Marcia Patricia Padilla Castillo

Expediente 290/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
290/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
20/08/2015

Partes del expediente

  • Marcia Patricia Padilla Castillo
  • Juez Mixto de Paz de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a veinte de agosto de dos mil quince. Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal para que la parte quejosa recurriera la sentencia que sobreseyó en este juicio promovido por MARCIA PATRICIA PADILLA CASTILLO, sin que lo hubiera hecho, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Por otra parte, dado que en la sentencia dictada en autos se sobreseyó, y que se observa de la certificación que antecede que no existen documentos originales, y se abrió el incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva por lo que hace al acto señalado, además de que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso II y III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. Debiendo conservarse únicamente el original del cuaderno incidental. Según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá de ser destruido, en el plazo de seis meses a que se refiere el acuerdo aludido, manténgase por separado el cuaderno en mención. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías número 290/2015, promovido por MARCIA PATRICIA PADILLA CASTILLO, contra los actos y por las autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo, por los razonamiento señalados en el considerando tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a diecisiete de julio de dos mil quince. A sus autos el escrito de cuenta, presentado por la tercera interesada VIRGINIA HERNÁNDEZ WENCES, por medio del cual ofrece diversos medios de convicción y solicita copias del presente juicio de garantías; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa la COPIA SIMPLE que solicita, previa constancia que de su recibo obre en autos, y se tiene como autorizado como autorizado para recibirlas a Sergio Alejandro Franco Barrera. Ahora, antes de abordar el estudio de lo planteado por la ocursante respecto a los medios probatorios, resulta necesario precisar que en base al artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de confesión por posiciones, las que fueren contra la moral o el derecho y las inconducentes o ilegales. Sin embargo, dicho precepto debe interpretarse en concordancia con el principio de congruencia y, atender a que las pruebas deben ser coherentes, de acuerdo al caso, con los hechos de la demanda y los informes justificados, de tal manera que el citado precepto debe interpretarse en relación con el principio que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas para justificar los extremos que se intentan. De ahí que, si en un juicio el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y, el demandado, los de sus excepciones, debe concluirse que, tanto por el sistema legal como por el principio de economía procesal, deben desecharse las pruebas que no guarden nexo o relación con los hechos controvertidos, por ser incongruentes respecto de ellos, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos puestos en el litigio -ya sea en litis cerrada o en litis abierta- debe ser desechado o desestimado por el juzgador, ya que todo el proceso debe guardar congruencia y relacionarse con los hechos controvertidos según la realidad o la fijación formal de la litis; de modo que sobre aquello que no existe controversia la prueba es inconducente. Es ilustrativa al respecto la tesis aislada sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor es: "PRUEBA INCONDUCENTE. SU NO ACEPTACIÓN NO CAUSA AGRAVIO. Si el acto reclamado consistente en desposeimiento fue negado por las responsables y el quejoso ofreció inspección ocular tendiente a acreditar solamente la presencia de tropas en la ampliación de un ejido, la no aceptación de dicha prueba no causa agravio, ya que la misma no desvirtúa la negativa de los actos reclamados hecha por las responsables y el sobreseimiento basado en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta correcto." En el caso que nos ocupa, ofrece la prueba TESTIMONIAL a cargo de los Agentes de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, Santos Iván Pérez Altamirano, Hugo Fuentes Chaves y Ernesto García Olmos, para efecto de acreditar que dichos agentes estuvieron presentes el veintinueve de mayo del año en curso, en la casa ubicada en la calle Filarmónicos, número 719, colonia Benito Juárez, de esta ciudad, que se llevó a cabo un embargo, cuantas personas se encontraban en ese domicilio, la edad aproximada de las personas, si tuvo participación una persona de sexo femenino de aproximadamente cuarenta y cinco a cincuenta años de edad, y las características de la persona con la que se llevó a cabo la diligencia de embargo. En relación a lo anterior, con fundamento en los artículos 119 de la ley de la materia y, 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla conforme a su numeral 2º, párrafo segundo, SE DESECHA la prueba en cuestión por inconducente, toda vez que dicho medio de convicción no aborda relación con el punto controvertido por la parte quejosa; por lo que, partiendo del principio de que por prueba, se debe entender el medio que es propio o adecuado para establecer la verdad de un hecho, se tiene que todo medio de convicción se rige por los principios de pertinencia e idoneidad. El principio de pertinencia implica, que toda prueba aportada tenga una influencia decisiva en la contienda; esto es, no basta que sean las que reconoce y permite la ley para que sean admisibles, sino que tiendan a probar los hechos controvertidos, pues de otra manera resultan inútiles y no producen otro resultado que prolongar sin motivo justificado el juicio. Por su parte, el principio de idoneidad implica que produzcan certeza sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos; esto es, que sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias, provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Estos principios se recogen por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes". Por su parte, en relación con las pruebas, la Ley de Amparo, en el artículo 119, establece: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. [.] La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar de manera integral las normas reguladoras en torno a las pruebas en el juicio de amparo, con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio, ha establecido que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, y que esto último, constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba. Así, ha precisado que aunque falta en la Ley de Amparo, este principio de la idoneidad de la prueba es recogido por el ya transcrito artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por la Ley de Amparo para ser admitida, debe "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", pues sería contrario a la lógica y, aun al sentido común, que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas, cuando de los puntos sobre los que deben versar se viera, desde luego y sin dudas, que nada tienen que ver con la litis. Precisó que la facultad de que gozan las partes en el juicio de amparo para ofrecer pruebas no es plena, sino que deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, de tal manera que, si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como las ya descritas, puede y debe desecharlas, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. El Máximo Tribunal del País, también destacó que en relación a la idoneidad de la prueba, debe subrayarse especialmente que en esta materia el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto el juzgador debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. Esas consideraciones se compilaron en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 157, con el número 41/2011, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que se invoca en lo conducente para apoyar lo expuesto con antelación, y que es de rubro y texto: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Así también, es de apoyo a lo anterior la tesis VI.3o.73 K, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, página doscientos setenta y cinco, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO, ADMISIÓN DE LAS. Aun cuando del contexto de los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se desprende que en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho, sin embargo dichos preceptos legales, deben interpretarse en relación con el principio general de derecho que faculta al juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas para justificar los extremos que se intentan." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante el licenciado RUBÉN REYNOSO BARBOSA, Secretario que autoriza y da fe.VMBM/RRB/Rgch.-

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a trece de julio de dos mil quince. A sus autos el INFORME JUSTIFICADO y anexos que provenientes del JUZGADO MIXTO DE PAZ, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora, en relación al escrito presentado por la tercera interesada VIRGINIA HERNÁNDEZ WENCES, por el que anexa una documental suscrita por el Coordinador Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; se tiene por ADMITIDA y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la que deberá hacerse relación en la audiencia constitucional respectiva. Sin que resulte necesario hacer pronunciamiento alguno respecto a la citación de los elementos que hace alusión en el escrito que se atiende, en atención a lo ordenado mediante auto de nueve de julio de la presente anualidad. Por otro lado, del estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes líneas arriba; por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 28 y 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE.

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