Marcial Antonio López Arias
Expediente 393/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/01/2019
Partes del expediente
- Marcial Antonio López Arias
- Jesús Lopez Zuñiga
- Jesús Lopez Zuñiga y Otros.
- Maria Estela Zuñiga Leon y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio de cuenta. . . por medio del cual, remite copia certificada de la resolución. . . se ordenó el archivo del presente cuaderno de antecedentes; por lo tanto, agréguese únicamente a los autos para el oficio, así como el anexo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
- Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por . . . visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha no existe alguna actuación judicial pendiente . . . se ordena el ARCHIVO del mismo . . .
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta y atento a su contenido, téngase a la Secretaria del Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, acusando recibo del juicio de amparo al rubro citado, el cual, quedo registrando bajo el Amparo Directo Penal 238/2018.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta y atento a su contenido, téngase a María Estela Zúñiga León y Marcial López Zúñiga dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de dieciséis de abril pasado y al efecto acredita con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta, en tal virtud, se provee lo conducente. Vista la demanda de amparo promovida María Estela Zúñiga León y Marcial López Zúñiga, en representación de Jesús López Zúñiga, representación que acreditan con la copia certificada del acta de defunción número 25, dentro del libro 1, expedida por la Directora Estatal del Registro Civil, en términos del artículo 10 de la Ley de la materia, contra actos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 393/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías promovida se desprende que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de la Sala Penal que confirma el auto emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, que decreta la prescripción de la pretensión punitiva del Estado y sobresee. Hecha tal precisión cabe hacer del conocimiento de las partes que si bien la determinación de la "Sala Penal que confirma el auto emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, que decreta la prescripción de la pretensión punitiva del Estado y sobresee" no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución análoga que pone fin al procedimiento sin resolverlo en lo principal, es decir tiene por efecto impedir que se puedan allegar de nuevos datos suficientes para que con dichas aportaciones se proceda contra el inculpado y , por ello, debe estimarse que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende ha concluido, pues adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada. Como se desprende la extinción de la acción punitiva del estado por prescripción, conlleva al sobreseimiento de la causa, con lo que se da por concluido el juicio, sin resolver el fondo. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica de razón, la tesis con número de registro 2008974 (10a.), publicada en la página 1761, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Quinta Región, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 17, Abril de 2015, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA). La resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión con efectos de sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva del Ministerio Público, tiene por efecto impedir que éste pueda allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado y, por ello, debe estimarse que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende, que ha concluido. En consecuencia, contra dicha determinación procede el juicio de amparo directo, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tratarse de una resolución que pone fin al proceso penal. Sin que sea obstáculo para lo anterior que la última parte del artículo citado prevea expresamente que: "Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional", y que conforme al artículo décimo transitorio de la propia ley, las referencias que en ésta se hagan respecto del "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión en aquellos órdenes normativos donde aún no haya entrado en vigor el sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. Lo anterior, en virtud de que la disparidad entre los principios y las reglas que rigen en el sistema penal acusatorio y el sistema mixto (actual), así como la naturaleza y los efectos que producen los autos de vinculación a proceso y de formal prisión, impiden que estos dos actos sean equiparados. De ahí que tratándose de asuntos tramitados conforme al sistema penal mixto, sea inaplicable la parte in fine del invocado artículo 170, fracción I y, por ende, que en estos casos, para efectos del juicio de amparo en materia penal, el proceso inicie con el auto de radicación." Sirve de apoyo, la tesis con número de registro 2011516 (10a.), publicada en la página 2555, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Quinta Región, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 29, Abril de 2016, que dice: "SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LO CONFIRMA, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN ANÁLOGA A UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Si bien la determinación de segunda instancia que confirma el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal, decretado por el Juez de primer grado, no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución análoga que pone fin al procedimiento sin resolverlo en lo principal, pues adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, respecto de la cual, la normatividad aplicable no prevé ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que, al tratarse de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada, conforme al artículo 667 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el ofendido tiene legitimación para controvertir -vía amparo directo- la sentencia que absuelve al acusado, para conferirle la oportunidad de acreditar el derecho a obtener la reparación del daño." Sirve de apoyo, la tesis con número de registro 2014092 (10a.), publicada en la página 1798, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 41, Abril de 2017, que dice: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, EMITIDA UNA VEZ RECIBIDA LA DECLARACIÓN PREPARATORIA DEL INCULPADO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO). Los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo directo contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. El segundo de esos preceptos, acorde con el actual sistema procesal penal acusatorio y oral, dispone que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; sin embargo, nada dice respecto al sistema procesal penal mixto. Ahora bien, tomando en cuenta que en la audiencia inicial, entre otras cuestiones, se informan al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realiza el control de la legalidad de la detención -si correspondiere-, el Ministerio Público formula imputación, se da la oportunidad de declarar al imputado y se resuelve sobre las solicitudes de medidas cautelares y de vinculación a proceso, a fin de establecer la procedencia del juicio de amparo directo en asuntos tramitados aún bajo el sistema procesal penal mixto/escrito, debe considerarse que el juicio inicia a partir de la audiencia en que se recibe la declaración preparatoria del inculpado, por ser ésta la que en una analogía procesal cumple con los fines de la audiencia inicial. Por tanto, contra la resolución de segunda instancia -emitida una vez recibida dicha declaración-, que declara extinguida la acción penal por prescripción en el sistema anterior, procede el juicio de amparo directo, ya que conlleva al sobreseimiento en la causa, con lo que se da por concluido el juicio, sin resolverlo en el fondo." Así las cosas, conviene precisar que el artículo 107, fracciones III inciso a), primer párrafo y tercero, y fracción V, inciso A) de la Carta Magna establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. . Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. . V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares." Del mismo modo, se trae a colación el artículo 170, de la ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.)" De los preceptos transcritos dispone que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En esas condiciones, es claro que corresponde el estudio de la demanda al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en turno del Vigésimo Segundo Circuito, dado que la parte promovente reclama "La resolución de la Sala Penal que confirma el auto emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, que decreta la prescripción de la pretensión punitiva del Estado y sobresee", esto es, el reclamo lo constituye una resolución que puso fin al juicio, emitido por un tribunal judicial. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia con número de registro 2008791 (10a.), publicada en la página 95, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 17, Abril de 2015, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por las anteriores consideraciones, en cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y se ordena su remisión al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Penal en turno del Vigésimo Segundo Circuito, a efecto de que en caso de que exista concordancia con la consideraciones expuestas en este auto, provea lo conducente, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en su demanda y como domicilio para tal efecto, el que indica en el escrito en cita. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por autorizado el domicilio señalado. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente.
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