Marcia Itzel Rodríguez Villanueva
Expediente 1037/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2022
Partes del expediente
- Marcia Itzel Rodríguez Villanueva
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha quedado firme el auto por el que se desechó la demanda intentada. Se ordena el archivo del presente expediente, en la inteligencia de que el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Recepción y demanda. Vista la demanda de amparo promovida, por propio derecho y en representación de la infante de inicial V.H.R., cuya identidad es reservada, como medida de protección de la intimidad del infante a fin de que la dignidad y la honra de éste sean preservados, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contra actos del Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar, con sede en esta ciudad. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el consecutivo 1037/2022; y procédase a la digitalización de las constancias correspondientes para la integración del aludido expediente electrónico, a fin de que pueda ser consultado por las partes. Análisis de procedencia. Al ser preferente su estudio, este juzgador analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues acorde con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. En efecto, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, el desechamiento de una demanda constitucional sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia; y b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; y, lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, la peticionaria del amparo, reclama del Juez Octavo de Primera Instancia Familiar, con sede en esta ciudad, la determinación de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1013/2022, donde se decretó como medida de protección de emergencia a favor del progenitor la custodia provisional de la infante de iniciales V.H.R.. Asimismo, la prohibición para que la peticionaria del amparo, se abstenga de molestar tanto de obra como de palabra al progenitor y a la infante, y que no se acerque al domicilio de depósito. Con relación a lo anterior, es menester destacar que no obstante lo anterior, en la determinación reclamada de igual forma el juzgado familiar fue claro en que seguían a salvo los derechos tanto de la infante como de la quejosa de continuar con las convivencias entre ellas, solicitando a la hoy justiciable que proponga los términos, lugar, días y horarios para poder llevar a cabo la referidas convivencias. Por tanto, la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir a la presente instancia de derechos humanos, era necesario que agorara el principio de definitividad, tal como se explicará en líneas siguientes. I. Explicación de la hipótesis de improcedencia. El contenido del numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" En el citado precepto, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. De manera que para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo, es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitivo, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular. Lo anterior, en razón de que el juicio de derechos humanos tiene como fundamento esencial su carácter de medio de defensa extraordinario, esto es, que ante el juez de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar; en otras palabras, que el acto materia de la violación de prerrogativas fundamentales sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Por tanto, el gobernado tiene como carga procesal, la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y medios de defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtenerlos, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo; de modo que si se omite este requisito de procedencia, las partes afectadas no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, y por ende, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la instancia común, lo que a todas luces no está permitido. En el caso, la parte promovente incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo; por lo cual, en todo caso, la solicitante del amparo, debió controvertir la determinación que estimara de ilegal a través del medio de defensa ordinario a su alcance, previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. II. El principio de definitividad también debe agotarse aun tratándose de actos de imposible reparación. Conforme lo anterior, se insiste que la accionante tiene la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y medios de defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición conforme la ley que rige el acto reclamado. Obligación que no debe soslayarse aun cuando el acto reclamado sea de imposible reparación, toda vez que dicha figura jurídica parte de un presupuesto distinto y autónomo que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de derechos humanos en la vía indirecta; en otras palabras, el solo hecho de que un acto pueda afectar derechos sustantivos, no implica una excepción al principio de definitividad. III. En el asunto en particular, la quejosa debía agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley ordinaria, antes de acudir al juicio de amparo. En la especie, la justiciable Marcia Itzel Rodríguez Villanueva, reclama del Juez Octavo de Primera Instancia Familiar de esta ciudad, la determinación de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente 1013/2022, donde se decretó como medida de protección de emergencia a favor del al progenitor la custodia provisional de la infante de iniciales V.H.R.. Asimismo, la prohibición para que la peticionaria del amparo Marcia Itzel Rodríguez Villanueva, se abstenga de molestar tanto de obra como de palabra al progenitor y a la infante, y que no se acerque al domicilio de depósito. No obstante lo anterior, como se dijo con antelación en el mismo acto reclamado, se dejó a salvo el derecho de la infante y de la quejosa para realizar las convivencias entre sí. En ese sentido, la naturaleza del acto reclamado constituye una medida cautelar emitida por un tribunal judicial, como lo es el Juez Octavo de Primera Instancia Familiar de esta ciudad, por tanto, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento natural (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro), los autos y resoluciones dictados por el juzgador que conoce de la medida cautelar son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva secundaria. En particular, cabe destacar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, contempla el incidente a que se refiere el artículo 211, el cual resulta procedente en contra de las medidas cautelares; instrumento con el cual es factible obtener que la resolución reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada. En efecto, de la intelección del aludido ordinal 211, se obtiene que el acto reclamado puede combatirse en términos del procedimiento incidental previsto en la norma citada, pues textualmente dispone: "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." En este tenor, de acuerdo con el precepto mencionado, se obtiene que la promovente, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el referido incidente que tenía a su alcance, a efecto de oponerse a la medida cautelar donde el Juez responsable le concedió la medida cautelar de custodia provisional al progenitor de la menor de edad de iniciales V.H.R.. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por tratarse de un procedimiento civil, en cuya materia es admisible la interposición del referido mecanismo de defensa. Asimismo, se puede constatar que el objetivo para plantear el trámite del incidente de inconformidad es modificar o revocar la medida cautelar impugnada. De ahí que la inconformidad pudo ser tramitada en forma incidental; oportunidad en la cual, la justiciable estaba en facultad de hacer valer los conceptos de agravio que en esta vía constitucional esgrime; de donde se colige la actualización de la hipótesis de improcedencia de mérito. Aunado a lo anterior, la resolución que se dicte en el incidente de mérito, de resultar desfavorable, aun admitiría el recurso de apelación en términos del mismo ordenamiento legal citado; por lo que es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debía agotar el medio de defensa o medio de impugnación, previsto por la ley ordinaria. Todo lo anterior permite concluir que el acto combatido es de naturaleza provisional y no definitiva, pues existe la posibilidad de que sea modificado o revocado a través del planteamiento del incidente previsto en el ordinal 211 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, y todavía, en caso de ser éste desfavorable, a través del recurso de apelación; de ahí que antes de acudir a la instancia constitucional, era necesario que se combatiera la medida cautelar antes citada, en la vía incidental. IV. El caso en concreto, no se encuentra inmerso en alguna excepción al principio de definitividad. Es menester aclarar que en la especie no se actualiza ninguna de las causas de excepción previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; puesto que la parte quejosa no es tercero extraño al juicio de origen, en virtud que resulta ser parte en el mismo; además, el acto reclamado en estudio no se trata de aquéllos que importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Asimismo, este Juzgado de Distrito considera que la procedencia del medio de defensa invocado previsto en el artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, delimita las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna; aunado a que aun cuando la incidencia de mérito no tengan efectos suspensivos, deben agotarse previamente al juicio de control constitucional, cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en la especie. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, que en el sumario natural se encuentre involucrada una menor de edad; toda vez que aún bajo ese supuesto, la parte quejosa queda obligada a acatar el principio de definitividad. Efectivamente, cabe reiterar que la irreparabilidad del acto reclamado, por sí mismo, no es una excepción al principio de definitividad, pues como ya quedó asentado, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; incluso, la estricta regla de agotar los recursos o mecanismos de defensa ordinarios en contra de los actos reclamados, aun cuando éstos sean de imposible reparación, opera también en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. En ese sentido, en los juicios donde intervienen menores de edad (como acontece en el asunto en particular), la sola circunstancia de que se trate de actos de imposible reparación no genera una excepción al principio de definitividad, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos precisados para la procedencia del juicio de amparo. V. Aclaración sobre la jurisprudencia del Alto Tribunal. Dicho criterio señala la importancia de otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan y establece una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y la ejecución del acto reclamado ponga en riesgo la integridad del menor. Lo anterior, bajo la premisa de que la definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no se contrapone el sentido de la presente determinación, toda vez que su esencia relativa a la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente los derechos humanos del infante, se encuentra debidamente garantizada a través del incidente ampliamente descrito con anterioridad. En efecto, la hipótesis de excepción que contempla no se actualiza en el asunto en particular, toda vez que si bien, el referido incidente previsto en la codificación adjetiva civil, no contempla la suspensión de la determinación combatida, lo cierto es que dicha suspensión tiene como finalidad que no se ejecute el acto para evitar poner en riesgo al infante; empero, esa regla no opera en el presente asunto, pues la ejecución de la determinación de quince de agosto de dos mil veintidós, lejos de poner en riesgo a la niña involucrada, tiende a protegerla. Pues si bien, la peticionaria del amparo se duele de la determinación tomada por el Juez Octavo de Primera Instancia Familiar de esta ciudad, en la que como medida de protección de emergencia decretó la custodia provisional de la infante de iniciales V.H.R., a favor del progenitor, toda vez que dicho padre acudió ante el juzgado de origen a manifestar actos de aparente violencia psicológica y agresividad de la madre aquí quejosa, que afecta a la infante, por lo que de manera provisional a fin de proteger a la menor, el juzgado natural decretó de manera provisional la custodia a favor del progenitor, destacando que hasta ese momento no existía indicio alguno del que se pudiera advertir algún peligro para la menor, si no por el contrario se protegía su integridad, dejando a salvo los derechos de convivencia con la madre. Aunado a que de un análisis de la demanda de amparo, este juzgador no advierte que la quejosa en sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad refiera conducta alguna por parte del progenitor que ponga en riesgo a la infante, o demuestre aun únicamente de manera indiciaria, que el padre de la menor no se encuentre en aptitud de llevar a cabo sus funciones de custodia de manera adecuada. Entonces, si el objetivo que busca el Alto Tribunal en dicho criterio tiene como finalidad que la menor involucrada sea alejada de la situación de vulnerabilidad en que pudiera encontrarse con la ejecución del acto reclamado, lo cierto es que precisamente ese fue el alcance que pretendió el Juez natural al emitir la determinación que combate la promovente, pues busca que la infante no se vea perjudicada, ello sin pasar por alto su derecho de convivir con su progenitora y evitar un cambio drástico en su entorno social. De esta forma, válidamente se puede concluir que si la jurisprudencia de la corte busca alejar del riesgo o situación de vulnerabilidad a la menor de edad, ello es lo que precisamente también pretende garantizar el Juez responsable con la determinación reclamada; por lo tanto, el acto reclamado no coloca a la infante en una situación de riesgo, al contrario, busca su protección. En las relatadas circunstancias, se insiste en que la quejosa debía agotar la multicitada incidencia antes de acudir a la presente vía constitucional, pues dicho medio de defensa resulta a) idóneo, b) efectivo, c) oportuno y d) apto para reparar las violaciones cometidas en el acto que se combate. Se afirma de esta manera, pues el incidente tantas veces citado, es a) idóneo y b) efectivo al tener el alcance de anular o modificar el acto reclamado; además, es c) oportuno y d) apto dada su tramitación sumaria y resolución casi inmediata -más expedita que la propia tramitación del juicio de amparo-, en virtud de que, conforme a lo establecido en el artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, solo son admisibles las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días y fenecido ese término, aun cuando no se hayan desahogado todas las probanzas, las partes contaran con un día para expresar alegatos, para finalmente, dictarse la interlocutoria respectiva en el improrrogable plazo de tres días. En consecuencia, la esencia protectora de la anterior jurisprudencia se ve análogamente garantizada a través de la sustanciación acelerada de la incidencia de mérito, de ahí que era necesario agotarlo previamente a acudir a la vía constitucional, al ser de tramitación inmediata, es idónea, eficaz y se resuelve en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada; más aún cuando dicha ejecución -como ya se explicó-, lejos de poner en riesgo a la infante involucrada, tiende a protegerla. Sin que sobre decir que la suspensión que debe contemplar el medio de defensa respectivo, por regla general, es exigible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; de ahí que no sea atendible que la interposición del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado proveniente de una autoridad jurisdiccional, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. VI. Conclusión. Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la parte quejosa debió agotar los medios ordinarios de defensa en contra de la determinación reclamada, y al no hacerlo, trasgredió el principio de definitividad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, en consecuencia, se desecha la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, del escrito de demanda se aprecia que el juez responsable únicamente se pronunció respecto a las medidas cautelares solicitadas las cuales fueron el cambio de custodia provisional, y la restricción de no acercarse al domicilio de depósito. Sin embargo dejo a salvo los derechos de la peticionaria del amparo para que presentara la propuesta de convivencias entre la infante y su madre. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y el términos del diverso numeral 24 de la referida ley al resto de las personas por no contar con dicho registro. Acceso, consulta y notificaciones del expediente electrónico. De conformidad con los numerales 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 y ordinales 22 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico, respecto de aquellas partes que no cuenten con usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se les requiere para que proporcionen uno, a fin de que puedan actuar de manera remota y se puedan realizar por ese medio las notificaciones personales; de igual manera, se les solicita que indiquen correo electrónico, número telefónico o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, en atención a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Ahora bien, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente.
- Principal
(AVISO).- Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, en esta fecha se NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, la resolución de SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, cuya síntesis es del tenor siguiente: **** Recepción y demanda. Vista la demanda de amparo promovida, por propio derecho y en representación de la infante de inicial V.H.R., cuya identidad es reservada, como medida de protección de la intimidad del infante a fin de que la dignidad y la honra de éste sean preservados, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contra actos del Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar, con sede en esta ciudad. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el consecutivo 1037/2022; y procédase a la digitalización de las constancias correspondientes para la integración del aludido expediente electrónico, a fin de que pueda ser consultado por las partes. Análisis de procedencia. Al ser preferente su estudio, este juzgador analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues acorde con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. En efecto, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, el desechamiento de una demanda constitucional sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia; y b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; y, lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, la peticionaria del amparo, reclama del Juez Octavo de Primera Instancia Familiar, con sede en esta ciudad, la determinación de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1013/2022, donde se decretó como medida de protección de emergencia a favor del progenitor la custodia provisional de la infante de iniciales V.H.R.. Asimismo, la prohibición para que la peticionaria del amparo, se abstenga de molestar tanto de obra como de palabra al progenitor y a la infante, y que no se acerque al domicilio de depósito. Con relación a lo anterior, es menester destacar que no obstante lo anterior, en la determinación reclamada de igual forma el juzgado familiar fue claro en que seguían a salvo los derechos tanto de la infante como de la quejosa de continuar con las convivencias entre ellas, solicitando a la hoy justiciable que proponga los términos, lugar, días y horarios para poder llevar a cabo la referidas convivencias. Por tanto, la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir a la presente instancia de derechos humanos, era necesario que agorara el principio de definitividad, tal como se explicará en líneas siguientes. I. Explicación de la hipótesis de improcedencia. El contenido del numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" En el citado precepto, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. De manera que para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo, es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitivo, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular. Lo anterior, en razón de que el juicio de derechos humanos tiene como fundamento esencial su carácter de medio de defensa extraordinario, esto es, que ante el juez de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar; en otras palabras, que el acto materia de la violación de prerrogativas fundamentales sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Por tanto, el gobernado tiene como carga procesal, la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y medios de defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtenerlos, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo; de modo que si se omite este requisito de procedencia, las partes afectadas no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, y por ende, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la instancia común, lo que a todas luces no está permitido. En el caso, la parte promovente incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo; por lo cual, en todo caso, la solicitante del amparo, debió controvertir la determinación que estimara de ilegal a través del medio de defensa ordinario a su alcance, previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. II. El principio de definitividad también debe agotarse aun tratándose de actos de imposible reparación. Conforme lo anterior, se insiste que la accionante tiene la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y medios de defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición conforme la ley que rige el acto reclamado. Obligación que no debe soslayarse aun cuando el acto reclamado sea de imposible reparación, toda vez que dicha figura jurídica parte de un presupuesto distinto y autónomo que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de derechos humanos en la vía indirecta; en otras palabras, el solo hecho de que un acto pueda afectar derechos sustantivos, no implica una excepción al principio de definitividad. III. En el asunto en particular, la quejosa debía agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley ordinaria, antes de acudir al juicio de amparo. En la especie, la justiciable Marcia Itzel Rodríguez Villanueva, reclama del Juez Octavo de Primera Instancia Familiar de esta ciudad, la determinación de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente 1013/2022, donde se decretó como medida de protección de emergencia a favor del al progenitor la custodia provisional de la infante de iniciales V.H.R.. Asimismo, la prohibición para que la peticionaria del amparo Marcia Itzel Rodríguez Villanueva, se abstenga de molestar tanto de obra como de palabra al progenitor y a la infante, y que no se acerque al domicilio de depósito. No obstante lo anterior, como se dijo con antelación en el mismo acto reclamado, se dejó a salvo el derecho de la infante y de la quejosa para realizar las convivencias entre sí. En ese sentido, la naturaleza del acto reclamado constituye una medida cautelar emitida por un tribunal judicial, como lo es el Juez Octavo de Primera Instancia Familiar de esta ciudad, por tanto, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento natural (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro), los autos y resoluciones dictados por el juzgador que conoce de la medida cautelar son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva secundaria. En particular, cabe destacar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, contempla el incidente a que se refiere el artículo 211, el cual resulta procedente en contra de las medidas cautelares; instrumento con el cual es factible obtener que la resolución reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada. En efecto, de la intelección del aludido ordinal 211, se obtiene que el acto reclamado puede combatirse en términos del procedimiento incidental previsto en la norma citada, pues textualmente dispone: "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." En este tenor, de acuerdo con el precepto mencionado, se obtiene que la promovente, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el referido incidente que tenía a su alcance, a efecto de oponerse a la medida cautelar donde el Juez responsable le concedió la medida cautelar de custodia provisional al progenitor de la menor de edad de iniciales V.H.R.. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por tratarse de un procedimiento civil, en cuya materia es admisible la interposición del referido mecanismo de defensa. Asimismo, se puede constatar que el objetivo para plantear el trámite del incidente de inconformidad es modificar o revocar la medida cautelar impugnada. De ahí que la inconformidad pudo ser tramitada en forma incidental; oportunidad en la cual, la justiciable estaba en facultad de hacer valer los conceptos de agravio que en esta vía constitucional esgrime; de donde se colige la actualización de la hipótesis de improcedencia de mérito. Aunado a lo anterior, la resolución que se dicte en el incidente de mérito, de resultar desfavorable, aun admitiría el recurso de apelación en términos del mismo ordenamiento legal citado; por lo que es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debía agotar el medio de defensa o medio de impugnación, previsto por la ley ordinaria. Todo lo anterior permite concluir que el acto combatido es de naturaleza provisional y no definitiva, pues existe la posibilidad de que sea modificado o revocado a través del planteamiento del incidente previsto en el ordinal 211 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, y todavía, en caso de ser éste desfavorable, a través del recurso de apelación; de ahí que antes de acudir a la instancia constitucional, era necesario que se combatiera la medida cautelar antes citada, en la vía incidental. IV. El caso en concreto, no se encuentra inmerso en alguna excepción al principio de definitividad. Es menester aclarar que en la especie no se actualiza ninguna de las causas de excepción previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; puesto que la parte quejosa no es tercero extraño al juicio de origen, en virtud que resulta ser parte en el mismo; además, el acto reclamado en estudio no se trata de aquéllos que importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Asimismo, este Juzgado de Distrito considera que la procedencia del medio de defensa invocado previsto en el artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, delimita las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna; aunado a que aun cuando la incidencia de mérito no tengan efectos suspensivos, deben agotarse previamente al juicio de control constitucional, cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en la especie. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, que en el sumario natural se encuentre involucrada una menor de edad; toda vez que aún bajo ese supuesto, la parte quejosa queda obligada a acatar el principio de definitividad. Efectivamente, cabe reiterar que la irreparabilidad del acto reclamado, por sí mismo, no es una excepción al principio de definitividad, pues como ya quedó asentado, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; incluso, la estricta regla de agotar los recursos o mecanismos de defensa ordinarios en contra de los actos reclamados, aun cuando éstos sean de imposible reparación, opera también en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. En ese sentido, en los juicios donde intervienen menores de edad (como acontece en el asunto en particular), la sola circunstancia de que se trate de actos de imposible reparación no genera una excepción al principio de definitividad, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos precisados para la procedencia del juicio de amparo. V. Aclaración sobre la jurisprudencia del Alto Tribunal. Dicho criterio señala la importancia de otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan y establece una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y la ejecución del acto reclamado ponga en riesgo la integridad del menor. Lo anterior, bajo la premisa de que la definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no se contrapone el sentido de la presente determinación, toda vez que su esencia relativa a la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente los derechos humanos del infante, se encuentra debidamente garantizada a través del incidente ampliamente descrito con anterioridad. En efecto, la hipótesis de excepción que contempla no se actualiza en el asunto en particular, toda vez que si bien, el referido incidente previsto en la codificación adjetiva civil, no contempla la suspensión de la determinación combatida, lo cierto es que dicha suspensión tiene como finalidad que no se ejecute el acto para evitar poner en riesgo al infante; empero, esa regla no opera en el presente asunto, pues la ejecución de la determinación de quince de agosto de dos mil veintidós, lejos de poner en riesgo a la niña involucrada, tiende a protegerla. Pues si bien, la peticionaria del amparo se duele de la determinación tomada por el Juez Octavo de Primera Instancia Familiar de esta ciudad, en la que como medida de protección de emergencia decretó la custodia provisional de la infante de iniciales V.H.R., a favor del progenitor, toda vez que dicho padre acudió ante el juzgado de origen a manifestar actos de aparente violencia psicológica y agresividad de la madre aquí quejosa, que afecta a la infante, por lo que de manera provisional a fin de proteger a la menor, el juzgado natural decretó de manera provisional la custodia a favor del progenitor, destacando que hasta ese momento no existía indicio alguno del que se pudiera advertir algún peligro para la menor, si no por el contrario se protegía su integridad, dejando a salvo los derechos de convivencia con la madre. Aunado a que de un análisis de la demanda de amparo, este juzgador no advierte que la quejosa en sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad refiera conducta alguna por parte del progenitor que ponga en riesgo a la infante, o demuestre aun únicamente de manera indiciaria, que el padre de la menor no se encuentre en aptitud de llevar a cabo sus funciones de custodia de manera adecuada. Entonces, si el objetivo que busca el Alto Tribunal en dicho criterio tiene como finalidad que la menor involucrada sea alejada de la situación de vulnerabilidad en que pudiera encontrarse con la ejecución del acto reclamado, lo cierto es que precisamente ese fue el alcance que pretendió el Juez natural al emitir la determinación que combate la promovente, pues busca que la infante no se vea perjudicada, ello sin pasar por alto su derecho de convivir con su progenitora y evitar un cambio drástico en su entorno social. De esta forma, válidamente se puede concluir que si la jurisprudencia de la corte busca alejar del riesgo o situación de vulnerabilidad a la menor de edad, ello es lo que precisamente también pretende garantizar el Juez responsable con la determinación reclamada; por lo tanto, el acto reclamado no coloca a la infante en una situación de riesgo, al contrario, busca su protección. En las relatadas circunstancias, se insiste en que la quejosa debía agotar la multicitada incidencia antes de acudir a la presente vía constitucional, pues dicho medio de defensa resulta a) idóneo, b) efectivo, c) oportuno y d) apto para reparar las violaciones cometidas en el acto que se combate. Se afirma de esta manera, pues el incidente tantas veces citado, es a) idóneo y b) efectivo al tener el alcance de anular o modificar el acto reclamado; además, es c) oportuno y d) apto dada su tramitación sumaria y resolución casi inmediata -más expedita que la propia tramitación del juicio de amparo-, en virtud de que, conforme a lo establecido en el artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, solo son admisibles las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días y fenecido ese término, aun cuando no se hayan desahogado todas las probanzas, las partes contaran con un día para expresar alegatos, para finalmente, dictarse la interlocutoria respectiva en el improrrogable plazo de tres días. En consecuencia, la esencia protectora de la anterior jurisprudencia se ve análogamente garantizada a través de la sustanciación acelerada de la incidencia de mérito, de ahí que era necesario agotarlo previamente a acudir a la vía constitucional, al ser de tramitación inmediata, es idónea, eficaz y se resuelve en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada; más aún cuando dicha ejecución -como ya se explicó-, lejos de poner en riesgo a la infante involucrada, tiende a protegerla. Sin que sobre decir que la suspensión que debe contemplar el medio de defensa respectivo, por regla general, es exigible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; de ahí que no sea atendible que la interposición del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado proveniente de una autoridad jurisdiccional, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. VI. Conclusión. Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la parte quejosa debió agotar los medios ordinarios de defensa en contra de la determinación reclamada, y al no hacerlo, trasgredió el principio de definitividad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, en consecuencia, se desecha la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, del escrito de demanda se aprecia que el juez responsable únicamente se pronunció respecto a las medidas cautelares solicitadas las cuales fueron el cambio de custodia provisional, y la restricción de no acercarse al domicilio de depósito. Sin embargo dejo a salvo los derechos de la peticionaria del amparo para que presentara la propuesta de convivencias entre la infante y su madre. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y el términos del diverso numeral 24 de la referida ley al resto de las personas por no contar con dicho registro. Acceso, consulta y notificaciones del expediente electrónico. De conformidad con los numerales 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 y ordinales 22 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico, respecto de aquellas partes que no cuenten con usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se les requiere para que proporcionen uno, a fin de que puedan actuar de manera remota y se puedan realizar por ese medio las notificaciones personales; de igual manera, se les solicita que indiquen correo electrónico, número telefónico o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, en atención a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Ahora bien, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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