo en contra de un acto de autoridad sólo puede alegar cuestiones que atañen a la violación de sus derechos fundamentales por dicho acto, es decir, sólo puede debatir vicios propios del acto, por lo que si aduce cuestiones relacionadas con el cumplimiento a un fallo constitucional, entonces el afectado deberá combatir tales violaciones a través de los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley de Amparo en forma específica para alegar el exceso, defecto, incumplimiento total del fallo constitucional o la repetición del acto reclamado, según sea lo que proceda. En el caso, el suscrito juzgador insiste en que el acto reclamado se encuentra relacionado con el cumplimiento al fallo constitucional dictado en el diverso juicio de amparo 86/2015-II del índice de este juzgado, ya que es evidente que si los efectos del acto reclamado fueron que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, dejara insubsistente el Decreto 066 (acto reclamado en el presente asunto) publicado el veintiocho de mayo de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Estado y emitiera uno nuevo con libertad de jurisdicción, en el cual realizara un estudio en conjunto de forma objetiva, razonable, fundada y motivada, siempre respetando el derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna. Por lo que la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento al fallo protector en el citado juicio de amparo es necesario que en al ámbito de sus atribuciones emita el decreto correspondiente, como en el caso lo hizo, al emitir el acto que ahora impugna en el presente juicio de garantías, el cual fue motivo de análisis de cumplimiento al fallo protector en proveído de trece de julio del año en curso, en el cual se concluyó que el fallo no había quedado cumplido, por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del término de diez días diera cumplimiento al fallo protector, debiendo emitir un nuevo Decreto en el que cumpla con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito. Por tanto, es evidente que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio de amparo 86/2015 del índice de este juzgado, en la cual si bien es cierto que se dejó a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para pronunciarse en el sentido que considerara; sin embargo, el decreto que ahora reclama el quejoso en el que se resolvió no ratificarlo en su cargo de Magistrado numerario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, se encuentra directamente relacionado con el referido cumplimiento al fallo protector, ya que en caso de haberse declarado cumplida la ejecutoria de amparo en base a lo determinado en el referido decreto, el impetrante estaría en aptitud de controvertirlo a través de los recursos establecido en la ley de la materia; además, se considera que en el caso el decreto reclamado no fue emitido de manera autónoma sino que fue emitido en cumplimiento al fallo protector a que se alude, el cual como ya se dijo, con la emisión del decreto impugnado no quedó cumplido el fallo protector, por lo que la responsable tendrá que emitir uno nuevo en el que cumpla con los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En esas circunstancias, resulta improcedente de este juicio, en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse en la ejecución de la sentencia protectora del juicio de amparo 86/2015-II, del índice de este juzgado, que por naturaleza es vinculante y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes. Por tanto, a criterio del suscrito juzgador el presente juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fraccio´n IX, del arti´culo 61 de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en lo dispuesto en la fraccio´n V, del arti´culo 63 de la citada Ley. Sirve a apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.2O.P.41K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena E´poca, visible en la pa´gina 2363 cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL NUEVO JUICIO DE GARANTI´AS CONSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA ANTERIOR Y LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO INCIDEN EN LOS MISMOS ASPECTOS POR LOS QUE SE OTORGO´ LA PROTECCIO´N FEDERAL. Aun sin prejuzgar sobre el correcto cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo anterior, es evidente que ello no puede ser materia de un nuevo juicio de garanti´as, al advertirse que los argumentos contenidos en los conceptos de violacio´n y, en general, las consideraciones del fallo reclamado inciden nuevamente en los mismos aspectos especi´ficos y precisos por los que se otorgo´ el amparo en el juicio previamente resuelto, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden pu´blico, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciri´a una potencial cadena o sustitucio´n interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional; de ahi´ que como una hipo´tesis derivada de la prevista en la fraccio´n II del arti´culo 73 de la Ley de Amparo, en relacio´n con la fraccio´n XVIII del mismo numeral, y el arti´culo 105 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de garanti´as." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en la Se´ptima E´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n, Volumen 151-156, Cuarta Parte, foja 44, del tenor literal siguiente: "AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIO´N ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIO´ EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Cuando existe estrecha vinculacio´n entre la sentencia que concedio´ el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aque´lla, debe sobreseerse en el juicio de garanti´as de conformidad con lo dispuesto por la fraccio´n II del arti´culo 73 de la Ley de Amparo, en relacio´n con la fraccio´n III, del arti´culo 74 del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dicto´ en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le sen~alaron los lineamientos a seguir, en cuento a la accio´n ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdiccio´n al respecto, y por lo tanto resulta improcedente la demanda de garanti´as." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fraccio´n IX, del arti´culo 61 de la Ley de Amparo; lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Director de Asuntos Jurídicos, en representación del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura y la Comisión de Ordinaria Instructora de la Cámara de Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, ambas del Congreso del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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