Marcia Hernandez Garcia

Expediente 1162/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1162/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Marcia Hernandez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1162/2021-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1162/2021-IV, promovido por Marcia Hernández García; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el diecinueve de septiembre siguiente a este Juzgado, Marcia Hernández García solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad: Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. De quien reclamó la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno en el juicio ejecutivo mercantil 531/2019. SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se radicó la demanda y se admitió, se requirió el informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó al tercero interesado y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se emitió la resolución reclamada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución del incidente de liquidación de intereses de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno en el juicio ejecutivo mercantil 531/2019. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Primera Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. Lo que se acredita con las constancias que adjuntó como complemento al informe justificado, las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación devienen infundados en una parte e inoperantes en lo restante lo que es motivo para negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las razones que se desarrollarán enseguida. La promovente del amparo aduce que la resolución reclamada trasgrede los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales porque: No se consideró la prohibición de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre. Al no hacerlo se dejaron de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Incumple el Juez responsable con la obligación de motivar y fundamentar sus determinaciones. A pesar de haber reducido prudentemente los intereses en la sentencia definitiva, la jueza responsable no consideró en la resolución reclamada que los intereses moratorios se encontraban al doble que los intereses ordinarios al referir que ello había sido materia de la sentencia definitiva. Era obligación de la responsable volver a analizar lo relativo a la modalidad de usura en la resolución incidental de liquidación de intereses combatida, lo cual no hizo. Con el propósito de contextualizar el asunto, conviene señalar que de las documentales remitidas por el Juez responsable como complemento al informe justificado se obtienen los siguientes antecedentes: El tres de julio de dos mil diecinueve, Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable -por conducto de su apoderado legal- demandó en la vía ejecutiva mercantil diversas prestaciones de Marcia Hernández García. Por turno correspondió conocer al Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos donde se radicó bajo el expediente 355/2019 y, una vez que subsanó las prevenciones, la demanda se admitió el siete de agosto de dos mil diecinueve. Se emplazó personalmente a la parte demandada (hoy quejosa) el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve quien no compareció a contestar la demanda, por lo que se siguió el juicio en rebeldía. Seguida la secuela procesal, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción reclamada, condenado a la demandada hoy quejosa al pago de $24,374.85 (veinticuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos 85/100 moneda nacional) y al pago de intereses ordinarios y moratorios en razón de 18.55% y 42.55%, respectivamente. El diecinueve de noviembre siguiente se notificó la sentencia definitiva a la demandada por boletín judicial. El cinco de marzo de dos mil veinte causó ejecutoria la referida sentencia dictada en el juicio de origen. En ejecución de sentencia, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el cual se admitió en la misma fecha, ordenando dar vista a la contraria. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto del mismo año, la quejosa compareció a realizar las manifestaciones que a su parte correspondía respecto a la planilla de liquidación presentada por su contraria. El veinticuatro de agosto de dos mi veintiuno se emitió la resolución en el incidente de liquidación de intereses. Lo anterior constituye el acto reclamado. Ahora bien, al dictar la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 531/2019, la Jueza de origen analizó la existencia de intereses usureros y, al advertir que la suma de las tasas de interés ordinaria y moratoria excedían de la suma de las tasas mínima y máxima permitidas en el mercado financiero por el Banco de México, redujo las tasas referidas de 23.19% ordinaria y 47.19% moratoria a 18.55% por concepto de intereses ordinarios y 42.55% por concepto de moratorios al referir lo siguiente: En cuanto a los intereses ordinarios estableció que: Respecto a los intereses moratorios, precisó lo siguiente: Así, en la resolución que constituye el acto reclamado, la Jueza responsable: Declaró procedente el incidente intentando y aprobó las planillas de intereses tanto ordinarios como moratorios. Precisó como base del incidente los puntos resolutivos tercero, cuarto y quinto de la sentencia definitiva. Al dar contestación a lo alegado por la parte demandada (hoy quejosa) en cuanto a lo usurero de las tasas de interés a que fuera condenada, refirió que los argumentos carecían de sustento pues en la sentencia definitiva, de oficio analizó lo usurero de los intereses pactados entre las partes, efectuó un control de convencionalidad y moduló los intereses al considerarlos excesivos y desproporcionados no obstante de haberse llevado el juicio en rebeldía. Establecido lo anterior, lo alegado en una parte por la quejosa deviene infundado. Con el propósito de sustentar tal calificativa destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.) de rubro: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", determinó que el juzgador, de oficio, puede reducir la tasa de interés pactada en un pagaré, para el caso que se adviertan circunstancias con las que se actualice el fenómeno de la usura. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que ese criterio no refiere que por virtud de ello pueda alterarse la cosa juzgada, según se precisó en la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." Bajo esa óptica, tomando en cuenta que el juicio de origen se resolvió en definitiva, la decisión se encuentra firme y se trata de cosa juzgada, debe considerarse que el acto de autoridad deriva de lo actuado en un incidente de liquidación de intereses, que tiene como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. En ese sentido, para resolver sobre la liquidación ha de tomarse en cuenta el derecho de la parte actora finalmente dilucidado en ese proceso, ya que la sentencia dictada en el juicio es la actuación procedimental donde se resuelve una controversia judicial, por eso deberá considerarse para su cuantificación el derecho finalmente reconocido por la vía jurisdiccional. Consecuentemente, cuando en una sentencia se ha reconocido el derecho reclamado por la parte demandante, entrará a producir pleno efecto la ejecutividad de lo decidido, por lo que al promoverse la ejecución de la sentencia deberá estarse a lo resuelto en definitiva, es decir, a la cosa juzgada y no a diversos actos jurídicos -como se ha dicho- por la ejecutoria con la que se culmina el proceso. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.11o.C. J/10, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA." Bajo esa óptica, resulta dable colegir que la actividad del juzgador de origen, no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. De manera que la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios, no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica. Expuesto lo anterior, se tiene que mediante sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve se condenó a la parte demandada al pago de la suerte principal, más el pago de intereses ordinarios y moratorios, que se siguieran generando hasta la liquidación del adeudo, los cuales fueron reducidos de oficio por la juzgadora de origen al estimar que eran usureros. Dicha sentencia adquirió firmeza y se elevó a cosa juzgada, debido a que de conformidad con los artículos 1339 y 1440 del Código de Comercio -por la cuantía del juicio natural- no procede recurso ordinario alguno, entonces, por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, al no promoverse juicio de amparo directo, se declaró que la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil 531/2019 causó ejecutoria. Asimismo, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses, el cual se resolvió mediante la interlocutoria que ahora se reclama, aprobándose la planilla de liquidación. En ese contexto, si la ejecución de la sentencia no se refiere propiamente a un nuevo acto de afectación que tuviera que ser analizado de manera destacada, en razón de que sólo se trata de una determinación emitida en un incidente de liquidación de intereses, cuyo derecho a demandarlos emana de la sentencia definitiva, no puede ser combatida nuevamente, con relación a la condena al pago de intereses, resultando inatacable. Efectivamente, se advierte que la condena de intereses ordinarios y moratorios en razón de en razón de 18.55% y 42.55%, respectivamente, constituye cosa juzgada en términos de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dotan a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, amén de garantizar el resultado de un juicio regular concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia y plena ejecución de los fallos, cuestión de orden público que debe observarse oficiosamente. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 85/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". De allí, que para liquidar los intereses no pueda desconocerse el derecho ya reconocido en sentencia ejecutoriada, la cual como ha quedado asentado constituye cosa juzgada, por ende, es de orden público y observancia obligatoria; luego, los argumentos en estudio resultan infundados. Sobre el particular se precisa que en el caso procede ejercer control de convencionalidad en atención a que previamente a su aplicación, el juzgador debe de atender a los requisitos, presupuestos y formalidades del derecho interno de cada país, pues no sería válido que se desconozca la vigencia no sólo de la ley existente, sino su propia aplicación, que en la especie ya se concretó con el pronunciamiento de la sentencia definitiva en donde la Jueza de origen efectuó el referido estudio y decidió modular los intereses tanto ordinarios como moratorios. Conforme a lo anterior, la cosa juzgada no es violatoria de derechos humanos, ya que encuentra sustento en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; luego, si en el presente asunto se advierte que se respetaron las normas esenciales del procedimiento, razón por la cual la quejosa quedó vinculada a lo resuelto en la sentencia definitiva y no puede ahora, a la luz de una alegada violación a derechos humanos, solicitar que en el juicio de amparo nuevamente se revisen aspectos relativos al documento base de la acción, que ya fueron materia de estudio por parte del juez de instancia. Entonces, el hecho de que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, empero ello no implica que se pueda realizar un nuevo estudio del documento base de la acción que ya fue analizado en primera instancia, por la básica consideración de que no se puede desconocer el derecho reconocido al hoy tercero interesado, que deriva de la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, por no vulnerar la cosa juzgada como se asentó previamente. Por tanto, entrar al estudio como lo pretende la peticionaria de amparo iría no solo en contra del principio de cosa juzgada, sino del de seguridad jurídica, porque lo ahora rebatido constituye una cuestión de fondo del juicio principal; en otras palabras lo alegado por la quejosa va encaminado a controvertir si la condena a intereses ordinario y moratorios es usuraria y por ende violatoria de derechos humanos, lo cual no es dable estudiar en esta etapa, si se reitera que el incidente de origen únicamente pretende liquidar la condena, está relacionado con el juicio principal, pero no constituye éste. En consecuencia, en la resolución reclamada no se violan los derechos fundamentales de la peticionaria de amparo, pues cuenta con los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aseguran al gobernado que tanto el proceso legal, como todas las determinaciones de orden judicial sean realizadas siempre apegadas a las leyes y a las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, alega la parte quejosa que la resolución reclamada se encuentra afectada de una indebida fundamentación y motivación, producto de una falta de exhaustividad, pues la responsable no analizó que los intereses a que se le condenó eran usureros. Dicho motivo de disenso es inoperante, en la medida que, solamente ataca algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejó intocado otro, el cual subsiste. Esto es así pues no se combate lo expuesto sobre las manifestaciones de la quejosa al contestar la vista dentro del incidente de liquidación de origen en cuanto a que en la sentencia definitiva se advirtió lo excesivo de los intereses pactados y, por tanto, lo usurero de las tasas de intereses pactadas, lo cual motivó su reducción de oficio por la propia responsable. En efecto, la quejosa no formuló conceptos de violación encaminados a combatir diversas consideraciones de la interlocutoria reclamada como lo sería lo relativo a la planilla propuesta por su contraria respecto de cantidades no precisadas en la sentencia definitiva a liquidar, pues únicamente se encaminaron a reclamar lo usurero de las tasas de interés y la falta de estudio de ello por parte de la responsable que, como se dijo, constituye cosa juzgada y por eso la autoridad no estaba vinculada a hacer el pronunciamiento pretendido por la peticionaria del amparo. En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. QUINTO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alicia Cira Sánchez Ávila, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecisiete de marzo de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diecisiete de marzo del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1162/2021-IV, promovido por Marcia Hernández García; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el diecinueve de septiembre siguiente a este Juzgado, Marcia Hernández García solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad: Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. De quien reclamó la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno en el juicio ejecutivo mercantil 531/2019. SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se radicó la demanda y se admitió, se requirió el informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó al tercero interesado y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se emitió la resolución reclamada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución del incidente de liquidación de intereses de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno en el juicio ejecutivo mercantil 531/2019. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Primera Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. Lo que se acredita con las constancias que adjuntó como complemento al informe justificado, las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación devienen infundados en una parte e inoperantes en lo restante lo que es motivo para negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las razones que se desarrollarán enseguida. La promovente del amparo aduce que la resolución reclamada trasgrede los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales porque: No se consideró la prohibición de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre. Al no hacerlo se dejaron de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Incumple el Juez responsable con la obligación de motivar y fundamentar sus determinaciones. A pesar de haber reducido prudentemente los intereses en la sentencia definitiva, la jueza responsable no consideró en la resolución reclamada que los intereses moratorios se encontraban al doble que los intereses ordinarios al referir que ello había sido materia de la sentencia definitiva. Era obligación de la responsable volver a analizar lo relativo a la modalidad de usura en la resolución incidental de liquidación de intereses combatida, lo cual no hizo. Con el propósito de contextualizar el asunto, conviene señalar que de las documentales remitidas por el Juez responsable como complemento al informe justificado se obtienen los siguientes antecedentes: El tres de julio de dos mil diecinueve, Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable -por conducto de su apoderado legal- demandó en la vía ejecutiva mercantil diversas prestaciones de Marcia Hernández García. Por turno correspondió conocer al Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos donde se radicó bajo el expediente 355/2019 y, una vez que subsanó las prevenciones, la demanda se admitió el siete de agosto de dos mil diecinueve. Se emplazó personalmente a la parte demandada (hoy quejosa) el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve quien no compareció a contestar la demanda, por lo que se siguió el juicio en rebeldía. Seguida la secuela procesal, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción reclamada, condenado a la demandada hoy quejosa al pago de $24,374.85 (veinticuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos 85/100 moneda nacional) y al pago de intereses ordinarios y moratorios en razón de 18.55% y 42.55%, respectivamente. El diecinueve de noviembre siguiente se notificó la sentencia definitiva a la demandada por boletín judicial. El cinco de marzo de dos mil veinte causó ejecutoria la referida sentencia dictada en el juicio de origen. En ejecución de sentencia, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el cual se admitió en la misma fecha, ordenando dar vista a la contraria. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto del mismo año, la quejosa compareció a realizar las manifestaciones que a su parte correspondía respecto a la planilla de liquidación presentada por su contraria. El veinticuatro de agosto de dos mi veintiuno se emitió la resolución en el incidente de liquidación de intereses. Lo anterior constituye el acto reclamado. Ahora bien, al dictar la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 531/2019, la Jueza de origen analizó la existencia de intereses usureros y, al advertir que la suma de las tasas de interés ordinaria y moratoria excedían de la suma de las tasas mínima y máxima permitidas en el mercado financiero por el Banco de México, redujo las tasas referidas de 23.19% ordinaria y 47.19% moratoria a 18.55% por concepto de intereses ordinarios y 42.55% por concepto de moratorios al referir lo siguiente: En cuanto a los intereses ordinarios estableció que: Respecto a los intereses moratorios, precisó lo siguiente: Así, en la resolución que constituye el acto reclamado, la Jueza responsable: Declaró procedente el incidente intentando y aprobó las planillas de intereses tanto ordinarios como moratorios. Precisó como base del incidente los puntos resolutivos tercero, cuarto y quinto de la sentencia definitiva. Al dar contestación a lo alegado por la parte demandada (hoy quejosa) en cuanto a lo usurero de las tasas de interés a que fuera condenada, refirió que los argumentos carecían de sustento pues en la sentencia definitiva, de oficio analizó lo usurero de los intereses pactados entre las partes, efectuó un control de convencionalidad y moduló los intereses al considerarlos excesivos y desproporcionados no obstante de haberse llevado el juicio en rebeldía. Establecido lo anterior, lo alegado en una parte por la quejosa deviene infundado. Con el propósito de sustentar tal calificativa destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.) de rubro: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", determinó que el juzgador, de oficio, puede reducir la tasa de interés pactada en un pagaré, para el caso que se adviertan circunstancias con las que se actualice el fenómeno de la usura. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que ese criterio no refiere que por virtud de ello pueda alterarse la cosa juzgada, según se precisó en la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." Bajo esa óptica, tomando en cuenta que el juicio de origen se resolvió en definitiva, la decisión se encuentra firme y se trata de cosa juzgada, debe considerarse que el acto de autoridad deriva de lo actuado en un incidente de liquidación de intereses, que tiene como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. En ese sentido, para resolver sobre la liquidación ha de tomarse en cuenta el derecho de la parte actora finalmente dilucidado en ese proceso, ya que la sentencia dictada en el juicio es la actuación procedimental donde se resuelve una controversia judicial, por eso deberá considerarse para su cuantificación el derecho finalmente reconocido por la vía jurisdiccional. Consecuentemente, cuando en una sentencia se ha reconocido el derecho reclamado por la parte demandante, entrará a producir pleno efecto la ejecutividad de lo decidido, por lo que al promoverse la ejecución de la sentencia deberá estarse a lo resuelto en definitiva, es decir, a la cosa juzgada y no a diversos actos jurídicos -como se ha dicho- por la ejecutoria con la que se culmina el proceso. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.11o.C. J/10, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA." Bajo esa óptica, resulta dable colegir que la actividad del juzgador de origen, no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. De manera que la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios, no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica. Expuesto lo anterior, se tiene que mediante sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve se condenó a la parte demandada al pago de la suerte principal, más el pago de intereses ordinarios y moratorios, que se siguieran generando hasta la liquidación del adeudo, los cuales fueron reducidos de oficio por la juzgadora de origen al estimar que eran usureros. Dicha sentencia adquirió firmeza y se elevó a cosa juzgada, debido a que de conformidad con los artículos 1339 y 1440 del Código de Comercio -por la cuantía del juicio natural- no procede recurso ordinario alguno, entonces, por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, al no promoverse juicio de amparo directo, se declaró que la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil 531/2019 causó ejecutoria. Asimismo, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses, el cual se resolvió mediante la interlocutoria que ahora se reclama, aprobándose la planilla de liquidación. En ese contexto, si la ejecución de la sentencia no se refiere propiamente a un nuevo acto de afectación que tuviera que ser analizado de manera destacada, en razón de que sólo se trata de una determinación emitida en un incidente de liquidación de intereses, cuyo derecho a demandarlos emana de la sentencia definitiva, no puede ser combatida nuevamente, con relación a la condena al pago de intereses, resultando inatacable. Efectivamente, se advierte que la condena de intereses ordinarios y moratorios en razón de en razón de 18.55% y 42.55%, respectivamente, constituye cosa juzgada en términos de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dotan a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, amén de garantizar el resultado de un juicio regular concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia y plena ejecución de los fallos, cuestión de orden público que debe observarse oficiosamente. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 85/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". De allí, que para liquidar los intereses no pueda desconocerse el derecho ya reconocido en sentencia ejecutoriada, la cual como ha quedado asentado constituye cosa juzgada, por ende, es de orden público y observancia obligatoria; luego, los argumentos en estudio resultan infundados. Sobre el particular se precisa que en el caso procede ejercer control de convencionalidad en atención a que previamente a su aplicación, el juzgador debe de atender a los requisitos, presupuestos y formalidades del derecho interno de cada país, pues no sería válido que se desconozca la vigencia no sólo de la ley existente, sino su propia aplicación, que en la especie ya se concretó con el pronunciamiento de la sentencia definitiva en donde la Jueza de origen efectuó el referido estudio y decidió modular los intereses tanto ordinarios como moratorios. Conforme a lo anterior, la cosa juzgada no es violatoria de derechos humanos, ya que encuentra sustento en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; luego, si en el presente asunto se advierte que se respetaron las normas esenciales del procedimiento, razón por la cual la quejosa quedó vinculada a lo resuelto en la sentencia definitiva y no puede ahora, a la luz de una alegada violación a derechos humanos, solicitar que en el juicio de amparo nuevamente se revisen aspectos relativos al documento base de la acción, que ya fueron materia de estudio por parte del juez de instancia. Entonces, el hecho de que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, empero ello no implica que se pueda realizar un nuevo estudio del documento base de la acción que ya fue analizado en primera instancia, por la básica consideración de que no se puede desconocer el derecho reconocido al hoy tercero interesado, que deriva de la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, por no vulnerar la cosa juzgada como se asentó previamente. Por tanto, entrar al estudio como lo pretende la peticionaria de amparo iría no solo en contra del principio de cosa juzgada, sino del de seguridad jurídica, porque lo ahora rebatido constituye una cuestión de fondo del juicio principal; en otras palabras lo alegado por la quejosa va encaminado a controvertir si la condena a intereses ordinario y moratorios es usuraria y por ende violatoria de derechos humanos, lo cual no es dable estudiar en esta etapa, si se reitera que el incidente de origen únicamente pretende liquidar la condena, está relacionado con el juicio principal, pero no constituye éste. En consecuencia, en la resolución reclamada no se violan los derechos fundamentales de la peticionaria de amparo, pues cuenta con los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aseguran al gobernado que tanto el proceso legal, como todas las determinaciones de orden judicial sean realizadas siempre apegadas a las leyes y a las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, alega la parte quejosa que la resolución reclamada se encuentra afectada de una indebida fundamentación y motivación, producto de una falta de exhaustividad, pues la responsable no analizó que los intereses a que se le condenó eran usureros. Dicho motivo de disenso es inoperante, en la medida que, solamente ataca algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejó intocado otro, el cual subsiste. Esto es así pues no se combate lo expuesto sobre las manifestaciones de la quejosa al contestar la vista dentro del incidente de liquidación de origen en cuanto a que en la sentencia definitiva se advirtió lo excesivo de los intereses pactados y, por tanto, lo usurero de las tasas de intereses pactadas, lo cual motivó su reducción de oficio por la propia responsable. En efecto, la quejosa no formuló conceptos de violación encaminados a combatir diversas consideraciones de la interlocutoria reclamada como lo sería lo relativo a la planilla propuesta por su contraria respecto de cantidades no precisadas en la sentencia definitiva a liquidar, pues únicamente se encaminaron a reclamar lo usurero de las tasas de interés y la falta de estudio de ello por parte de la responsable que, como se dijo, constituye cosa juzgada y por eso la autoridad no estaba vinculada a hacer el pronunciamiento pretendido por la peticionaria del amparo. En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. QUINTO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alicia Cira Sánchez Ávila, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecisiete de marzo de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se advierte que la parte quejosa MARCIA HERNÁNDEZ GARCÍA, no dio cumplimiento con la medida impuesta por este Juzgado de Distrito, al concederle la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistente en exhibir garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); en esas condiciones, tomando en cuenta que en la resolución interlocutoria, fue apercibida dicha parte quejosa, en el sentido de que, de no observar las medidas de aseguramiento señaladas, la suspensión definitiva concedida dejaría de surtir sus efectos; por tales circunstancias, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la medida referida, ha dejado de surtir sus efectos legales. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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